El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó con 41 votos a favor, tres votos en contra y sin abstenciones, las reformas y adiciones a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, propuestas ante este Congreso por la gobernadora Rocío Nahle García, a fin de armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General respectiva.
En la Sexta Sesión Extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones, las diputadas y los diputados respaldaron con su voto el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, derivado de la Iniciativa remitida a esta Soberanía por la titular del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con el dictamen, esta actualización prevé la reducción de plazos procesales, la incorporación de herramientas tecnológicas y forenses y el cumplimiento de una coordinación efectiva, con el objetivo de que el Estado cumpla su obligación de realizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y diligente de personas desaparecidas, fortaleciendo el derecho a la verdad, el acceso a la justicia para las víctimas y las personas buscadoras.
Destacan las principales aportaciones de esta reforma: usar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como base de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas, crear una Plataforma Única de Identidad que conecte todos los registros y permita búsquedas rápidas y eficientes, obligar a instituciones públicas y privadas que resguardan restos humanos a mantener registros actualizados y a garantizar la identificación forense antes de cualquier entierro y fortalecer la coordinación entre autoridades para evitar demoras por disputas de competencias y asegurar respuestas inmediatas.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y la Fiscalía General del Estado (FGE) contarán con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos objeto de la Ley, así como Unidades Especializadas de Investigación, Unidades de Análisis de Contexto, Unidades de Atención y Seguimiento a Víctimas, Unidas de Búsqueda Inmediata y de larga data, así como áreas especializadas en delitos cibernéticos.
A fin de dotar de certeza a la participación de familiares de las víctimas, se garantiza que se proporcione de manera inmediata el número de carpeta de investigación y el folio único de identificación, así como la información necesaria para conocer el avance de la investigación. Adicional a ello, el Estado tiene la obligación de procurar acciones de bienestar integral, con énfasis en hijos e hijas de personas desaparecidas, y los protocolos que para tal efecto se instituyan contendrán planes de seguridad y protección para las familias.
En los artículos transitorios se establece que, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, la FGE deberá realizar la adecuación normativa e implementar su contenido, y los ayuntamientos del estado cuentan con 150 días naturales para armonizar la normatividad que regule panteones, cementerios, servicios funerarios, crematorios, fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos, ya sean instituciones públicas o privadas.
Posicionamientos
En la etapa de posicionamientos, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano manifestó que toda acción del Estado en esta materia debe estar guiada por el principio de centralidad de las víctimas. Expresó solidaridad a las madres, padres, hijas e hijos que buscan a un ser querido: “Desde esta tribuna les decimos que no están solos, que sus voces han sido escuchadas y que esta reforma es también fruto de su lucha incansable”.
Aseguró que con esta reforma “fortalecemos la respuesta institucional, damos certeza a las familias y enviamos un mensaje claro: en Veracruz, la desaparición de personas no se enfrentará con indiferencia, sino con leyes sólidas, instituciones fuertes y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia”.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Tania María Cruz Mejía enfatizó que con esta reforma se pone la tecnología al servicio de la búsqueda, se crea una Fiscalía Especializada, profesional y que rinda cuentas con unidades especializadas, se pone la dignidad de las personas en el centro y se establece la conformación del perfil genético. “Hoy con nuestro voto les daremos herramientas reales y un Estado obligado a responder”, afirmó.
A su vez, la legisladora Luz Alicia Delfín Rodríguez adelantó el voto del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de esta reforma. Señaló que “desde este Poder Legislativo tendremos la obligación de vigilar que se asignen los recursos suficientes para que estos mecanismos y obligaciones de las autoridades que se señalan en esta reforma sean una realidad desde el presupuesto y se reflejen en el marco operativo institucional” y reconoció que las familias de personas desparecidas requieren acciones urgentes y concretas.
El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), dijo que la desaparición de personas es un tema que exige responsabilidad, sensibilidad y compromiso real. Manifestó el voto a favor de esta reforma y enunció los avances legales, institucionales, logísticos y tecnológicos que aporta. “Lo que vemos es la esperanza de miles de familias, de miles de personas buscadoras que ven en este esfuerzo la posibilidad de encontrar a sus seres queridos desaparecidos”.
El Pleno de este Congreso avaló el Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual se modifica la integración de tres comisiones permanentes, derivado de la incorporación de la diputada Laura Nayeli Mejía Larios a la LXVII Legislatura.
De esta manera, la legisladora asume la presidencia de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, la secretaría de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas y la vocalía de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.
Por unanimidad, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de decreto que reforma el artículo 230 BIS del Código Financiero de Veracruz, por el cual los recursos obtenidos por la venta de alimentos en tiendas escolares del sistema público en el Estado sean destinados para la mejora y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios correlacionados.
Al respecto, las comisiones dictaminadoras coincidieron con el proponente en que el 80 por ciento de los ingresos obtenidos por las concesiones sea destinado para tal fin, mientras que el 20 por ciento restante se aplique a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.
El dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación y Cultura detalla que los recursos que serán destinados al mantenimiento de los espacios físicos sean recibidos y administrados por las autoridades de cada plantel y el porcentaje restante, por las respectivas jefaturas de sector, inspecciones y jefaturas de enseñanza correspondientes.
El procedimiento de licitación de las concesionarias será responsabilidad de un Comité conformado por la persona encargada de la dirección de la escuela, un representante de las y los docentes, quien presida la sociedad de padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, el inspector o inspectora escolar y quien se desempeñe como jefa o jefe del sector escolar correspondiente, y estará sujeto a las disposiciones de Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal.
Asimismo, la recepción, administración, distribución y comprobación de los recursos se ceñirán a las disposiciones aplicables en materia de ejercicio del gasto público, transparencia financiera, contabilidad gubernamental y revisión y fiscalización de la cuenta pública.
Las tiendas escolares deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible y demás lineamentos en la materia que fomenten estilos de vida saludables.
En su posicionamiento, el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, autor de la iniciativa, señaló que con esta resolución los directivos escolares tendrán la oportunidad de que los recursos que ellos mismos generen se use en las necesidades inmediatas de mantenimiento o remodelación de sus planteles, otorgando a los niños y niñas veracruzanos una escuela digna. “Es devolverles las herramientas y el respeto que nunca debieron perder”, puntualizó.
Con 36 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la propuesta de actualizar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del estado.
El dictamen con proyecto de Decreto, suscrito por la Comisión Permanente de Comunicaciones, plantea que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) concentre la facultad de interpretar, para efectos administrativos, la ley en la materia y demás disposiciones que de ella emanen, con la opinión que, en su caso, le corresponda a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Además, los contratistas cubrirán el “cinco al millar” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley determina. La Sefiplan o la Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe correspondiente.
Posicionamientos
El diputado José Ricardo Ruiz Carmona hizo uso de la palabra por el Grupo Legislativo de Morena. Expuso la conveniencia de esta actualización, ya que, dijo, da lugar a un criterio uniforme respecto a efectos administrativos de la ley, evitando confusiones en la aplicación de la norma en las obras públicas del estado, además, se acortarán tiempos y se evitará posibles fricciones entre dependencias. Ponderó la inclusión del cobro del “cinco al millar” sobre el importe de cada estimación que tiene como finalidad financiar la supervisión técnica que requieran las obras sin que represente un costo para el estado o para los municipios.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que el dictamen es “un ajuste estructural que atiende dos deficiencias que desde una óptica de gestión generan ineficacia y riesgo” y “que la vigilancia de una obra no es un gasto, sino una inversión de calidad”, por lo que valoró en sentido positivo la conveniencia de esta reforma.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román, refirió que anteriormente consideraron que “la centralización puede dar orden, puede ayudar a generar obras de forma más eficiente”, sin embargo, “necesita reglas claras, reglas que generen transparencia” y señaló opacidad ante una posible duplicidad de funciones.
La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, refirió que ya en anterior ocasión manifestaron su oposición a conceder facultades exclusivas a una dependencia del Ejecutivo Estatal, para la realización de todas las obras, a lo que sumó el destinar más recursos a la supervisión de las obras públicas, puesto que, dijo, ya existen dependencias que debieran realizar la supervisión de obras.
El Pleno de la LXVII Legislatura respaldó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, por el cual se autoriza al Ayuntamiento de Coatzacoalcos suscribir convenio de reconocimiento de adeudos y cumplimiento de pago de una deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE Suministrador de Servicios Básicos), denominada “Peso por Peso”, por el servicio suministrado a este municipio.
Los pagos que se asentarán en dicho convenio corresponden al periodo del 26 de septiembre de 2025 y concluirán el 28 de agosto de 2033, por el servicio suministrado de energía que comprende un monto a convenir peso a peso de 109 millones 859 mil 161 pesos con el beneficio del pago del 50 por ciento.
