En este sentido, señala la propuesta, es necesario reforzar las acciones legislativas para la correcta aplicación de la Ley garantizando el estado de derecho a la ciudadanía, toda vez que algunas conductas de extorsión encuadran con lo tipificado como “Cobro de derecho de piso”, coartando la libertad de los agraviados.
Al respecto, Guízar Valladares expone que, en 2018, como parte del fortalecimiento y ampliación de la red de justicia familiar en el estado, el Poder Judicial puso en marcha 4 nuevos Centros de Convivencia Familiar en los Distritos Judiciales de Veracruz, Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla.
También, fue aprobada la licencia del regidor décimo del ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, quien se ausentará por un periodo de seis meses, surtiendo efectos a partir del 28 de febrero de este año.
Asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores: entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales, refiere la iniciativa.
Explican que la materialización en el orden normativo estatal de ese mecanismo de participación ciudadana aún es incompleta y, por tanto, perfectible, ya que no está previsto para incidir directamente en el orden de gobierno de mayor proximidad para la población, es decir, el Municipio Libre.
“Educar, implica enseñar a la niñez valores que les permitan convivir en un mundo de respeto y civilidad y entre ellos está motivar la conciencia hacia el cuidado y preservación del medio ambiente; este esfuerzo debe ser un conjunto de voluntades de quienes integran las comunidades escolares, en cada barrio, en cada congregación, en cada municipio”, indicó.
Asimismo, se plantea incorporar en el artículo 48 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado que las autoridades, estatales y municipales, para garantizar la consecución de una educación de calidad, deberán diseñar estrategias y acciones para la prevención y erradicación del abandono escolar, así como capacitar a docentes y directivos respecto a las acciones que deberán seguir cuando detecten un posible caso de deserción.
Así, según la reforma a la fracción IV del Artículo 84, en las unidades médicas-escuela será obligatoria la participación de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes y de supervisión de estudiantes.
Indicó que sobre todo deben ser beneficiados los adultos mayores, personas con discapacidad y los jubilados. “Lo cual fue solicitado en su momento por un servidor en conjunto con Canacintra al municipio de Xalapa en marzo de 2020 y fue atendido por el Organismo operador en el mes de abril de 2020, beneficiando a toda la ciudadanía xalapeña desde el estrato bajo, de intereses social, sector medio hasta el alto o residencial”, agregó.
Se dirigió a quienes, dijo, lucran con la necesidad de los enfermos de Covid y les pidió “que se pongan en el lugar de todos aquellos que necesitan un tanque de oxígeno o una recarga. Pensemos en la dolorosa situación emocional y de salud en que ellos y sus familiares se encuentran”.
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el 40 por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos.
En dicha iniciativa, el legislador propuso ajustes a la redacción de la agravante de sustracción de mobiliario o equipo de escuelas en el delito de robo. A su vez, las diputadas integrantes de la Comisión dictaminadora estimaron adecuado ajustar la redacción propuesta al caso, a efecto de hacerla más armónica e integral con su objetivo.
La dictaminadora señala que este proyecto legislativo presenta una profunda necesidad, ante los beneficios que traerá a las familias de las víctimas de desaparición forzada de personas y del delito de desaparición cometida por particulares, al gozar de la exención y los descuentos, que se refiere en el dictamen.
Por último, el 18 de febrero, a las 10:00 horas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudirá ante la Comisión de Vigilancia.
Además, se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, el cual será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.