A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada María de Jesús
Martínez Díaz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a tomar medidas urgentes relacionadas con los servicios y
tratamientos oncológicos destinados a niñas y niños con cáncer.

La legisladora expresó que si bien el Interés Superior del Niño en cualquier situación debe
ser salvaguardado, las autoridades están obligadas a ofrecer alternativas efectivas e
idóneas, para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Aunado a esto, continuó Martínez Díaz, la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19
ha puesto al sistema de salud en México, en una situación extrema toda vez que ha
desplazado los demás padecimientos, entre ellos el cáncer.

Asimismo, puntualizó que al no contar con suficientes medicamentos oncológicos para
suministrar a las niñas y niños, resulta determinante “ya que de detectarse a tiempo y con
el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeños suele ser de 80 por ciento, pero
si se interrumpe, por lo menos un día, la tasa se reduce a la mitad”.

La diputada hizo un llamado a las autoridades Federales y Estatales competentes a realizar
una investigación en los hospitales públicos y determinar qué medicamentos oncológicos
faltan, además de garantizar el debido abasto de medicamentos sin interrupción.

En el mismo sentido, solicitó que a través del titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, instrumente los procedimientos para agilizar la
comercialización y distribución de dichos medicamentos bajo supervisión y control sanitario.
Finalmente, exhortó a que a través de la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad
Veracruzana, agilice los procesos de compra de medicamentos para tratamientos
oncológicos y, con ello se garantice el abasto.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó un Anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a la
brevedad al Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para su ratificación.

En el mismo sentido, solicita a la instancia legislativa que interprete y reserve el artículo 1
de la Convención, a la luz del derecho nacional y bajo la definición del principio pro
persona, en razón de edad, toda vez que la legislación de Veracruz es más protectora al
ejercicio de este derecho.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, es el primer tratado internacional centrado en los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, lo que lo
convierte en una normativa obligatoria interna de cumplimiento para los Estados que la
han ratificado.

Asimismo, es en documento orientador para el diseño e implementación de políticas,
programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que
puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita por el
representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda ad referéndum,
que de acuerdo a la normatividad requiere de la ratificación o aprobación por el Senado
de la República.

Sin embargo, Senado de la República ha aprobado 9 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y
2019, mediante los cuales ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo
Federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores remita la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para ratificación.

Sin embargo, “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha argumentado que no ha podido
enviarse al Senado de la República la ratificación de la Convención debido a que hay un
desfase sobre el rango de edades planteadas con lo establecido en el marco jurídico
nacional”.

Ante este panorama, y debido a la respuesta que ha dado la Secretaría, Martínez
Sánchez hizo un llamado al Senado de la República a que, una vez haya sido enviada la
Convención para su ratificación, analice y genere una reserva para que se ponderen los
derechos reconocidos en nuestro marco jurídico nacional.

Durante los trabajos efectuados en la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario, fue turnado a la Junta de Coordinación Política un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los 212 Ayuntamientos de Veracruz,
así como a los 3 poderes de Gobierno en Veracruz a implementar acciones de
concientización sobre el uso de cubrebocas, con el fin mitigar las infecciones
ocasionadas por el COVID-19.

El documento, autoría del diputado Omar Guillermo Mirando Romero, expone que la
Organización Mundial de la Salud, ha referido que el uso de cubrebocas forma parte
de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la
propagación de determinadas enfermedades respiratorias, causadas por un virus, y
en el caso concreto por el virus SARS-Cov-2 o COVID-19.

Ante este contexto, reconoció que es necesario que el uso de este instrumento de
salud sea obligatorio, tanto para lugares públicos, como para oficinas y comercios,
por lo que las autoridades deben reglamentarlo mediante medidas provisionales
claras e incluyentes.
En el mismo sentido, continúa el documento, se deben de emprender campañas
inmediatas de concientización en medios masivos de comunicación; y otorgar los
cubrebocas de manera gratuita a las personas que conforman grupos vulnerables,
para así poder mitigar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, concluye el Anteproyecto, es un hecho que la probabilidad de contagio
disminuye en más de un noventa por ciento por el uso correcto de un cubrebocas,
de modo que, derivado de la presente pandemia, su uso obligatorio debe de ser
adoptado como medida personal y comunitaria.