Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.
La iniciativa, turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales, durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, propone reformar el Código Electoral en tres aspectos fundamentales:
Sin embargo, enfatizó, en el tiempo que lleva la presente administración, se ha demostrado que con voluntad, adecuada ejecución de los recursos y el trabajo en conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se pueden alcanzar objetivos fundamentales para el crecimiento del pueblo en el ámbito económico y social.
El diputado afirmó que ninguna administración estatal había generado tantas nuevas oportunidades como el actual sexenio, pues se beneficia a miles de veracruzanas y veracruzanos en situación de pobreza y se apuesta por el crecimiento económico regional en el sur, centro y norte de la entidad.
A nombre del Grupo Legislativo de MORENA en la LXV Legislatura local, el legislador Ríos Uribe, sostuvo que las reformas legales impulsadas en 19 meses de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están sentado las bases para el bienestar sostenido y duradero de las y los mexicanos, el restablecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones fundamentales para el desarrollo de la nación.
Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.
En ese esfuerzo inspirador, destacó en Tribuna, los poderes públicos están obligados a constituirse en auténticos garantes de la aplicación efectiva de diversos principios establecidos para el pleno desarrollo de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, porque el fin máximo que ellas persiguen, es el bien de la colectividad.
En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama económica se aplique en la propia entidad”.
Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.
En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e inicien el proceso de selección.
Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.
“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores contagios de Covid-19”, puntualizó.
Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social, continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19, “también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.
El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.
En el Informe, se establece que, al 11 de junio pasado, la Secretaría General había registrado 110 actas de Cabildo con sentido aprobatorio, lo cual refleja el 51.88 por ciento, representando la mayoría del total de los ayuntamientos de la entidad, porcentaje necesario para que el Congreso estatal emita la declaratoria respectiva y esta reforma pueda tener vigencia.