Las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales y cualquier otro servidor público, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario.

Para ofertar productos de calidad en la atención de los usuarios de los mismos, lo que contribuirá al fortalecimiento del sector en la entidad.

Al leer la iniciativa, la diputada Daniela Griego destacó el trabajo realizado con organizaciones sindicales y pensionados.

Para así, establecer en la entidad este derecho que en diversos estados de la República ya está vigente.

La iniciativa contempla que las autoridades educativas estatales publiquen una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización.

Durará en el cargo seis años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido por el Congreso del Estado.

La pobreza, marginación, la desintegración familiar, el desempleo, la violencia, entre otros, son factores detonantes que influyen en el consumo de estupefacientes.

Considera que eliminar este trámite no es la solución pero, para facilitar las actividades educativas sin abandonar la función rectora del Estado, se amplía.

Condiciona la posibilidad del libre tránsito a quienes no disponen de dinero y tienen algún punto de venta a orilla de carretera.

En el caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.

Obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos y los ayuntamientos, a destinarles el 3% de las vacantes disponibles.

Promoverá que la capacitación turística impulse la formación de recursos humanos, a fin de que puedan incorporarse a las actividades del sector turístico estatal.

Si empezamos a construirlo tendremos en el futuro la capacidad de la que hoy carecemos, para establecer claramente la identidad de los infractores de la ley penal, afirmó el legislador.

La iniciativa buscará crear espacios incluyentes para personas con discapacidad.

Con el objetivo de garantizar que los micro y pequeños empresarios estatales participen en las adjudicaciones directas que realicen.