Pormenorizó las campañas implementadas por este gobierno para así cumplir los objetivos institucionales en apoyo de las secretarías que con gran capacidad atendieron el tema económico, antes y durante la pandemia.

La funcionaria destacó que, en el marco del programa federal Sembrando Vida, con una inversión de 30 millones 640 mil pesos (mdp), provenientes de la Secretaría de Bienestar, se logró la producción de cuatro millones de plantas.

En representación del Congreso del Estado de Veracruz, la legisladora destacó que esta Soberanía reconoce el compromiso y el trabajo de las instituciones y organizaciones participantes, las cuales, “desde su ámbito de competencia, dedican todos sus esfuerzos a representar a quienes, por su calidad de personas en desarrollo y autonomía progresiva, requieren solidaridad y protección integral a sus derechos”.

De acuerdo con su titular, la CGE dio seguimiento a 850 procedimientos de contratación de obra pública; de los cuales, 85 corresponden a la modalidad de Licitación Pública Nacional, 175 a Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 25 a Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y 565 a Adjudicación Directa.

El legislador Rosales Torres puntualizó que hasta el momento ha atendido a más de 10 casos que presentan esta misma situación; sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que este tipo de inconformidad se viene presentando en diversos sectores en todo el territorio veracruzano.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

Por su parte, refiere, los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera.

La iniciativa propone eliminar del artículo 24 de la ley el carácter potestativo de la disposición referente al acuerdo para cubrir las suplencias de las personas que ocupen las presidencias y sindicaturas, a fin de que se establezca expresamente quiénes las sustituirían en sus funciones de forma temporal, de tal modo que no se retrasen ni obstaculicen los trabajos al interior de los ayuntamientos.

El legislador De Unánue Abascal señaló que el precio de los citados insumos oscila entre los 100 y los mil pesos, de acuerdo a las marcas, durabilidad y estilos de los mismos. “Pero son necesarios, ya que las personas deben cuidarse dentro o fuera de sus hogares, de tal forma que resulta impensable salir a la calle sin cubrebocas, porque la movilidad se verá limitada y condicionado en espacios públicos y privados”, expuso.

Dijo que en el contexto del confinamiento, derivado por la emergencia sanitaria, el número de reportes por violencia familiar y violencia de género se han incrementado considerablemente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, en cuanto a feminicidios, no ha dejado de ser un problema constante a nivel nacional, puntualizó la diputada.

Indica que, trabajar con perspectiva de género permitirá eliminar ideas que son injustas y que derivan de creencias arraigadas originadas en una cultura patriarcal; por lo cual resulta necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención, sean otorgadas con un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

La instancia dictaminadora señaló su coincidencia con el iniciante, toda vez que esta reforma promocionará la cultura e incentivará el turismo, reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

Así como, evaluar que las personas que ingresen a los planteles no cuenten con síntomas asociados a enfermedades contagiosas, procurar la sanitización constante de espacios, superficies y objetos al interior de las aulas, propiciar que alumnos y docentes cuenten con distancia adecuada al interior de la escuela, impulsar el constante lavado de manos y el uso obligatorio de cubre bocas.

Añadió a esto que en México aproximadamente un millón de personas con discapacidad tienen posibilidades de trabajar y no son incluidas en el mercado laboral. En razón de lo cual, planteó en su iniciativa una modificación al Código Financiero donde se establece que tanto el Gobierno del Estado como las empresas deban integrar en su planilla laboral al menos al 5 por ciento de personas con discapacidad.

Explicó que en el ejercicio fiscal del 2000, primero en el que se aplicaron las formulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los de mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.