En la Sexta Sesión Extraordinaria, la LXVII Legislatura respaldó la solicitud presentada por la diputada Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez relativa a la ampliación de su licencia para continuar separada del cargo hasta el 15 de octubre de 2025.
En virtud de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, designó a los diputados Esteban Bautista Hernández, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Enrique Cambranis Torres y a la legisladora Montserrat Ortega Ruiz para que recibieran y condujeran a la diputada Laura Nayeli Mejía Larios al Recinto Oficial de Sesiones, donde rindió la protesta de ley.
La Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal la Iniciativa de Ley Citrícola para el estado de Veracruz, la cual incluye, entre otras propuestas, la creación de un Padrón de Productores y del Instituto Veracruzano de la Citricultura.
El proyecto, autoría de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, fue presentado por su presidenta, la diputada Imelda Garrido Alvarado, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Receso de este año.
En uso de la palabra, la legisladora destacó la producción de naranja, toronja y mandarina en el municipio de Álamo-Temapache, y de limón en Martínez de la Torre que, dijo, dan relevancia nacional a Veracruz. “En el mundo, nuestra producción citrícola está dentro de los primeros 10 lugares: segundo en limón, cuarto en toronja y quinto en naranjas y mandarinas, y la exportación llega a Estados Unidos, Países Bajos y Japón”, agregó.
Imelda Garrido citó datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, según los cuales, al primer semestre del año agrícola 2024, la superficie sembrada de naranja fue de 353 mil 327 hectáreas, de los cuales, Veracruz concentra 48 por ciento de la superficie nacional sembrada; Puebla, 10 por ciento; Tamaulipas, casi 10 por ciento y San Luis Potosí, 9 por ciento, lo que hace un total superior a 77 por ciento de la superficie destinada a los cítricos en el país.
Además, refirió el impacto económico de la citricultura en la entidad que se refleja en la derrama económica de 10 mil 324 millones de pesos al año, un total de 38 por ciento en el nivel nacional. La citricultura es el motor principal para el sector primario, donde se necesitan dos millones 500 mil jornales, lo que equivale a ocho mil 600 empleos directos; mientras que en la agroindustria citrícola se generan 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos, enfatizó la legisladora.
Sin embargo, también reconoció los retos que enfrenta la citricultura en Veracruz, ante lo que consideró urgente la creación de “una ley que centralice la toma de decisiones y organice de manera efectiva a productores primarios y terciarios”.
La propuesta de ley, conformada por cuatro títulos, 19 capítulos y 52 artículos más cinco transitorios, prevé la creación de un Instituto que sume los conocimientos y esfuerzos de expertos y productores primarios, además de todos los agentes que participan en la cadena productiva.
Impulsa también modelos organizativos más sociales y cooperativistas, así como la creación de un Padrón de Productores que los ubique en sus parcelas georreferenciadas, informe sobre la cantidad y variedad del producto, garantice la calidad, la prevención y erradicación de las epidemias y cree formas más directas de comerciar entre productor y consumidor.
En la misma Iniciativa, la comisión propone también la creación de una Dirección de Citricultura dentro del organigrama de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), que asuma con responsabilidad los retos de la producción tal y como se hace con otros productos agropecuarios.
Con motivo del Día del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales a emprender acciones en favor de la seguridad vial.
En la Cuarta Sesión del Segundo Receso de este año, el legislador expuso que su planteamiento tiene como objetivo la implementación de acciones, obras, programas y estrategias por las que se busca:
Priorizar al peatón en el diseño y rehabilitación de calles, garantizando infraestructura segura, accesible e incluyente; implementar campañas masivas de educación y cultura vial que promuevan el respeto al paso peatonal y límites de velocidad; adoptar y reportar avances en los 12 objetivos globales de desempeño en seguridad vial, con énfasis en la reducción de muertes de usuarios vulnerables y, una vez concluidos los trabajos de armonización de la Ley de Movilidad en Veracruz, incorporen en sus ordenamientos municipales los principios respectivos para su efectiva aplicación.
El representante popular citó información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual, cada año mueren aproximadamente 1.3 millones de personas en siniestros viales, y uno de cada cuatro decesos corresponde a peatones. Además, entre 2010 y 2021, las muertes de peatones aumentaron 3 por ciento.
Miguel Guillermo Pintos Guillén consideró que esta conmemoración es propicia para reflexionar y a tomar acciones. “Las autoridades junto con la ciudadanía organizada debemos trabajar para que las ciudades sean lugares más seguros e inclusivos para todos” y que “es necesario repensar el diseño de nuestras ciudades, priorizar la infraestructura y abandonar el diseño urbano orientado hacia el automóvil”.
En la Cuarta Sesión del Segundo Receso, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar se pronunció a favor de que se otorgue un mayor apoyo institucional a los productores nacionales de azúcar.
Ante la Diputación Permanente, la legisladora señaló que, a pesar de la relevancia que debería tener el sector azucarero en la entidad veracruzana, no ha habido, hasta la fecha, una estrategia estatal para proteger a los productores y aumentar la riqueza que generan para el estado.
También, que tampoco hay una clara estrategia nacional para limitar la importación de azúcar y se deja en manos de especuladores comerciales la seguridad social de los trabajadores del campo. “Así, los intereses económicos transnacionales resultan favorecidos en perjuicios de los trabajadores de México, incluidos los de Veracruz”, añadió.
Ana Rosa Valdés refirió además que, en varios foros, los cañeros de México han señalado sus necesidades, sin embargo, dijo, toca a las autoridades de fomento a la industria y a la producción veracruzana el brindarles su apoyo decisivo.
Entre las necesidades que requieren atención, mencionó fijar límites a la importación de azúcar, así como el mejoramiento de los caminos para la extracción de la caña de azúcar hacia los ingenios azucareros.
Por último, la diputada solicitó a las autoridades competentes realizar lo necesario “para atraer la riqueza que falta a Veracruz, y que es producto del trabajo y del esfuerzo de nuestro pueblo”.
Con el objetivo de contribuir a la disminución del gasto público derivado de la expedición de copias certificadas por dependencias de Gobierno, el diputado Héctor Yunes Landa, presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa de decreto para reformar diversos artículos del Código de Derechos para el Estado de Veracruz.
En la exposición de motivos, el legislador explicó que actualmente el Código de Derechos del Estado de Veracruz contempla un costo aproximado, por hoja de copia certificada, de 0.2651 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 30 pesos, “lo que atenta contra el principio de Constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria referido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna”.
La iniciativa, dijo Yunes Landa, plantea “ajustar el costo de las copias certificadas a 0.0212 UMA por hoja, es decir, aproximadamente 2.40 pesos, como ya se prevé en el artículo 62, fracción I, del Código de Derechos para copias simples”.
Al respecto, detalló que dicha propuesta es equiparable, e incluso mayor, al precio de las copias adquiridas en establecimientos comerciales, de esta forma, dijo, “el costo adicional que implica la certificación, corresponde a la responsabilidad del Estado”.
“Debemos facilitar la tramitología institucional y fortalecer la economía de los ciudadanos y pequeños contribuyentes, como una forma de modernizar la administración pública”, concluyó.
Para su estudio, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
