por Pelotera Política | Ene 14, 2026 | Congreso, Veracruz
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, se reunió -por separado- con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, y con el comandante de la 26ª Zona Militar, general Miguel Rodríguez Gutiérrez, a quienes expresó la voluntad institucional en favor de la colaboración basada en el respeto a la Ley en los tiempos actuales que demandan unidad y diálogo, de los cuales, aseguró, el Congreso de Veracruz siempre será garante.
por Pelotera Política | Ene 13, 2026 | Congreso, Veracruz
· Es resultado de la incorporación a las actividades legislativas de las y los diputados que asumieron el cargo el pasado 31 de diciembre, como consecuencia de la separación de sus titulares.
· Además, crea la Comisión Especial para el otorgamiento del Premio a la Mujer 2026.
Xalapa, Ver., 12 de enero de 2026.- Con motivo de las licencias para separarse del cargo concedidas a la diputada Angélica Peña Martínez y a los diputados Roberto Francisco San Román Solana, Daniel Cortina Martínez y Rafael Gustavo Fararoni Magaña, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó con 42 votos el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se modifica la integración de 10 Comisiones Permanentes y una Especial.
De esta manera, el diputado Facundo Hernández de la Cruz asumió la presidencia de la Comisión Permanente Instructora; la secretaría de la Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social y la vocalía de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, en sustitución del diputado Roberto Francisco San Román Solana.
Se determinó también que la diputada Citlali Medellín Careaga ocupe la secretaría de la Comisión Permanente de Comunicaciones y la vocalía de la Comisión Permanente de Vigilancia. En tanto, se estableció que el diputado Felipe Pineda Barradas asuma la presidencia de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento.
Asimismo, la diputada Roxana Barragán Hernández fue designada presidenta de la Comisión Permanente de Pesca y Acuacultura, secretaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal y vocal de las Comisiones Permanente de Desarrollo Artesanal y Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ocupando el lugar de la diputada Angélica Peña Martínez.
Además, en sustitución del diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña, la diputada Erika del Carmen Rosario Morales ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, la secretaría de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento y la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad.
Integra LXVII Legislatura comisión para el otorgamiento del Premio a la Mujer 2026
Con 42 votos a favor, la LXVII Legislatura avaló el proyecto de Punto de Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión Especial del Premio Estatal a la Mujer 2026, en cumplimiento al artículo 23 nonies de la Ley de Premios del Estado de Veracruz.
La instancia legislativa encargada de emitir la convocatoria para recibir las propuestas y formular el dictamen correspondiente quedó conformada por las diputadas Astrid Sánchez Moguel, presidenta, Citlali Medellín Careaga, secretaria, y como vocales Luz Alicia Delfín Rodríguez, Ana Rosa Valdés Salazar, Elizabeth Morales García, María Elena Córdova Molina y Daniela Flores Barnils.
El Premio Estatal a la Mujer es un reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la entidad.
La distinción consiste en una medalla que este Congreso entregará en sesión solemne en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
por Pelotera Política | Ene 12, 2026 | Congreso, Veracruz
- Las reformas y adiciones a la ley establecen procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario.
Xalapa, Ver., 12 de enero de 2026.- Con 39 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura avaló las reformas a la Ley que crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz presentadas a esta Soberanía por la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, a fin de establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, con el fin de asegurar su integridad y aplicación estricta al sostenimiento, mejora y expansión de los programas educativos de la casa de estudios.
En la Segunda Sesión Extraordinaria del Primer Receso del segundo año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del ordenamiento mencionado.
La reforma aprobada establece que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) es una “Institución Pública de Educación con carácter de organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y estará sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal”.
Para dar cumplimiento a su objeto legal y fines, la Universidad “se apoyará en el personal administrativo y académico, y sus egresados”. El servicio social y el combate a la pobreza siguen siendo tareas de todos los integrantes de la Universidad.
En cuanto a su patrimonio, a los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos referidos en el artículo 7, la UPAV deberá cumplir con el marco legal en la materia.
Además, podrá convenir acciones de coordinación, colaboración y participación académica con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en términos de la legislación aplicable.
El dictamen detalla que los derechos y demás ingresos, que por cualquier título legal sea bienes y valores de la Universidad, serán recaudados exclusivamente a través de los mecanismos electrónicos dispuestos por la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) del Gobierno del Estado de Veracruz.
Para la disposición de estos recursos, precisa el documento, el Rector deberá integrar anualmente un proyecto de presupuesto específico y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Respecto de los bienes muebles, inmuebles, recursos económicos y todo lo que forme parte del patrimonio de la Universidad, se equiparan al dominio público del Estado, por lo que “tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno”.
Corresponderá al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dictar las normas en materia de control presupuestal de la Universidad.
También se determina que el presupuesto de cada ejercicio deberá contener indicadores de gestión, desempeño y financieros.
De acuerdo con el Artículo Tercero Transitorio, la Universidad deberá expedir, en un término no mayor a 90 días naturales, las normas en materia de planeación y mecanismos de control del ciclo presupuestal en relación con la aplicación de los recursos públicos que sean patrimonio propio de la UPAV; el Rector tiene la obligación de ejercer sus atribuciones en materia de control y coordinación y generar elementos que permitan la evaluación del desempeño de resultados, de la medición a la gestión financiera y en su caso, las alertas cuando exista un uso indebido de los recursos propios de la Universidad
El Cuarto Transitorio indica que los recursos provenientes de los derechos y demás ingresos que hayan sido recibidos antes de la entrada en vigor del Decreto deberán ser conciliados, registrados e integrados al patrimonio de la UPAV.
Por último, el Quinto Transitorio establece que la Sefiplan deberá expedir en un término no mayor a 60 días naturales las normas en materia control presupuestal de la institución.
Las reformas, propuestas por la gobernadora y aprobadas por este Congreso, permitirán generar beneficios inmediatos en materia de control presupuestal, consolidar en el mediano plazo una gestión financiera responsable y, en el largo plazo, fortalecer la estabilidad institucional y el uso estratégico de los bienes y recursos que conforman el patrimonio de la UPAV.
Discusión del dictamen
El diputado José Reveriano Marín Hernández adelantó el voto decidido del Grupo Legislativo de Morena, que ha asumido “el compromiso irrenunciable de combatir la corrupción y el derroche, priorizando el bienestar del pueblo veracruzano”.
Esta reforma, aseveró, no solo asegura la integridad del patrimonio de la UPAV, sino que fortalece su capacidad para expandir programas educativos accesibles y, además, representa un paso adelante en la modernización de la gestión educativa pública, asegurando que los recursos se destinen estrictamente a educar, investigar y difundir la cultura, respetando la autonomía universitaria y las relaciones laborales.
A su vez, el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, centró su posicionamiento en la autonomía presupuestal de la Universidad y su financiamiento, derechos laborales de docentes y personal, administración y destino de los bienes muebles e inmuebles y recursos de la institución.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román habló de la necesidad de actuar con honradez, responsabilidad, orden y congruencia, y que las medidas que se tomen a partir de esta reforma redunden en favor tanto de las y los estudiantes como de las y los docentes, en justicia y con respeto a sus derechos.
La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), reconoció que la gobernadora Rocío Nahle García actuó con sensibilidad y visión institucional al impulsar una actualización del marco legal de la UPAV que atiende problemas estructurales y, sobre todo, busca fortalecer a la Universidad, dotarla de reglas claras, proteger su patrimonio y asegurar que los recursos públicos sean administrados con transparencia, legalidad y responsabilidad.
Por último, el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), adelantó su voto a favor del dictamen “porque consideramos que este nuevo marco institucional puede sentar las bases para reconstruir la integridad, transparencia y credibilidad de esta casa de estudios, sin embargo, no basta con reorganizar la estructura administrativa”.
por Pelotera Política | Ene 12, 2026 | Congreso, Veracruz
- Aprueba Legislatura reformas al Código Financiero del estado.
- Propuesta de la gobernadora busca generar efectos positivos en infraestructura turística, empleo, difusión y promoción del patrimonio cultural y natural del estado a nivel nacional e internacional.
Xalapa, Ver., 12 de enero de 2026.- Los recursos recaudados mediante el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje en Veracruz también se destinarán a fortalecer la infraestructura y los servicios relacionados con el turismo sostenible que integra valores naturales y culturales, favoreciendo el desarrollo económico de la entidad.
Esto será posible tras las reformas al Código Financiero del estado aprobadas con 38 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones por la LXVII Legislatura durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Primer Receso del segundo año de labores, en la que la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el Dictamen con Proyecto de Decreto suscrito por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, derivado de la Iniciativa que la gobernadora Rocío Nahle García envió a este Congreso.
La propuesta reconoce que dichos recursos han sido una herramienta clave para la publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas del estado; sin embargo, considera indispensable que también sean aprovechados para fortalecer la infraestructura y los servicios relacionados con el turismo sostenible.
Para lo anterior, la proponente valoró indispensable que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad total de dichos fondos públicos, cuya aplicación –indica- debe generar efectos positivos en la infraestructura turística, el empleo, la difusión y la promoción del patrimonio cultural y natural del Estado a nivel nacional e internacional.
Las reformas a los artículos 113, 114 y 115 del Código Financiero del estado prevén que el ingreso que perciba el Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), proveniente del impuesto y sus accesorios, se destinará única y exclusivamente a los conceptos de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios, a la realización de obras de infraestructura pública de interés turístico y en general de todas las actividades relacionadas con actividad turística del Estado.
Para esto, el gobierno estatal constituirá un Fideicomiso, centro de capital, con sus respectivos fondos productos, para que sean transparentados a través de un administrador especializado, que cuente con un sistema propio para controlar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, operación de flujo de efectivo y el cumplimiento de la normatividad aplicable. El Fideicomiso destinará hasta un máximo de 10 por ciento para gastos de operación del mismo.
Asimismo, para los efectos del ejercicio de los recursos del Fideicomiso, éste contará con un Comité Técnico que estará presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo del estado, con derecho a voto, e integrado por las personas titulares de las Secretarías de Turismo (Sectur), Finanzas y Planeación, Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Protección Civil (PC), en calidad de vocales, con derecho a voto.
Además, siete representantes del ramo hotelero ante el Fideicomiso, los cuales, en consenso, serán elegidos entre y por los propios representantes de cada una de las siete regiones turísticas del estado, sólo con derecho a voz.
A partir de esta actualización al Código Financiero, el Comité Técnico del Fideicomiso está facultado para elaborar y autorizar los programas de trabajo y el presupuesto de egresos que, para las acciones de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios y la realización de obras de infraestructura pública y en general toda actividad turística a desarrollar en el estado, se realicen a nivel institucional y regional, cuyo desarrollo sea con cargo al patrimonio del Fideicomiso, el cual deberá contener todas las actividades y campañas que se pretenden llevar a cabo, vigilando que dichas propuestas estén acordes a las líneas de acción estatal en materia turística.
También podrá establecer las bases en coordinación con la Sectur, para fijar los criterios que deberán contener las campañas estatal y regionales de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas.
Así como supervisar y verificar la correcta implementación de las campañas de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios y proponer los programas para la realización de obras de infraestructura pública relacionadas con la actividad turística del estado.
Discusión del dictamen
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Tania Carola Viveros Cházaro, indicó que esta reforma no implica un impacto en las y los contribuyentes ni en quienes prestan el servicio; sino que permite que se elija mejor dónde invertir los recursos públicos, porque los criterios para esa toma de decisión serán técnicos, fomentando la planeación ordenada y fortaleciendo las facultades del Comité. Además, aclaró, se mantiene la voz de la representación del sector privado.
A su vez, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció el interés de esta administración por el turismo, sin embargo, expuso los motivos de su oposición al dictamen relativos al destino de los recursos y a la necesidad de participación de los representantes de la industria turística.
El legislador Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, cuestionó los criterios en la toma de decisiones. Reconoció su coincidencia con la propuesta para generar mayor infraestructura, pero consideró que ésta no debe ir en detrimento de una promoción turística planificada de manera conjunta con los empresarios del sector.
Por el Partido del Trabajo (PT), el diputado Ramón Díaz Ávila se manifestó a favor de esta reforma, ya que, dijo, modifica el marco normativo tributario para propiciar un impulso económico moderno ante un escenario turístico cada vez más competitivo. Además -agregó- no incrementa o crea nuevos impuestos en esta materia, sino que establece reglas claras que fortalecen la administración, el destino y control de los ingresos tributarios provenientes del impuesto mencionado.
La diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), destacó que en 2024 ONU Turismo situó a México como el segundo país más visitado del continente americano, con 45 millones de visitantes de diversas partes del mundo y en 2025 Veracruz alcanzó el quinto lugar nacional en ocupación hotelera y servicios turísticos. En razón de esto, estimó necesario que se tome en cuenta a quienes durante décadas han mantenida viva la actividad turística y generan derrama económica.
por Pelotera Política | Ene 9, 2026 | Congreso, Estado, Veracruz
- Propone el PVEM reformas a ordenamientos estatales para sancionar con cárcel la falta de una entrega-recepción formal y completa, ya que genera parálisis operativa y deja en la indefensión a los gobernados.
Xalapa, Ver., 08 de enero de 2026.- El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa que busca imputar a las y los servidores públicos municipales salientes que sean responsables de actos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos y omisión en la entrega-recepción por ocultamiento y obstrucción.
El proyecto, presentado durante la Segunda Sesión del Primer Receso por la diputada Citlali Medellín Careaga, plantea reformar tres ordenamientos para sancionar con cárcel dichos actos que provocan la interrupción de servicios públicos, la parálisis de la recaudación fiscal o ponen en riesgo la seguridad pública del municipio, atentando contra la operatividad del Estado, dejando en la indefensión a los gobernados y deteniendo la capacidad de respuesta del gobierno entrante.
La representante popular señaló un fenómeno recurrente en el estado de Veracruz al que denominó “secuestro administrativo”, consistente en que servidores públicos salientes, actuando con dolo o negligencia, se niegan a realizar la entrega formal de los bienes, archivos, claves catastrales y sistemas financieros a las nuevas autoridades.
Al impedir el acceso a los sistemas de cobro y a la base de datos catastral mediante la omisión de la entrega-recepción, -abundó la legisladora- los funcionarios salientes causan un daño patrimonial irreversible a la hacienda municipal, impidiendo que el ayuntamiento disponga de los recursos necesarios para prestar servicios básicos desde el primer día de su gestión. Esta conducta, afirmó, no es una simple omisión, sino un sabotaje a la voluntad popular y a la funcionalidad del municipio libre.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el Grupo Legislativo del PVEM propone una reforma a la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal para que se endurezcan los plazos y se establezca expresamente que la falta de firma del Acta Circunstanciada el 1 de enero constituya per se la presunción de la comisión de un delito, obligando al Órgano Interno de Control y a las autoridades entrantes a dar vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En la Ley Orgánica del Municipio Libre se adicionarían obligaciones específicas para que las autoridades entrantes no sean cómplices por omisión y que, ante la ausencia de las autoridades salientes, se levante un acta circunstanciada ante Notario Público o autoridad competente para iniciar funciones, sin perjuicio de las acciones penales contra los omisos.
Por último, en el Código Penal del estado se crearía un agravante específico. Si la omisión de entrega-recepción provoca la interrupción de servicios públicos, la parálisis de la recaudación fiscal o pone en riesgo la seguridad, la pena se incrementaría hasta en una mitad.
“Es necesario que la ley sea clara: quien retiene las ‘llaves’ del municipio comete un delito grave que merece una sanción ejemplar y privativa de libertad, pues está atentando contra el patrimonio colectivo”, concluyó la diputada.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto para actualizar la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Penal, todos del estado de Veracruz, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Vigilancia.
