Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Omar Miranda añadió que este mecanismo ya ha sido implementado en el estado de Michoacán con una bolsa inicial de 10 millones de pesos, por la que se otorga un apoyo de más de seis mil pesos por beneficiado, pero, acotó, debe considerarse que Veracruz duplica la población que existe en Michoacán conforme al último censo.

Considera como pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

En el mismo sentido, la propuesta coincide en que dicho acto siga efectuándose en sesión pública y solemne de Cabildo, pero para fortalecer esos principios, se plantea que el contenido íntegro del informe deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento.

“Con mucho gusto acepté la invitación del alcalde, porque creo que es una obligación que tenemos como Diputados Locales, el comprobar que las obras y los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, como en este caso, que se beneficiará a niñas y niños del municipio de Orizaba”, concluyó su participación.

Ríos Uribe advirtió que “la historia dirá que el pueblo de México estuvo a la altura del desafío, a la altura de quienes protagonizaron los dos siglos anteriores de los hechos fundamentales de nuestra Nación”, de aquellos que “entendieron que la libertad era solo el primer paso y que la construcción de una patria justa es una tarea inacabada hasta nuestros días”.

Posteriormente, el diputado invitó a los asistentes a colaborar responsablemente en las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipales para la contención de la pandemia. Asimismo, convocó a la unidad y al diálogo para establecer mejores mecanismos que permitan disminuir el número de personas contagiadas.

Respecto a la ampliación de los catálogos para el pago de derechos de diversos servicios que prestan las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, el documento pone de relieve la coincidencia de la Comisión con los nuevos derechos, donde destacan los que regulan las diversas disposiciones locales que, en materia ambiental, buscan prevenir y mitigar el grave deterioro ecológico.

En el mismo sentido, se realizó la corrección de los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, en relación con los servicios catastrales que presta directamente la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) y no la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), lo que deriva en dar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de los trámites que deban de realizar en materia de catastro.

En este reconocimiento a la labor realizada por la fiscal Hernández Giadáns y su equipo de trabajo, el Presidente del Congreso no omitió ponderar el esfuerzo y la coordinación de la Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyo espíritu de sacrificio y entrega –expresó- ha ido devolviendo a las y los veracruzanos la tranquilidad.

Este dictamen registró 38 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

El Presidente del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, aseveró que esta LXV Legislatura está comprometida en perfeccionar y fortalecer el marco jurídico estatal en favor de las y los veracruzanos, en la salvaguarda y protección de sus derechos, en plena y estrecha colaboración de poderes, a fin de garantizar el irrestricto respeto al Estado de Derecho. De esta manera la LXV Legislatura cumple lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 36 de la Carta Magna estatal y el relativo del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Conforme al trámite legislativo, el Presidente instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y, en su caso, dictaminación a la Comisión Permanente de Justicia Puntos Constitucionales.

Al mismo tiempo, subrayó “tanto legal, doctrinaria y jurisprudencialmente no existe razón válida para considerarlos como trabajadores de confianza, ya que, atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeñan, éstas, en ningún momento tienen sustento jurídico para que se les considere de esa naturaleza”. La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Al respecto, la iniciativa refiere que en el Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre está prevista la obligatoriedad de que quienes sean nombrados Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas o de la Contraloría deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.