Asimismo, indica el texto “no podemos seguir con el paradigma de integración que mandata a la persona a integrarse, a adaptarse, sino generar todas las medidas de accesibilidad para que convivan y se desarrollen con las demás personas sin segregaciones o discriminación alguna”.
En este sentido, ante el desacuerdo entre progenitores que hace imposible la convivencia de los infantes con alguno de ellos, dijo la diputada, el Estado debe encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores, manteniendo las relaciones personales con cada uno de sus padres, cuando esté establecido judicialmente, asegurando la continuación de la convivencia familiar y sano desarrollo de su personalidad.
Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro programa social activo en momentos de la contingencia.
Mediante el oficio signado por el Ejecutivo, propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, para que ocupen las magistraturas del Poder Judicial.
“Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en sociedad”.
La iniciativa, autoría de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley Federal del trabajo, toda vez que la omisión normativa de los mismas, han sido utilizados por patrones para evadir su responsabilidad laboral al suspender la relación con sus empleados, ante el argumento de no estar estipulado en la Ley en comento.
Agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, signantes del dictamen, coincidieron con las y los proponentes en que involucrar a las y los jóvenes en el cuidado y preservación del medio ambiente, como contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030.
En este contexto, continuó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaciones procesales al respecto de las entidades federativas, deberán permanecer vigentes mientras no se emita el Código Nacional correspondiente.
En este sentido, es necesario homologar los procedimientos administrativos, trayendo las figuras de la ley que rige al propio Instituto Nacional de las Mujeres a las locales optimizando recursos y concentrando las propias instituciones en la forma más eficiente de ejecución, como lo es la obtención de decisiones, tanto en la Junta de Gobierno como en la conformación de los Consejos auxiliares.
La propuesta reconoce que el actual sistema educativo no es compatible con los horarios laborales y que la necesidad de trabajar deriva en jornadas mayores de ocho horas, sin posibilidad de pedir permiso por el riesgo de perder el empleo.
También se propone añadir el Artículo 22 Ter, a fin de establecer el catálogo de servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) para las actividades de pesca comercial y de fomento en aguas de jurisdicción estatal, tiene la finalidad de transparentar los permisos que se otorgan a quienes se dedican a la pesca y la acuacultura, con lo que se les otorga certidumbre jurídica y se propicia una mejor supervisión y control sobre estas actividades.
Para esto, precisa que debe entenderse por plataforma digital “la aplicación tecnológica mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a las y los usuarios contratar servicios de hospedaje”.
La pandemia, de la que se contabilizan más de 395 mil infectados y más de 44 mil defunciones –prosiguió el legislador-, ocasionó que el número de mexicanos en pobreza laboral creciera en 24.4 millones ocasionando así que en México 69.6 millones de personas no tengan para la canasta básica. En cuanto a certidumbre laboral, de los más de 9 millones de mujeres que no contaron con un empleo en abril, el 72 por ciento indica no tener certeza de regresar a su trabajo al término de la pandemia y de los más de 6 millones de hombres, 61 por ciento se encuentra en la misma situación, añadió.
Cabe destacar que estas modificaciones al Código Electoral para el Estado y a la Ley Orgánica del Municipio Libre es para dar cumplimiento al artículo tercero transito del decreto 576, relativo a la reforma electoral constitucional, aprobada por el Pleno el pasado 12 de mayo y avalada por 127 ayuntamientos. En este citado artículo se establece que las reformas deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado a más tardar el último día del mes de julio y se aplicarán para el proceso electoral 2020-2021.