• Diputadas y diputados cuestionan a la auditora general sobre la Cuenta Pública 2025, los reintegros por daño patrimonial y el Buzón Fiscalizador aprobado por este Congreso.
Xalapa, Ver., 22 de enero de 2026.- En cumplimiento del mandato constitucional, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura de Veracruz dio continuidad a la rendición de cuentas de los organismos autónomos del estado al recibir y conducir la comparecencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) correspondiente al ejercicio 2025.
En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, los diputados Miguel Guillermo Pintos Guillén y Felipe Pineda Barradas y la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica, presidente, secretario y vocal de dicha comisión, respectivamente, coordinaron los trabajos que iniciaron a las 10:15 con la presentación de la auditora general Delia González Cobos.
La funcionaria afirmó que, con el impulso de las tecnologías de la información, el fortalecimiento del marco legal, la certificación de procesos de calidad y antisoborno y la profesionalización de su personal, el Orfis coadyuva a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
De acuerdo con su titular, este organismo fundamenta su actuar en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad en las fases de Planeación, Ejecución de Auditorías, Comprobación, Integración del Informe de Resultados, entrega al Congreso del Estado, Investigación y Substanciación.
Delia González dio a conocer que el Orfis integró y actualizó el Programa Anual de Auditorías 2025, que quedó conformado por 572 auditorías integrales, así como 824 revisiones y evaluaciones para un total de mil 396 que representan 15 por ciento más de las realizadas en 2024.
Concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior, dijo también, se determinó un presunto daño patrimonial a 223 entes fiscalizables por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos y 311 entes presentaron inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones. Derivado de la etapa de solventación del pliego de observaciones, 156 entes fiscalizables realizaron reintegros por 54 millones 591 mil 937 pesos.
Además, detalló las acciones que, previamente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, el Orfis realizó para instrumentar la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado aprobada por esta LXVII Legislatura.
Explicó el trabajo coordinado de colaboración y comunicación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y con los titulares de los 252 Órganos Internos de Control (OIC) de los 212 municipios y 40 paramunicipales, así como la atención a 144 entes con 542 asesorías vía telefónica, correo electrónico y presencial.
Respecto de las Auditorías Internas Coordinadas del ejercicio 2025, añadió, las y los servidores públicos recibieron capacitación en prevención, control y supervisión, en la homologación de los procedimientos de auditoría, en áreas de oportunidad para los entes fiscalizables en materia de Cumplimiento de Autorización del Gasto, Integración de Expedientes Unitarios de Obras, Adquisición de Bienes y Servicios y Procedimientos de Contratación de Obra, entre otros.
El organismo cumplió además el compromiso de ampliar la participación ciudadana a través del Programa Anual 2025 de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, con el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 2025, con la Guía para la Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y con el Manual Ciudadano para el Comité de Contraloría Social.
La auditora general dio cuenta también de las jornadas de capacitación dirigidas a servidoras y servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos, docentes y estudiantes de educación media y superior, de la Evaluación de la Participación Ciudadana en los 212 municipios correspondiente a la Cuenta Pública 2024 y de la capacitación a autoridades municipales y ciudadanos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda de preguntas participaron las diputadas Dulce María Hernández Tepole, del Grupo Legislativo de Morena, Citlali Medellín Careaga, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) con cuestionamientos respecto a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, observaciones recurrentes y a qué se debe el aumento del monto por daño patrimonial en relación con 2024; mecanismos de verificación de las empresas de nueva creación, su cumplimiento para lo que fueron contratadas y el monto actual de la deuda pública del estado.
La capacitación impartida tras el reciente proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales, acciones para garantizar la gobernabilidad, acompañamiento y seguimiento al proceso y sanciones administrativas y/o penales aplicables por incumplimiento; criterios que utiliza el Orfis para fiscalizar fondos federales, saldo actual de la deuda pública municipal derivada de la bursatilización; monto recuperado de las denuncias interpuestas por daño patrimonial, quiénes realizaron mayores reintegros y bajo qué conceptos y a cuántas se aplicó sentencia.
Del mismo modo, la auditora respondió a las interrogantes de los diputados Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), en relación con los mecanismos de auditoría a los municipios para detectar irregularidades en trámites administrativos -baja o enajenación- de bienes e inmuebles, discrepancias en los montos detectados por la ASF y el Orfis.
También sobre las funciones de la Unidad de Investigación, ventaja de la aplicación de recursos tecnológicos como el Buzón Fiscalizador, mecanismo de atención e implicaciones de incumplimiento de recomendaciones; fundamentación legal para atribuir obras como la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente y la construcción del Nido del Halcón al Instituto de Espacio Educativos y quién audita al Orfis.
En la segunda ronda, las legisladoras María Elena Córdova Molina (MC), Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y los diputados Urbano Bautista Martínez (PVEM) y Facundo Fernández de la Cruz (Morena) preguntaron por la contratación de empresas que realizan obra pública de mala calidad; legislación necesaria para fortalecer la fiscalización en Veracruz; irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas 2024 y 2025 en la Secretaría de Salud de Veracruz y la autonomía del Orfis.
Además, sobre cómo garantizar la responsabilidad gubernamental municipal para que las Cuentas Públicas no queden inconclusas en el cambio de administración; la anticipación del Orfis para evitar observaciones recurrentes, medidas preventivas implementadas para evitar conflictos de interés de servidores públicos con despachos y evaluación a los mismos; expedientes y sanciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (Trijaev) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; acciones realizadas para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos; la sistematización de información en la Unidad de Investigación y su opinión acerca de la operatividad de la Plataforma Digital Anticorrupción.
Tras el mensaje final de las diputadas Tania María Cruz Mejía (PVEM), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y Elizabeth Morales García (PT) y de los legisladores José Reveriano Marín Hernández (Morena) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), el presidente de la comisión responsable de su desarrollo la dio por concluida siendo las 12:30 horas.
Madrid, Esp., jueves 22 de enero de 2026.- Con un despliegue artístico, gastronómico y ancestral, Veracruz destaca en el Pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) durante el segundo día de actividades, mostrando al mundo que su oferta turística va más allá de las playas: es el destino ideal para los amantes de la naturaleza, el deporte extremo y la cultura.
Desde su gastronomía, tradiciones y bellezas naturales hasta su alegría, misticismo y sabor, Veracruz demuestra por qué está de moda, y quien lo visita se enamora. Esta destacada presencia internacional es resultado del trabajo coordinado entre las secretarías de Cultura y de Turismo, que promueven de manera integral el patrimonio, las tradiciones y los festivales del estado para generar reconocimiento y prosperidad compartida.
Los ritmos de la jarana y el son llevaron la identidad jarocha hasta las calles de Madrid, con una destacada presentación pública frente a la Puerta de Alcalá, acercando a transeúntes y visitantes la riqueza artística de esta región del Golfo de México.
La presencia en el Pabellón de México fue encabezada por una delegación cultural que incluyó la Danza de los Guaguas y los jarochos, así como una muestra de piezas artesanales elaboradas a mano por creadores locales.
Asimismo, los rituales de la chamana María Elena Martínez Mixtega y del brujo Unicornio Negro, originarios de Catemaco, mostraron los saberes místicos prehispánicos; mientras que Doña Clarita cautivó con los sabores tradicionales que reflejan la identidad y diversidad gastronómica de la entidad.
• Ante diputadas y diputados, el titular del organismo autónomo expone los retos que enfrenta el gremio y las distintas acciones implementadas para su atención y protección.
Xalapa, Ver., 21 de enero de 2026.- Ante la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas, integrada por las diputadas Bertha Ahued Malpica, Daniela Flores Barnils y Astrid Sánchez Moguel, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Luis Orencio Ramírez Baqueiro, presentó los resultados de su gestión durante el ejercicio 2025.
En la comparecencia, que inició a las 16:13 horas, el funcionario consideró que la vulnerabilidad laboral es, además de la violencia, el otro problema que enfrenta el periodismo veracruzano. De acuerdo con su titular, este organismo autónomo apoya a los comunicadores que sufren agresiones o amenazas o requieren algún tipo de apoyo social, laboral o profesional para el desarrollo de su oficio.
Dio a conocer que, en la atención primaria, la CEAPP recibió 391 reportes de periodistas de 52 municipios: 79 por agresiones ocurridas en 19 de ellos clasificadas en verbales, físicas, patrimoniales y digitales (telefónicas y por redes sociales).
Tras esto, expuso los dos ejes del trabajo de la Comisión: Asesoría Jurídica y Atención y Protección. En cuanto al primero, durante 2025, la Comisión recibió 90 expedientes, que se suman a 378 iniciados antes de la actual administración. De los abiertos este año, que corresponden a 80 periodistas de 31 municipios, 86 continúan en trámite y cuatro fueron concluidos.
También habló de la coordinación que la CEAPP mantiene con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación; la Fiscalía General del Estado (FGE); la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) y la Red de Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Redpro), el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) y la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno del Estado.
Respecto al segundo eje, Atención y Protección, desarrolló las acciones realizadas en las cinco funciones centrales que tiene adscritas: Protección integral de los periodistas, Monitoreo, Atención y gestión, Capacitación y vinculación y Soporte tecnológico.
Luis Ramírez dio cuenta de las acciones emprendidas con motivo de la emergencia ocasionada por las inundaciones en el norte del estado, como la integración de un registro de periodistas afectados, la atención a 74 comunicadores, la mayoría en Poza Rica y Álamo-Temapache, y las solicitudes de afiliación al Imss-Bienestar de 18 periodistas damnificados.
Al abordar el tema de la administración, el presidente de la CEAPP informó que, de enero a noviembre de 2025, el organismo ejerció 14 millones de pesos (mdp) en servicios personales, 650 mil pesos en materiales y suministros, 2.2 mdp en servicios generales, 2.1 mdp en transferencias y subsidios y 162 mil pesos en bienes muebles e inmuebles.
Refirió hechos recientes como la acusación de terrorismo al periodista Rafael León, de Coatzacoalcos, el homicidio del periodista Carlos Castro en Poza Rica, la muerte de la fotoperiodista Avisack Douglas y la desaparición del periodista Miguel Ángel Anaya Castillo, de Pánuco, ante los cuales pidió a la FGE actuar conforme a derecho y que los casos se esclarezcan y no queden sin castigo.
Por último, el titular de la CEAPP estimó que, durante la presente gestión, el trabajo de la Comisión estará centrado en mejorar y profundizar los servicios que ofrece, instrumentar líneas de acción que apoyen el trabajo y la formación técnica de las y los periodistas y afrontar de la mejor manera las condiciones laborales. La Comisión –finalizó- debe pasar de ser receptora a preventiva y activa del trabajo periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Participación de diputadas y diputados
En el primer turno, participaron las diputadas Victoria Gutiérrez Pérez, del Grupo Legislativo de Morena; Roxana Barragán Hernández, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Ana Rosa Valdés Salazar, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU); Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), y María Elena Córdova Molina del partido Movimiento Ciudadano (MC), con preguntas sobre los servicios que ofrece la CEAPP, los mecanismos de protección implementados, acciones para reforzarlas, cómo se garantiza la libertad de su profesión y si existe algún riesgo asociado a la cobertura de procesos electorales.
También preguntaron al titular de la CEAPP en qué consistió la capacitación a mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales; fortalecimiento de la Contraloría Interna en materia de transparencia; Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presupuesto asignado y porcentaje destinado a la protección directa; gestiones y avances con los órganos de procuración de justicia y seguridad pública para disminuir agresiones a periodistas; colaboración en la investigación de casos de desaparición y agresión y su opinión acerca de que el estado es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo.
Acerca de reportes de agresiones que aún se encuentran vigentes, cuántos tuvieron resolución efectiva, cuál fue el criterio utilizado para retirar medidas de protección, los indicadores utilizados para calcular situación de riesgo, la procedencia de principales agresiones, los municipios con más reportes y si los periodistas asesinados contaban con protección.
Durante la segunda ronda, el comisionado respondió a los cuestionamientos de las diputadas Elizabeth Morales García (PT) y Montserrat Ortega Ruiz (VNU) y de los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), Urbano Bautista Martínez (PVEM) y Alejandro Porras Marín (Morena), en cuanto a la integración de periodistas al sistema de seguridad social y la existencia de un padrón actualizado de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Además, incorporación de la perspectiva de género en riesgos diferenciados, acciones de prevención en la violencia digital, censura ante la violencia política por razón de género para inhibir la libertad de expresión, llamados a las autoridades al respecto, medidas de protección preventivas y reactivas, sobre el acoso judicial, criminalización del oficio periodístico y la autocensura.
Cuestionaron sobre las medidas de protección a periodistas que se encuentran fuera de la entidad y por el acompañamiento ante denuncias por persecución política derivada de trabajos relacionadas con la profesión; estado actual de las acciones informativas después de la contingencia por las inundaciones en el norte del estado, atención a las recomendaciones de auditorías y los convenios con instituciones educativas para capacitación y profesionalización de integrantes de medios.
Tras el mensaje de conclusión de las legisladoras Bertha Rosalía Ahued Malpica (Morena), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y Elizabeth Morales García (PT) y de los legisladores Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), la presidenta de la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas dio por concluido este acto de rendición de cuentas a las 18:19 horas.
• Inician comparecencias de los organismos autónomos del estado ante el Congreso, correspondientes al ejercicio 2025.
Xalapa, Ver., 21 de enero de 2026.- Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, expresó su reconocimiento a la LXVII Legislatura por actualizar el marco legal en materia de investigación de delitos del organismo autónomo a su cargo.
Correspondió a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, integrada por los diputados Diego Castañeda Aburto, presidente, y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, secretario, y la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez, vocal, conducir este ejercicio de rendición de cuentas del periodo 2025.
En su presentación, la fiscal general mencionó las 27 acciones del programa de modernización institucional, optimización de la operatividad y coordinación interinstitucional puesto en marcha.
Posteriormente, destacó que la atención dada por la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a través de sus 28 oficinas en los 21 distritos judiciales de la entidad, a casi 23 mil 700 personas.
Así como las acciones realizadas en las siete fiscalías regionales: Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, conformadas por Unidades y Sub-unidades Integrales de Procuración de Justicia, como la apertura de más de 75 mil 500 carpetas de investigación por delitos diversos.
A su vez, la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas atendió a más de 98 mil usuarias e inició más de 18 mil carpetas de investigación por violencia familiar, sexual, de género, contra la niñez, la familia y la trata de personas.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en sus cuatro coordinaciones con sedes en Tuxpan, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos, informó Lisbeth Jiménez, dio asesoría jurídica, acompañamiento, gestión de crisis y apoyo a más de tres mil 200 personas en investigaciones relacionadas con secuestro. Fueron liberadas 30 víctimas y obtenidas 53 sentencias condenatorias contra 128 personas, con penas que van de 50 hasta 140 años de prisión. A esto agregó 95 detenciones.
Mencionó también la atención a 47 casos de extorsión directa, la detención de 49 personas y la inhabilitación de más de cuatro mil 700 líneas telefónicas utilizadas para este delito.
La titular de la FGE dio a conocer las acciones de actualización, capacitación y certificación en derechos humanos, violencia de género, atención a víctimas, búsqueda de personas, desaparición forzada, justicia para adolescentes, mediación penal y mecanismos alternativos de solución de controversias, investigación policial, criminalística, medicina y genética forense, cadena de custodia, litigación, técnicas de interrogatorio, uso de la fuerza e inteligencia policial. Al cierre del ejercicio 2025, fueron capacitadas 14 mil 135 personas servidoras públicas.
Por último, la fiscal general informó acerca de la labor del Centro de Evaluación y Control de Confianza, que valoró a más de dos mil 300 personas y otorgó 713 certificados a policías de Investigación.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda, participaron las diputadas Ingrid Jeny Calderón Domínguez, del Grupo Legislativo de Morena; Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN); Montserrat Ortega Ruiz, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), y María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), y los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT).
Las preguntas formuladas versaron en la vinculación por supuesto terrorismo a un periodista del sur del estado, garantías para ejercer la libertad de expresión, la investigación del homicidio de un periodista de Poza Rica y papel de la Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra el gremio.
También en cuanto a la investigación por desvío de recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), líneas de investigación y acciones para asegurar reparación del daño y recuperación de los recursos, integración y resultados de carpetas, sentencias condenatorias, medidas contra impunidad y delitos que no se denuncian por falta de confianza en las instituciones.
Sobre el avance de la Plataforma Única de Identidad, número de identificaciones a través de perfiles genéticos y los criterios técnicos utilizados para diferenciar homicidios dolosos y feminicidios, mecanismos para identificar y perseguir los delitos de extorsión y robo, su incidencia, esclarecimiento y elementos a implementar para mejorar su judicialización, la incorporación del proyecto de la Carpeta de Investigación Digital y los principales delitos atendidos en regiones indígenas, si cuentan con intérpretes y para qué lenguas.
Además, sobre las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), garantías para la aplicación de la Ley Monse, así como la coordinación interinstitucional con autoridades y la autonomía de la FGE.
En la segunda ronda, participaron las legisladoras Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Elizabeth Morales García (PT), y los legisladores Héctor Yunes Landa (VNU) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) con cuestionamientos referentes a la existencia de un supuesto cártel inmobiliario en Veracruz, seguimiento a denuncias por daño patrimonial en el ejercicio fiscal 2024 y el impacto estratégico que representará la implementación de la Ventanilla Única Virtual para órdenes de cateo.
Le preguntaron también sobre la agenda de trabajo de la FGE con la comunidad LGBTQ+, medidas para investigar crímenes de odio y evitar subregistro y la creación de una fiscalía especializada en la materia, investigaciones en curso por feminicidio, violencia de género, protección al medio ambiente y bienestar animal y las áreas de mejora al interior de la FGE.
En el mensaje final participaron las diputadas Naomi Edith Gómez Santos (Morena), Estefanía Bastida Cuevas (PVEM), Indira de Jesús Rosales (PAN) y Elizabeth Morales García (PT) y los diputados Héctor Yunes Landa (VNU) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC). Esta comparecencia, realizada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, inició a las 10:17 y concluyó a las 12:35 horas.
La gobernadora Rocío Nahle García, anunció el nombramiento de Mariela Hernández García como nueva secretaria de Salud, en relevo de Valentín Herrera Alarcón, a quien agradeció su compromiso y responsabilidad durante el inicio de la administración y el proceso de transición con el IMSS-Bienestar.
Subrayó que se trata de “una mujer seria, responsable y leal, con una gran actitud de servicio”, perfil que permitirá dar continuidad a los trabajos de coordinación institucional y consolidar la atención médica en beneficio de la población veracruzana.
A partir de esta fecha, Hernández García asume la titularidad de la Secretaría de Salud. En su trayectoria destaca su desempeño como directora del Hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, así como su formación académica: Maestría en Administración Hospitalaria por la Universidad ISU y Licenciatura como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional.
La Mandataria estatal agradeció al Secretario saliente su disposición para coordinar una etapa clave de reorganización administrativa, particularmente la transferencia de la operación de hospitales y centros de salud al modelo IMSS-Bienestar.
Precisó que actualmente los 60 hospitales públicos y más de 810 centros de salud en la entidad son operados por el IMSS-Bienestar, en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, que mantiene la rectoría de la política pública en la materia.
