En sesión ordinaria y por obvia resolución, el Pleno de la LXV Legislatura avaló las licencias para separarse del cargo a los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, de Morena; Sergio Hernández Hernández y Juan Manuel de Unánue Abascal, del Grupo Legislativo del PAN.

La licencia del legislador Amado Cruz Malpica abarca el periodo comprendido del 28 de enero al 30 de junio; del diputado Sergio Hernández, del 22 de enero al 15 de febrero, y la del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, 30 días, contados a partir del 21 de enero de este año.

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General convocar a los respectivos suplentes para que asuman el cargo, en tanto dura cada licencia.

En el desarrollo de la sesión, la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, notificó al Pleno la adhesión del diputado del Distrito I, de Pánuco, Rodrigo García Escalante, a esta bancada. Por ende, se instruyó a la Secretaría General realizar los registros correspondientes.

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron, por obvia resolución, la solicitud de licencia del ciudadano Eduardo Rojas Camacho, para separarse del cargo de presidente municipal propietario del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, a partir del 20 de enero y hasta el 7 de junio de la presente anualidad.

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Segundo Informe de Actividades de las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi, Brianda Kristel Hernández Topete, María Esther López Callejas, Florencia Martínez Rivera, Erika Ayala Ríos y Adriana Esther Martínez Sánchez, así como de los legisladores José Magdaleno Rosales Torres, Juan Javier Gómez Cazarín, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Antonio García Reyes y Raymundo Andrade Rivera.

Además, se dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la respuesta de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) en relación al exhorto de este

Poder Legislativo de realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el título de concesión otorgado para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

De igual forma, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud de autorización, enviada por el Gobernador del Estado, para enajenar a título gratuito una superficie, deducida de una mayor, de la parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

La misma Comisión Legislativa analizará la documentación enviada por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (Ople), mediante los cuales solicitan a este Poder una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.

En los temas desahogados de la correspondencia, este Congreso se dio por enterado de la designación de la C. Nayeli Toral Ruiz como presidenta municipal y del ciudadano José Altamirano Ramírez, como Síndico Único, de Actopan, informado por el propio ayuntamiento.

Debido a que con la pandemia la demanda del servicio de transporte público ha disminuido y los ingresos de concesionarios y choferes se ha visto mermado drásticamente, aunado a que tienen que realizar actividades diarias y trámites que repercuten en su economía, la diputada Magaly Armenta Oliveros presentó una iniciativa de decreto que reforma la Ley 589 de Tránsito y Transporte y se deroga el artículo 59 de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención en Tribuna, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXV Legislatura subrayó que los prestadores del servicio público de transporte, en sus diversas modalidades, requieren el apoyo de sus representantes populares, toda vez que se vive una crisis económica y es necesario crear los mecanismos que les permitan a este sector continuar prestando el servicio y además seguir llevando el sustento a sus familias.

De acuerdo a la iniciativa, se busca evitar que los ciudadanos que posean una o varias concesiones de transporte y además cuenten con vehículo particular, tengan que realizar doble gasto al momento de sacar la licencia de conducir.

Ya que la ley señala los tipos de licencia, como lo son: la A, para vehículos de transporte público; la B, para unidades de servicio de transporte público y de carga; la C, para particular y la D, para vehículos de dos o tres ruedas, así como la E, para vehículos de maquinaria para construcción o agrícolas

La propuesta de la diputada del Grupo Legislativo de Morena radica en unificar los criterios, con la finalidad de que la licencia de chofer tipo A, permita a su titular la conducción de automotores especificados para las licencias tipos B y C, y en su caso la primera de estas, acredite la conducción de vehículos en el que se requiera la tipo C, sin necesidad de obtener y portar una licencia distinta para cada uno de los tipos establecidos.

De igual modo y en apoyo a la economía de las y los transportistas, en su modalidad de taxi, se prevé ampliar, de ocho a diez, los años la vida útil de las unidades destinadas a prestar este servicio, “siempre y cuando las condiciones físicas y mecánicas de la unidad sean idóneas para el traslado cómodo y seguro de pasajeros”, agregó.

Se propone que parte del contenido de la fracción VII del artículo 134 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en relación a la prevención de la contaminación, sea trasladado al artículo 132 de la misma Ley, a fin de que no se actualice la revocación de la concesión de que se trate, por no contar con la verificación vehicular y el engomado correspondiente, sino que se inicie con la suspensión de los derechos de concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios.

“No es que se tolere la falta de la verificación, si no que se evite emitir resoluciones de revocación de concesión, cuando por una omisión u olvido del concesionario, no acuda al centro de verificación en la fecha que le correspondía, no obstante que la misma se encuentre en buenas condiciones y sea apta para aprobar la verificación”, puntualizó.

Posterior a su lectura en Tribuna, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y del Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).