La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a la Secretaría de Salud (SS) del estado para que, de manera inmediata, proyecte estrategias de prevención y pronta respuesta ante la temporada de dengue en la entidad y también para que inicie una campaña de concientización, capacitación y se proyecten programas de colaboración con los ayuntamientos con más incidencia de enfermos por este padecimiento.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta la pandemia generada por el coronavirus, Covid-19. “Veracruz está entre los estados con más incidencia de casos y en números rojos, no es tema del presente pormenorizar al respecto; sin embargo es necesario alertar desde esta Máxima Tribuna, para que se proyecten políticas públicas para enfrentar enfermedades endémicas como el dengue”.

Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.

Dijo que diversos estudios han identificado las localidades repetidoras de dengue, y las determinantes sociales y ambientales de la transmisión. “Por lo tanto es hora de aplicar políticas públicas de prevención y acción inmediata”.

La legisladora señaló su preocupación en relación al año 2019, la temporada de dengue de este año apenas empieza en México y ya hay un incremento del 150 por ciento de casos confirmados, respecto al año pasado.

Dijo que, de acuerdo a información fue publicada por el programa Panorama Epidemiológico de Dengue, de la Secretaría de Salud Federal, en enero de este año ya había 6 mil casos probables, y ahora que la temporada de dengue está iniciando, las cifras son mayores que las incidencias de los mismos meses que se dieron en el 2019.

Refirió que la misma información señala que Veracruz incrementó la incidencia de contagios, en relación al 2019, poniendo a la entidad en primer lugar a nivel nacional por el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

“Sabemos que con la pandemia que enfrentamos, los recursos con los que cuenta el estado están altamente comprometidos, por lo tanto ante esta reducida capacidad operativa, y al limitado impacto de las intervenciones de los programas de control, es indispensable considerar estrategias que permitan un uso más adecuado de los limitados recursos con los que se cuenta”, abundó.

Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

A través de un anteproyecto de punto de acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, propuso un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado para que, por conducto de la Dirección de Transporte, incremente los operativos con el objeto de que en el transporte público se respeten las medidas básicas para prevenir contagios por el virus Covid-19.

En la exposición de motivos el diputado aseguró que es necesario se lleve a cabo una vigilancia exhaustiva al transporte público, para preservar la salud de los usuarios.

En este sentido, hizo mención especial a la modalidad de taxi, toda vez que se ha detectado, que en ciertos sitios han comenzado a prestar servicio colectivo, incrementando con ello la posibilidad de contagio, además de violentar la normatividad al no tener la concesión indicada para ello.

“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores contagios de Covid-19”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el presente punto de acuerdo se propone a la par del Programa “Acciones Emergentes Por Contingencia Sanitaria (AECS)”, implementado por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.

Dicho programa estima apoyar a 28 mil beneficiarios directos y 112 mil personas de manera indirecta, por las afectaciones causadas por la declaración de emergencia relacionada con el Covid-19, entre los cuales se encuentran contemplado este sector.

-Se pronuncia diputado contra acusaciones en materia de Revocación de Mandato-

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos se pronunció ante el Pleno del Congreso del Estado, respecto a los señalamientos en contra de integrantes de la LXV Legislatura por, supuestamente, incumplir en su obligación de legislar, al aprobar la reforma en materia electoral que entre sus puntos integra el tema de revocación de mandato en la entidad.

En su discurso, el legislador local exhortó a las y los veracruzanos no dejarse engañar

con lo que –consideró- difamaciones referentes al trabajo de los diputados veracruzanos, toda vez que lo aprobado el pasado 12 de mayo, armoniza lo que establece el numeral tercero de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal.

“Al respecto, debe mencionarse que una cosa es la Consulta Popular para que las y los mexicanos voten a favor o en contra de determinados temas y, otra, muy distinta, es la Revocación de Mandato del Presidente de la República y de los Gobernadores de los Estados”, puntualizó.

Asimismo, señaló que mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Federal realizó diversas reformas que, entre otras, modificaron las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, siendo la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, uno de los temas que no pueden ser sujetos de consulta popular, añadió.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que ambas figuras de participación ciudadana, son independientes o ajenas entre sí y están sujetas a procedimientos propios, concluyó.

Con la finalidad de que en la medida de sus posibilidades se establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, la diputada Florencia Martínez Rivera puso a consideración del Pleno su Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta a los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil.

En el contexto actual en el que se encuentra inmiscuido nuestro país, destacó la legisladora, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, existe “una importancia mayor en la protección de los derechos de la infancia, el cual se ha vuelto un grupo cada vez más vulnerable en nuestra realidad actual. Puesto que por esta pandemia y al confinar a la mayoría de la población en casa, ha mermado o limitado la cantidad de actividades laborales, recreativas, económicas y de cualquier otra índole, “lo que ha provocado el aumento de los niveles de estrés, provocando que incrementen exponencialmente los niveles de violencia doméstica en México, que en su conjunto o en lo individual también afecta a las niñas, niños y adolescentes”.

Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social, continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19, “también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.

Dada su trascendental función, agregó la legisladora de Morena, es necesario que los que están a cargo de las Procuradurías Municipales de la Defensa del Menor, cumplan con sus atribuciones de forma profesional, sensible, responsable, eficaz y eficiente, interviniendo de forma oportuna en los casos que detecten o de los cuales tengan conocimiento de que se están vulnerando derechos a algún menor de edad, lo anterior, para que brinden las medidas de protección a fin de lograr la protección y cuidado de estos, pues en el corto, largo o mediano plazo, nuestra niñez representa la esperanza, el futuro y desarrollo de este gran Estado”.

Reconoció, durante su intervención, que no toda la responsabilidad debe recaer sobre estos funcionarios, puesto que el maltrato infantil debe estar “perfectamente monitoreado” por todas las autoridades tanto en las relaciones familiares, sociales como educativas, para que dichas agresiones puedan ser identificadas, denunciadas y atendidas de forma oportuna.

Por último, la diputada, reconoció la labor legislativa que se está realizando en la entidad, sobre este tema en particular y que “hoy hay avances importantes en materia legal que deben traducirse en hechos, los niños merecen el diseño de políticas públicas de parte de nuestros tres niveles de gobierno y de los tres poderes en nuestro Estado que contribuyan a construir los cimientos de una sociedad que proteja la niñez veracruzana con apego a sus derechos”.

Además de lo anterior, señaló, “se requiere de un trato libre de violencia por parte de todos los adultos que tienen contacto con la niñez y, sobre todo, con quienes son padres o cuidadores. Es fundamental que entre todos abordemos los desafíos de la infancia veracruzana de forma multidisciplinaria y sumando esfuerzos para encontrar y dar mejores soluciones a todos los problemas que enfrentan. Nuestras niñas y niños veracruzanos tienen el derecho y merecen crecer feliz, en paz, sin violencia y en un entorno familiar amoroso y cariñoso”.

De igual forma, llamó a las y los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil; como a los 211 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano a que en la medida de sus posibilidades establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura del Estado.

Con 40 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de igualdad sustantiva, trabajo y explotación infantil, así como perspectiva de la infancia y la adolescencia, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y Para la Igualdad de Género.

El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.

Para los efectos de dicha ley –se lee en el capítulo 4-, se entenderá por explotación infantil, también llamado comercio o tráfico de personas, el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de esclavitud moderna.

También se precisa que la igualdad sustantiva es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción alguna, recibiendo en todo momento un trato incluyente y libre de cualquier forma de discriminación.

Se define asimismo la perspectiva de la infancia y adolescencia como la visión científica, analítica y política que comprende a las niñas, niños y adolescentes desde su particular contexto de vida y características de desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas de la opresión, violencia, discriminación, utilización en cualquier clase de conflictos, por razón de su edad y desarrollo progresivo, generadas por estructuras culturales que reproducen conductas, costumbres, prejuicios, lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obstaculizan, menosprecian o alteran sus capacidades para disfrutar y ejercer plenamente

sus derechos. Esta perspectiva promueve la igualdad, el sano desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia y contribuye a construir una sociedad en donde las niñas, niños y adolescentes tengan el mismo valor, equidad en derechos y oportunidades.

En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, se le explica como la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa y cuantitativamente de los mismos derechos, sin distinción alguna por motivo de edad, origen étnico o nacional, sexo, diferencias biológicas, idioma, creencias, religión, situación migratoria, opinión política o condición social.

El trabajo infantil es entendido como la actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes, que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo, privándoles de aprovechar su potencial, disfrutar su niñez y sano desarrollo, afectando su dignidad.

Finalmente, el ordenamiento establece que corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionarles un ambiente de desarrollo y crecimiento en armonía y bienestar, tanto en su interacción física como mental, espiritual, cultural y ética y evitar incitarlos o coaccionarlos a participar en cualquier clase de conflicto.

El dictamen aprobado sin votos en contra ni abstenciones es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, el 20 de junio de 2019, relativa a la igualdad sustantiva; Brianda Kristel Hernández Topete, relativa de la prohibición del trabajo infantil, el 9 de julio de 2019, y Adriana Paola Linares Capitanachi, en materia de perspectiva de la infancia, el 23 de enero de 2020.

Tras conocer el informe de la Secretaría General del Congreso del Estado, en relación con la votación emitida por los ayuntamientos de la entidad, la LXV Legislatura emitió la declaratoria de la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Pleno el pasado 12 de mayo y que, entre otras disposiciones, reduce los recursos económicos a los partidos políticos.

En la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada este 22 de junio, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó al secretario de la misma, diputado Jorge Moreno Salinas, la lectura del informe sobre la votación de los ayuntamientos que, al concluir el plazo de los 30 días, establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, dio como resultado que 127 ayuntamientos avalaran la reforma.

A su vez, 65 ayuntamientos manifestaron su voto en contra y, en el caso de 16, según lo establecen los artículos 23 y 25 en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 constitucional, se configuró la “afirmativa ficta”, toda vez que transcurrió el plazo conferido y no comunicaron su acuerdo, y tres indefinidos, así como uno que no ha sesionado y cuyo acuse no tiene fecha de recibido.

En el Informe, se establece que, al 11 de junio pasado, la Secretaría General había registrado 110 actas de Cabildo con sentido aprobatorio, lo cual refleja el 51.88 por ciento, representando la mayoría del total de los ayuntamientos de la entidad, porcentaje necesario para que el Congreso estatal emita la declaratoria respectiva y esta reforma pueda tener vigencia.

Conforme al procedimiento legislativo y tras la obtención de la mayoría de actas de Cabildo a favor, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General de este Poder remitir el Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.