El nombramiento de las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, tendrá una duración escalonada, con la finalidad de no interrumpir los proyectos de trabajo que se estén llevando a cabo.

“Estoy convencido que a pesar de la adversidad que tuvo el personal del Orfis, derivado de la pandemia por Covid-19, se está haciendo entrega de un excelente trabajo apegado a la legalidad y transparencia, tal como se han caracterizado”, precisó.

Destacó que las ANP proporcionan agua para consumo humano, mitigan los efectos del Cambio Climático, aportan importantes elementos para la polinización y previenen la erosión, contribuyen al bienestar y la salud de la población y preservan servicios ecosistémicos claves para el desarrollo de la vida, entre otros beneficios.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local dijo que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible, por lo que los servicios de salud deben estar al alcance de las personas, “es decir cerca de ellas y, definitivamente, los grupos vulnerables son los que suelen tener menos posibilidades de recibir servicios de salud adecuados”.

De acuerdo con sus proponentes, con las reformas planteadas se pretende no sólo que el marco jurídico estatal se encuentre acorde con los principios establecidos en la Constitución federal en materia municipal, sino también abonar a una mayor operatividad en la emisión de las propuestas de leyes de ingresos y de tablas de valores catastrales unitarios de suelo y construcciones que, se añade, son de fundamental importancia para la hacienda pública municipal.

Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.

Este exhorto, resultado del anteproyecto presentado el 25 de septiembre de 2019 por la diputada de Morena, Cristina Alarcón Gutiérrez, es para que las autoridades municipales cumplan con lo dispuesto en la ley estatal, respecto a la protección a los animales, procurando que en dichos reglamentos se erradique el maltrato y la crueldad.

Lo anterior, a realizarse en diversos municipios del estado, celebrados al amparo del decreto número 346, modificado a su vez mediante decreto número 624, ambos emitidos por este Poder Legislativo y publicados en la Gaceta Oficial del Estado el 16 de octubre de 2017 y el 7 de febrero de 2018.

Durante su discurso inaugural, el Secretario de Educación del Estado, Zenyazen Escobar García, destacó que la elaboración de estos libros artesanales, está basada en contenidos de vida saludable, que pondera prácticas sanas físicas y emocionales en los autores de los mismos.

En cuanto al artículo 150, precisa que a la mujer que se provoque o consienta que le sea practicado un aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud, con respeto a sus derechos humanos.

El Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública comentó que en las diversas regiones de la entidad ha escuchado las peticiones de policías municipales de recibir ese tipo de capacitación, que está contemplada en la Ley.

Advirtió que en 90 por ciento de los casos las agresiones son cometidas por hombres contra mujeres, sin embargo, no se puede excluir el diez por ciento restante y dejar impunes los ataques que pudieran cometerse contra cualquier persona, por tal razón –precisó-, se sancionará con la misma penalidad la conducta descrita en los incisos c) y d) la alteración en la salud de cualquier persona sin importar el género del sujeto activo o del sujeto pasivo.

A su vez, el Pleno aprobó la nueva licencia solicitada por la diputada del Distrito XXI, de Camerino Z. Mendoza, María Candelas Francisco Doce, a partir del 1 de agosto al 4 de noviembre próximo, por lo que continuará al frente de esta diputación local la legisladora Libni Adaelsi Sánchez Núñez.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

El documento precisa que con esta modificación al Código Civil no se pretende anular derechos alimentarios de cónyuges e hijos, sino otorgar a quienes sostuvieron una relación de pareja con esos mismos deudores alimentarios y que adquirieron con antelación idénticos derechos, la garantía de que éstos no podrán ser relegados como consecuencia de nuevos vínculos matrimoniales de las personas obligadas a proporcionarles alimentos.