De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó proceder al registro correspondiente.

Estas reformas son el resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de enero por la diputada Erika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, quien en la iniciativa planteó que ésta tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

En este sentido, y ante el escenario global por COVID-19, la iniciativa propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley en comento, toda vez que algunos patrones han ejercido presión a sus empleados para deshacerse de toda responsabilidad al momento de suspender la relación laboral sin causa justificada y de forma indefinida, bajo los argumentos de no coincidir en lo que dispone la Ley y lo que emite el decreto.

A diferencia de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan en su texto, y en la mayoría de los tribunales depositarios de los poderes judiciales de las entidades federativas, en los que es un derecho de todos sus integrantes, elegir a las personas que presidan esos órganos jurisdiccionales, en Veracruz, esa responsabilidad está reservada exclusivamente a unos cuantos, concretamente a quienes encabezan las salas colegiadas y a la persona que se encuentre en funciones de Presidente o Presidenta de dicho Tribunal al momento de la elección.

Estos nombramientos son resultado del proyecto de Punto de Acuerdo presentado al Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en el análisis del informe, remitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, órgano que llevó a cabo las entrevistas con los 38 aspirantes inscritos y con derecho.

Con esta Iniciativa se pretende extender la competencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional para atender lo concerniente a temas de la Secretaría de Bienestar y los Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz.

Afirmó la diputada Judith Pineda Andrade, al hacer uso de la Tribuna, durante la Tercera Sesión, del Segundo Periodo Ordinario, de la LXV Legislatura del Estado, en nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y para poner a consideración del Pleno la Iniciativa por la que se crea la Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.

Además, busca establecer la base para establecer el denominado juicio en línea, para el Poder Judicial del Estado (PJE) y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que los actos judiciales llevados a cabo a través de estos medios tengan plena validez jurídica.

El documento, avalado con 35 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, señala que a través de esta vía sumaria, las y los jueces especializados en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz podrán resolver de manera pronta, expedita y completa, sin trámites largos y costosos dichos casos, pues esta decisión no puede postergarse u obstaculizarse, toda vez que la intención es ponderar el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

De esta manera, en el decreto queda establecido que las penas previstas en el artículo 137 del Código Penal serán incrementadas hasta en una mitad sin perjuicio de las agravantes o calificativas que les sean aplicables cuando este delito se cometa en contra de personal de instituciones públicas o establecimientos particulares de salud, personal de atención de emergencias, personal de seguridad pública o de protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia del encargo durante una emergencia sanitaria declarada.

Reunidos en la sala Venustiano Carranza, sede de las entrevistas, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Jucopo, el legislador Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), la diputada Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y el legislador Alexis Sánchez García (MC-PRD), llevaron a cabo este procedimiento, el cual estuvo centrado en la trayectoria, experiencias, conocimiento en la materia y propuestas de cada uno de los aspirantes, en caso de asumir el cargo.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de la bancada de MORENA en la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, enfatizó que esta acción es muestra del compromiso que tienen las diputadas y diputados locales, y personal administrativo, con el pueblo veracruzano, por lo que en forma solidaria fueron de los primeros en anunciar la donación de su salario mensual para adquirir insumos y equipo hospitalario, así como de protección para el personal del sector salud.

En atención, afirman los legisladores en el texto de su Proyecto de Punto de Acuerdo, de la solicitud formulada por el titular de la Sefiplan, y por la situación por la emergencia sanitaria, derivada de la propagación del coronavirus, se prórroga por un término máximo de noventa días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo para presentarlo, al que hace referencia el artículo 179, segundo párrafo, del Código Financiero para el Estado; y por única ocasión.

Al respecto, dijo el legislador, deberá considerarse, una vez establecidos estos lineamientos, que las autoridades municipales puedan sancionar las faltas hacia este sector, con multa, trabajo comunitario o arresto, según su naturaleza y gravedad de las situaciones en concreto en la que incurran las o los agresores.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Jorge Moreno Salinas manifestó que en estos tiempos “la solidaridad debe manifestarse sin reservas, al constituir una prioridad la atención de la población afectada por la pandemia, ya sea médica o económicamente, así como la protección y salvaguarda de los derechos humanos del personal de salud responsable de dicha atención y cuidados”.