Con el propósito de visibilizar la Violencia en el noviazgo y la Violencia Mediática o Publicitaria, para así actuar en consecuencia y sean implementadas políticas públicas para avanzar hacia la igualdad sustantiva, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó la iniciativa de decreto que adiciona las fracciones VIII y IX del artículo 8, así como los artículos 13 Ter, 13 Quater y los capítulos IX y X del título segundo, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al participar durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) planteó incorporar, como modalidad de violencia contra las mujeres, la violencia en el noviazgo, entendiéndose éste como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, de manera particular a las adolescentes.

Lo anterior, mediante uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva, de hecho o una relación sexual.

En tanto, la Violencia Mediática o Publicitaria, refiere que es la que vemos todos los días, que se manifiesta en la prensa escrita, en los portales de internet, en la radio y en la televisión, donde se publican y difunden mensajes e imágenes estereotipadas de las mujeres que, de manera directa o indirecta, promueven su explotación, vinculada a la construcción de símbolos e ideas en los que las mujeres son humilladas, maltratadas, utilizadas como objeto de placer y que reproducen y legitiman relaciones de desigualdad y discriminación.

A través del artículo 13 Ter se prevé establecer que los gobiernos estatal y municipal, así como las autoridades en la materia, en el marco de sus respectivas competencias y de manera concurrente, deben implementar políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el noviazgo.

Asimismo, en el artículo 13 Quater se busca señalar que todos los poderes públicos, incluidos los organismos autónomos, deben promover acciones para evitar que los medios de comunicación con cobertura en el Estado, generen y reproduzcan estereotipos de género en sus notas e imágenes.

En su intervención, la diputada Nora Lagunes precisó que la violencia mediática o publicitaria es diferente a la digital, toda vez que ésta última se refiere a la generada en redes sociales y en todas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), donde pueden ejercerse figuras como el grooming o sextorsión. Mientras que la mediática es la que reproduce imágenes estereotipadas de las mujeres o hacen apología de la violencia en la prensa, en los anuncios publicitarios y en las noticias, que exhiben el cuerpo de las mujeres como objeto, incluidas aquellas imágenes relacionadas con la comisión de delitos en su contra, como son los feminicidios.

La legisladora indicó que, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional o sexual.

Sostuvo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez adolescentes denuncian que sufren o han sufrido violencia en el noviazgo. Además, que en México el 76 por ciento de las adolescentes, de entre 15 y 17 años, han sufrido violencia psicológica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero exhortó al Ejecutivo estatal a implementar en la entidad el programa Acompañarte, que promueve la Secretaría de Cultura del gobierno federal o, en su caso, un programa estatal, a fin de apoyar al sector de entretenimiento, oficios y servicios relacionados, perjudicado por la actual contingencia sanitaria.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo mediante el cual ofrece una alternativa para atender dichas fuentes de empleo.

Consideró que, a diferencia del sector turístico, el cual redujo su actividad 70 por ciento, quienes se dedican a la literatura, teatro, artes escénicas, danza, música y arte sonoro, artes visuales y medios audiovisuales, ingenieros y staff, animadores, DJs y demás oficios y servicios relacionados con éstos enfrentan una disminución de hasta 95 por ciento.

Omar Miranda añadió que este mecanismo ya ha sido implementado en el estado de Michoacán con una bolsa inicial de 10 millones de pesos, por la que se otorga un apoyo de más de seis mil pesos por beneficiado, pero, acotó, debe considerarse que Veracruz duplica la población que existe en Michoacán conforme al último censo.

Finalizó su exposición valorando la intervención estatal para abatir los índices de desocupación y la necesidad de implantar programas de apoyo al empleo, la reactivación económica, la recomposición de la base laboral y la recuperación de la actividad productiva de quienes han perdido su fuente de ingresos a causa de la pandemia.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del Artículo 184 del Código Penal para el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer que se configura el delito de violación cuando entre el activo y el pasivo existiese o haya existido, además de un vínculo matrimonial o de concubinato, una relación de pareja o de hecho.

La propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del PRI-PVEM, destaca que así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato ahora se pretende ampliar a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

Considera como pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Asimismo, expone que en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

El Poder Judicial de la Federación –se lee en la Iniciativa- ha emitido ya diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que, aun cuando se trate de personas unidas en matrimonio o en cualquier otro tipo de relación familiar similar, es válido interpretar que se trata de una violación, si la conducta se comete en contra de la voluntad de la víctima.

Las y los proponentes señalan que en la mayoría de los códigos locales de las entidades del país y en el Código Penal federal esa modalidad del delito de violación sólo es perseguible por querella. En tanto que en Veracruz, como sucede también en Coahuila,

Hidalgo, Sinaloa y Sonora, no se encuentra acotada la procedencia del inicio de la investigación a esa forma de hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la comisión del ilícito.

Consideran que es necesaria una disposición como la descrita, a fin de que cualquier persona sabedora del delito lo pudiera denunciar a la autoridad o que ésta pudiera iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva, indica.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.