La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz aprobó hoy las dispensas legales a seis personas trabajadoras del sector salud para que cada una de ellas pueda desempeñar dos encargos públicos cuyos horarios de labores resultan compatibles.

Y es que el artículo 82 de la Constitución del Estado señala que “no podrán reunirse en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el municipio, y de éste último y la Federación, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale la ley”.

En este caso se trata de los médicos Gerardo Bajonero Saavedra, Armando Demetrio Romero, Jorge Guerrero Alarcón y Érik Torres Mora; la auxiliar de enfermería Laura Isabel Sánchez Tovar y el enfermero Óscar Arión Cervón Cárdenas, quienes trabajan en diversas dependencias de salud mayoritariamente estatales –sólo dos de ellos laboran también en el IMSS-.

Con la aprobación votada en la Cuarta Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de la Sexagésima Quinta Legislatura ahora tienen vía libre para contar con dos empleos en jornadas que no interfieren: por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes en un hospital y sábado y domingo en otro; o si tienen un empleo por las mañanas y otro por las tardes.

Los dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social, que se tramitan y se votan por separado, tomaron en consideración las declaraciones escritas de sus superiores jerárquicos en cada empleo avalando lo anterior.

La diputada Deisy Juan Antonio exhortó, a través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que remita a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento el informe y documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada, en diciembre de 2019, a organismos relacionados con el servicio de agua a fin de conocer el estado que guarda dicho procedimiento.

Ante la importancia y derecho inherente de todo ciudadano para contar con servicios públicos de mayor y mejor cobertura, principalmente en lo que refiere al servicio de agua potable, dijo la legisladora, autoridades u órganos públicos atienden esta necesidad a través de concesionarios o cualquier otro medio legal sujeto a un régimen de derecho público o privado, procurando garantizar cobertura en el servicio con calidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y equilibrio financiero.

Sin embargo, señaló, en la entidad ha habido casos en los que no se ha procedido con la transparencia y legalidad adecuada para otorgar las concesiones que regulan este servicio. “Tal fue el caso de la propuesta presentada por el Consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V., comercialmente conocido como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V.

En años anteriores, en un acto de ilegalidad, continuó, se autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para que a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida comercialmente como Grupo MAS, por un término de treinta años, puntualizó.

En este sentido, destacó, desde el inicio de sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios, teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad.

Dichas demandas han sido constantes por parte de los usuarios del servicio, indicó la diputada, por lo que el pasado 18 de agosto fue turnada a las Comisiones Unidas de

Hacienda Municipal y de Agua Potable y Saneamiento, la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el servicio de agua a estas empresas.

Al respecto, manifestó la presidenta de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento que se ha realizado un análisis de la situación con base en todos los elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo; para que en caso de proceder a la revocación del título, se generen los menores costos posibles al estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para la sociedad.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de procurar que el marco normativo que rige al Poder Judicial en el Estado no contenga disposiciones erróneas o contradictorias, el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los proponentes, diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, ponderan la necesidad de garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La reforma al Artículo 17 de la referida ley precisa entre las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia la señalada en la fracción XXI, consistente en nombrar, mediante votación secreta, a dos magistradas o magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la misma ley.

Proponen también actualizar el Artículo 71 para que cada una de las Salas de los Tribunales del Poder Judicial cuente con una secretaria o secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrada o magistrado, así como haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con una secretaria o secretario General de Acuerdos.

En lo que respecta a las atribuciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, contempladas en el Artículo 88, plantean reformar la fracción XVII, que le faculte tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución, con excepción de los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 17 de esta Ley.

Por cuanto toca al Tribunal Superior de Justicia, para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, el procedimiento señalado en el Artículo 171 incluiría que, cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado, acorde con el procedimiento previsto en los artículos 167 y 168 de esta Ley, dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva.

Para su estudio y análisis, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado local Alexis Sánchez García presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Veracruz a fin de fomentar y regular el reciclaje de llantas de desecho en la entidad.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que en Veracruz se generan cada año 2.1 millones de neumáticos de desecho, cuyo destino principal son tiraderos a cielo abierto, por lo que son una fuente de contaminación y un riesgo para la salud pública.

Dentro de los problemas ambientales que más impacto acarrea el mal manejo del tratamiento final de las llantas usadas de desecho, encontramos los riesgos de incendios; la proliferación de fauna nociva; el volumen que ocupan en rellenos sanitarios acortando su vida útil; y la contaminación visual que degrada la calidad de vida de quienes habitan en sus cercanías.

La industria del reciclaje, señala el legislador, ofrece una serie de ventajas ambientales, sociales y económicas de gran beneficio para México, al crear fuentes de empleo, generar nuevos mercados de bienes de consumo como: topes, señalamiento de tránsito, materia prima para asfalto, cemento hidráulico, pisos, empaques, uso en pastos sintéticos, pistas deportivas, entre otras.

De ahí que se proponga, de manera específica, que las llantas que sean desechadas deban destinarse para su reciclado, tratamiento y disposición final, a centros de acopio, que cuenten con la tecnología necesaria para cumplir con dichos fines, añadió.

En caso de ser aprobada la iniciativa, las llantas deberán ser recogidas y transportadas como cualquier otro residuo sólido de los ya previstos en la ley, pero en lugar de ser destinadas a rellenos sanitarios o basureros como hasta ahora se realiza en algunos casos, deberán ser entregadas a dichos centros de acopio para su atención final.

Para su análisis y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.