Con la finalidad de proteger el patrimonio de productores de frutos en la entidad veracruzana, la diputada María de Jesús Martínez Díaz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una iniciativa que prevé reformar el Código Penal estatal para establecer sanciones a quien transporte frutos, del servicio público o privado, sin haberse cerciorado de la legitima procedencia de los mismos.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, subrayó que frutos como los cítricos, que se siembran en la zona de Martínez de la Torre o de Álamo-Temapache son robados, sin que la ley obligue a quien los transporta a cerciorarse de su legítima procedencia, lo que repercute directamente en el patrimonio de las personas.

De esta manera, la diputada propone reformar las fracciones I, II y III y se adiciona un último párrafo al artículo 206 del Código Penal estatal para considerar como valor de lo robado a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), en sustitución de los días de salario mínimo, aunado a que éstas sanciones se incrementan al doble, con el propósito de inhibir estas prácticas que laceran la economía de las y los productores.

Asimismo, refiere la iniciativa, las sanciones ya previstas se aplicarán a quien, con carácter de arrendador, propietario o conductor, transporte frutos robados en un vehículo automotor, ya sea público o privado, o quien se encuentre detentando, custodiando, vigilando o resguardando vehículos con frutos robados, y que, en cualquiera de estos casos, omita cerciorarse de la legítima propiedad o posesión de los frutos que le solicitaron transportar.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que en ocasiones el robo antes mencionado se realiza en motocicletas, cargando cajas de plástico donde sustraen limón o naranja, para posteriormente venderlos en el mercado local. “Saqueando literalmente de poco en poco los predios que en los que se siembran estos productos, impactando de manera importante los ingresos de nuestros productores, de ahí la necesidad de proteger el derecho de las personas que siembran estos cultivos”, abundó.

Además, la legisladora indicó que, a partir de la entrada en vigor de su propuesta, la autoridad investigadora deberá acreditar la participación o coparticipación o complicidad con quienes resulten ser autores materiales o intelectuales del delito y ello obligará a las personas, principalmente transportistas o conductores, a conocer y requerir documento idóneo que acredite la legitima procedencia de los frutos que transporta en cualquiera de las formas que autorice la ley para hacer los traslados.

Así se evitará que se limiten a señalar que fueron contratados o requeridos verbalmente, y con ello se impida la acción de la justicia y no puedan ser vinculados, generando impunidad. “Siendo esta, la forma que generalmente resulta el modus operandi de las organizaciones que se dedican a este tipo de actividad ilícita y que afecta a las zonas, organizaciones y ciudadanos que se dedican al cultivo y producción de frutos”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objetivo de aumentar la oferta, la calidad y se logre incentivar el cultivo del maíz, a través de la profesionalización y tecnificación de esta actividad primaria, la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó al Pleno la iniciativa de Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable y Producción del maíz en el estado de Veracruz.

Con esta propuesta, se pretende que agricultores y productores de maíz puedan acceder a mayores fuentes de financiamiento, toda vez que el desarrollo y fomento de este sector primario coadyuvaría a la creación de más y mejores fuentes de empleo, además de la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de las fincas y el desarrollo y crecimiento económico regional de las zonas productoras de maíz.

“La presente ley contempla disposiciones jurídicas con la finalidad que el cultivo de maíz se posicione como una fuente generadora de empleo e ingreso, buscando en el largo plazo pasar de una industria de materia prima o cosecha a una de tipo transformativa, es decir, agroindustria que produzca bienes con un valor agregado y se venda mejor en el mercado interno y posiblemente en el externo”, indicó la integrante del Grupo Legislativo de Morena.

La propuesta, compuesta por siete apartados, expone los objetivos de la Ley para el fomento de la producción y oferta de maíz para satisfacer el mercado interno estatal y nacional, regulando las relaciones entre los participantes en la cadena de producción e impulsando el desarrollo integral de las regiones agrícolas de la entidad.

Asimismo, expone la distribución de las competencias de las autoridades estatales para dar cumplimiento al cuerpo normativo, señalando que será el titular del Ejecutivo quien fomente el desarrollo sustentable del cultivo de maíz mediante incentivos en infraestructura, insumos, financiamiento y asesoramiento técnico a los productores, destinando mayores recursos para investigación.

Por su parte, también determina las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), en cuanto a la capacitación, desarrollo, vinculación con la academia, sustentabilidad, promoción y comercialización del maíz en el estado.

En el mismo sentido, se establecen los derechos y obligaciones de los productores de maíz, el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable del Cultivo del maíz a cargo de la

Sedarpa, así como el establecimiento, administración y gestión de almacenes para salvaguardar en las mejores condiciones el grano.

De la misma forma, se propone la creación de un fideicomiso de garantías líquidas que opere un programa especial del cultivo de maíz, el cual, con aportaciones del Gobierno del Estado y productores, pueda otorgar financiamiento para la adquisición de tecnología e insumos mediante transferencias directas, coadyuvando a que las instituciones financieras destinen un mayor flujo de recursos crediticios al campo, facilitando el acceso al financiamiento formal a productores del sector rural.

A través de la Sedarpa, se integraría un Registro Estatal de Productores de Maíz, el cual permitirá a los productores gozar de los beneficios que otorgaría la presente propuesta.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

Con el objeto de tipificar, en el Código Penal Federal, como delito la tala clandestina de árboles, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión, con lo que se buscaría imponer de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil los días de multa, a quien cometa el citado ilícito.

Al participar durante la sesión ordinaria, la legisladora plantea reformar el párrafo primero del artículo 419 del Código Penal Federal para señalar que las penas antes mencionadas se aplicarían a quien ilícitamente realice la actividad de tala de árboles, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada.

En su intervención en Tribuna, la diputada Trujillo Ortiz precisó que la tala excesiva trae consecuencias que no sólo afectan a la diversidad de flora y fauna sino a la misma vida humana, ya que con la deforestación se liberan miles de toneladas de bióxido de carbono en la atmosfera, “la deforestación causa aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de carbono producidas por el hombre”.

Subrayó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México tiene origen ilegal, lo cual da como resultado que la tasa de deforestación de México sea de aproximadamente 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.

La representante del Distrito IX, con cabecera en Perote, indicó que el Gobierno Federal ha reconocido que Veracruz es de los estados de la República con mayores índices de tala ilegal. “Además, nuestro estado está entre las diez entidades del país donde no hay investigaciones por tala clandestina”.

Asimismo, recordó que en 1998 -en el Cofre de Perote- una pareja de talamontes dejó encendidas dos antorchas con las que se iluminaban mientras trabajaban al amparo de la noche. Cuando una de ellas cayó al suelo, inició uno de los peores incendios que ha visto el país, que devastó tres mil hectáreas de bosque de pino y oyamel, añadió.

La diputada Ivonne Trujillo señaló que el caso más grave de reducción forestal lo presenta el Cofre de Perote con el 52 por ciento de su extensión desaparecida, ya que de las 11 mil 530 hectáreas que abarcan el Parque Nacional, poco más de seis mil ya no tienen árboles.

A decir de pobladores de la región del Cofre de Perote, expuso la legisladora, bastan apenas unos minutos para derribar árboles a los que les tomaron más de cien años crecer. “Una vez talados, podados y apilados, las vigas de madera de pino y oyamel, especies endémicas, viajan algunos kilómetros a empresas que ya los esperan para convertirlos en tarimas o cajas para empacar fruta” abundó.

La iniciativa, a la que se adhirió el Grupo Legislativo del PAN, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. De aprobarse por el Pleno, el Congreso de Veracruz remitiría al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propuso, mediante diversas reformas y adiciones al Código Penal del estado, actualizar las sanciones para quien cometa alguno de los delitos previstos en la legislación contra personas mayores de 60 años.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, los integrantes de dicha bancada presentaron una iniciativa de decreto que reforma los artículos 171, 186, 205 y 218 e incorpora adiciones en los artículos 171, 185, 205, 213, 216, 222 y 249, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta, consideran que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece, en su artículo 3° Bis, los tipos de violencia en contra de esas personas: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras. Refieren, además, los resultados de distintos estudios de instituciones que muestran un incremento en este grupo de edad en los niveles nacional, estatal y municipal, así como del documento titulado Maltrato de las personas mayores, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2020.

De acuerdo con la propuesta, en el caso de asalto, se propone una multa hasta de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y que “si la víctima fuere persona mayor de sesenta años de edad, la pena se incrementará una tercera parte”.

Se contempla, asimismo, que, cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad, la violación sea considerada agravada y se sancione con pena de 10 a 30 años de prisión y multa hasta de mil días de salario.

Referente al delito de abuso sexual, la prisión de cinco a diez años y la multa de hasta doscientos cincuenta días de salario aplican en los casos en que la víctima sea persona mayor de 60 años de edad.

En los casos de abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, despojo y maltrato, cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de 60 años de edad, las penas que correspondan se incrementarán una tercera parte.

La iniciativa, suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, fue turnada a la comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.