En el mismo sentido, se realizó la corrección de los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, en relación con los servicios catastrales que presta directamente la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) y no la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), lo que deriva en dar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de los trámites que deban de realizar en materia de catastro.

En este reconocimiento a la labor realizada por la fiscal Hernández Giadáns y su equipo de trabajo, el Presidente del Congreso no omitió ponderar el esfuerzo y la coordinación de la Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyo espíritu de sacrificio y entrega –expresó- ha ido devolviendo a las y los veracruzanos la tranquilidad.

Este dictamen registró 38 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

El Presidente del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, aseveró que esta LXV Legislatura está comprometida en perfeccionar y fortalecer el marco jurídico estatal en favor de las y los veracruzanos, en la salvaguarda y protección de sus derechos, en plena y estrecha colaboración de poderes, a fin de garantizar el irrestricto respeto al Estado de Derecho. De esta manera la LXV Legislatura cumple lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 36 de la Carta Magna estatal y el relativo del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Conforme al trámite legislativo, el Presidente instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y, en su caso, dictaminación a la Comisión Permanente de Justicia Puntos Constitucionales.

Al mismo tiempo, subrayó “tanto legal, doctrinaria y jurisprudencialmente no existe razón válida para considerarlos como trabajadores de confianza, ya que, atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeñan, éstas, en ningún momento tienen sustento jurídico para que se les considere de esa naturaleza”. La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Al respecto, la iniciativa refiere que en el Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre está prevista la obligatoriedad de que quienes sean nombrados Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas o de la Contraloría deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.

Con esta propuesta, también se establece la obligatoriedad para que todos los CAI de Veracruz, implementen un programa interno y específico de protección civil que permita resguardar la integridad física de las niñas y niños que asisten diariamente a las guarderías e instancias infantiles de la entidad.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y sus homólogas, realizaron limpieza.

El pasado 9 de enero, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura presentaron ante el Pleno el Dictamen de Decreto correspondiente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en Materia de Implementación a Nivel Local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral.

Aseguró que, en el caso del Presidente Municipal suplente de Actopan, el Congreso se mantiene a la espera del resolutivo final de la Suprema Corte y al pendiente de la situación en que se encuentran los municipios de Coetzala y Rafael Delgado, cuya paz y tranquilidad –dijo- no son negociables. “Pueden tener la seguridad y la confianza de que donde sea imperativa la actuación del Congreso ahí se hará valer la Ley, que es nuestro principal instrumento para vivir en armonía y orden”, aseguró Gómez Cazarín.

Las autoridades de Coetzala, a su vez, le expusieron sus puntos de vista, expresaron parte de su experiencia en el desempeño del mandato constitucional en el nivel local y coincidieron con el Presidente del Congreso en la disposición de trabajar unidos, manteniendo el diálogo respetuoso y constante, siempre dentro del marco legal vigente.

El legislador señala en su propuesta que en la mayoría de los organismos autónomos los secretarios ejecutivos realizan toda clase de actividades, menos sus atribuciones sustantivas, como ejercer el control de los recursos administrativos y financieros, por lo que por ley debe respetarse las atribuciones de los secretarios ejecutivos.

Plantean también que, en los casos en que una persona comisionada del organismo garante no concluya el período para el que fue designada, ya sea por renuncia, fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra circunstancia, el Congreso deba designar a la persona que la reemplace, conforme al procedimiento de consulta y selección previsto constitucionalmente, aunque con algunas variantes, respecto de las normas constitucionales vigentes.

Además, Jáltipan, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Nogales, Papantla, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Rafael, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco y Tuxpan. Así como a las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de los municipios de Banderilla y Coatzacoalcos.