El diputado José Magdaleno Rosales Torres, representante del Distrito XVII de Medellín, puso a consideración del Pleno un anteproyecto por el cual se prevé exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise y resuelva los problemas relacionados con las altas tarifas y cobros excesivos a habitantes de diversas comunidades de la zona de Manlio Fabio Altamirano.

Al participar durante la cuarta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de Morena señaló que, en días pasados, realizó un recorrido por la zona mencionada, donde los pobladores le solicitaron su intervención, ante las autoridades competentes, debido a que el cobro por el servicio de electricidad se les ha incrementado considerablemente, a pesar de tener el mismo consumo habitual.

El legislador Rosales Torres puntualizó que hasta el momento ha atendido a más de 10 casos que presentan esta misma situación; sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que este tipo de inconformidad se viene presentando en diversos sectores en todo el territorio veracruzano.

“Se hace imprescindible hacer un llamado urgente a la CFE y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realicen verificaciones a estos casos y se den soluciones a los usuarios, con la finalidad de que sigan gozando del servicio sin desembolsar las excesivas cantidades que les exigen cada bimestre”, concluyó.

Tras su lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir el anteproyecto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía.

Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales que hubiere presentado.

“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para dotar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de una herramienta digital y tecnológica denominada Buzón Fiscalizador, que permita la práctica de auditorías en vía remota, a fin de simplificar, facilitar, agilizar y reducir gastos durante el Procedimiento de Fiscalización Superior.

Con esta plataforma, dijo el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, el Orfis mantendría comunicación constante con los entes a fiscalizar, propiciando una efectiva realización de notificaciones apegadas a la legalidad, intercambio de información y envío y recepción de documentos con respaldo digital y físico, dando certeza jurídica en cuanto a su autenticidad, a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

El integrante del Grupo Legislativo de Morena puntualizó que esta plataforma virtual sería controlada y administrada por el Orfis, proporcionando a cada ente fiscalizable una cuenta con clave de acceso -única e intransferible-, con la que podrá recibir las notificaciones y requerimientos que emita el Órgano.

Por su parte, refiere, los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera.

El legislador Domínguez Vázquez señaló que esta herramienta permitirá la interacción con los entes fiscalizables a distancia, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo costos de traslado y utilización de recursos materiales.

Finalmente, señaló que el Buzón Fiscalizador, representará un avance hacia la modernidad en la fiscalización, consolidando un gobierno electrónico, con inmediatez en las actuaciones realizadas por las autoridades, constituyendo una mayor eficacia en la revisión que se hace al ejercicio de los recursos públicos, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su estudio y dictamen.

A la Comisión Permanente de Gobernación fue turnada la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en materia de conformación y funcionamiento de los ayuntamientos en caso de ausencia de ediles propietarios.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se dio a conocer que, según esta propuesta, en primer lugar, las ausencias temporales de ediles propietarios hasta por cinco días naturales no requerirán de licencia previa del ayuntamiento pero se suplirán conforme al modelo vigente, con una variante respecto de la ausencia de la o el síndico, sin requerirse de acuerdo previo.

En segundo lugar, las ausencias temporales de más de cinco días naturales y hasta por sesenta días de las y los ediles requerirán de licencia del Cabildo y serían cubiertas por las y los suplentes respectivos.

La iniciativa propone eliminar del artículo 24 de la ley el carácter potestativo de la disposición referente al acuerdo para cubrir las suplencias de las personas que ocupen las presidencias y sindicaturas, a fin de que se establezca expresamente quiénes las sustituirían en sus funciones de forma temporal, de tal modo que no se retrasen ni obstaculicen los trabajos al interior de los ayuntamientos.

Asimismo, proponen señalar un plazo razonable en que no se requiera licencia para ausentarse del cargo, pero en el que sí se prevea una sustitución y, por otra parte, facultar a los cabildos a llamar a las y los suplentes de ediles, en los casos de faltas mayores de cinco días pero que no excedan de sesenta.

A través de este proyecto legislativo, las diputadas y los diputados procuran sentar las bases jurídicas para que no se violente, aunque fuere de manera temporal, la voluntad popular respecto de la representación política en la conformación de los ayuntamientos, al ser éstos la expresión institucional del orden de gobierno de mayor proximidad a la ciudadanía.

Debido a que el uso del cubrebocas representa una acción efectiva y que si el gobierno promueve su uso y lo pone al alcance de todos los ciudadanos se lograrán reducir los contagios de coronavirus, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal y a las 212 autoridades municipales, para que en ocasión de la emergencia sanitaria implementen una política pública que conlleve la entrega masiva y gratuita de esta medida de protección a la población veracruzana.

Al presentar detalles sobre su anteproyecto, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que si bien es cierto que lograr el uso generalizado del cubrebocas requiere concientizar a la población, también es necesario que las autoridades, además de poner el ejemplo, establezcan los mecanismos para aminorar el gasto que hoy genera en los hogares el adquirir estos productos, los cuales –consideró- se han convertido ya en un gasto básico familiar.

Subrayó que la emergencia sanitaria y la crisis económica han provocado la pérdida de empleos, disminución de ingresos, afectaciones emocionales por el confinamiento, dolor por el fallecimiento de seres queridos; aunado a que ha obligado a las familias a adquirir productos de protección como el gel antibacterial, jabón de manos, caretas y cubrebocas. “En la medida en la que la movilidad se incrementa, los gastos por estos insumos aumentan para la gente”, abundó.

El legislador De Unánue Abascal señaló que el precio de los citados insumos oscila entre los 100 y los mil pesos, de acuerdo a las marcas, durabilidad y estilos de los mismos. “Pero son necesarios, ya que las personas deben cuidarse dentro o fuera de sus hogares, de tal forma que resulta impensable salir a la calle sin cubrebocas, porque la movilidad se verá limitada y condicionado en espacios públicos y privados”, expuso.

Además, refirió que si bien los gobiernos Federal y Estatal no han podido frenar el incremento de contagios, en Veracruz podría implementarse una medida que ayude a salir pronto de la pandemia, por lo cual solicitó que el Estado impulse la autoprotección sanitaria, “de lo contrario la curva nunca se aplanará, ni mucho menos podremos salir de esta oscura etapa de la realidad nacional y mundial”.

Reiteró su llamado al Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos para adoptar esta medida, toda vez que el gasto invertido en los cubrebocas será de gran ayuda y contribuirá a reducir la propagación del virus y en consecuencia los gastos médicos y hospitalarios que el sector salud emplea para la atención de los enfermos.

Este Anteproyecto fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Junta de Coordinación Política.