El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de
Acuerdo que tiene como propósito exhortar a los integrantes de la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar plenamente el derecho humano a la
vida y, por ende, sobreseer el Juicio de Amparo en revisión, identificado como 639/2019
de esta Sala.
En el uso de la voz, reiteró su respeto al Estado de Derecho “sobre todo, cuando se
busca salvaguardar los derechos fundamentales del más débil. El activismo judicial es
bienvenido cuando se busca salvaguardar los valores que nos identifican en común y
como una sociedad racional”.

Precisó que “bajo ningún supuesto podemos estar de acuerdo con el activismo judicial de
la Corte cuando con su decisión podría constituir un verdadero atentado contra los
derechos humanos de los más débiles de nuestra especie. La persona concebida en el
vientre de una mujer, mismo que frente a sus semejantes no tiene voz ni voto para decidir
sobre el futuro de su vida”.
En su participación en tribuna, durante la sexta sesión ordinaria, el diputado Gonzalo
Guízar expuso.

“Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún
mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus
interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control
constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los
derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en
sociedad”.

Destacó que no debe pasarse por alto la necesidad de exigir respeto a la libertad de
configuración legislativa que tiene el estado de Veracruz, en especial su Congreso.
Por otra parte, indicó que asumir una función activa como legislador es para crear y
generar un verdadero andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos de las mujeres
en problemas de embarazos no deseados y acompañarlas hasta el nacimiento de la
persona que lleva en su vientre.

“El Estado no puede ser cómplice en la muerte de una persona, sobre todo, cuando ésta
se encuentra indefensa. Por el contrario, debe buscar los mecanismos para garantizar su
nacimiento, debe acompañar a la madre para que puede ejercer sus derechos, en
especial el de libertad de ejercer o no la maternidad”, concluyó.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen derivado de la iniciativa con Proyecto de Decreto, ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que contemple los términos que pueda utilizar el titular del Ejecutivo Federal para la interrupción de actividades esenciales y no esenciales, y que sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.

La iniciativa, autoría de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley Federal del trabajo, toda vez que la omisión normativa de los mismas, han sido utilizados por patrones para evadir su responsabilidad laboral al suspender la relación con sus empleados, ante el argumento de no estar estipulado en la Ley en comento.

El dictamen detalla que con respecto a las bajas salariales, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 Bis y 429, hace mención que el patrón estará obligado a continuar pagando el salario íntegro en caso de una suspensión laboral por la declaración de contingencia sanitaria por una autoridad competente; sin embargo al haberse declarado “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, se ha desprotegido al sector laboral para que ante cualquier anomalía puedan ejecutar las demandas correspondientes.

Con esta propuesta se prevé fortalecer la tutela jurídica de las y los trabajadores ante futuros escenarios de esta índole, asimismo, hace referencia a los procedimientos necesarios para que la conciliación sea la pieza fundamental para evitar un mayor declive económico.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó ante el pleno un Anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realicen y presenten los protocolos
de actuación para la prevención de la delincuencia por los efectos de la pandemia por el
virus COVID-19.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que uno de los mayores impactos negativos ocasionados por la pandemia es el económico, derivado de la pérdida de empleos,
traduciéndose en México y en Veracruz en un aumento en la inseguridad.

En el mes de junio, con la entrada de la “nueva normalidad”, puntualizó el legislador, se
observó un aumento en la incidencia delictiva del 25% con relación al mes de mayo.
“Debemos apuntar que sin seguridad, las demás funciones del Estado se ven mermadas,
pues debemos entender que la seguridad provista por el Estado es indispensable para la
permanencia y subsistencia de éste, derivando directamente en la gobernabilidad o no del
mismo”, enfatizó Miranda Romero.

Finalmente, agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de
coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de
justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.