Debido a que la contaminación atmosférica es un problema ambiental latente, que va en aumento y que pone en riesgo la salud y bienestar de los más de ocho millones de veracruzanos, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que busca establecer acciones concretas para que automovilistas cumplan debidamente con la normatividad aplicable y que las autoridades difundan debidamente la información sobre el índice de calidad de aire y los riesgos a la salud.

La legisladora puso a consideración su propuesta de reforma a la Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental, la cual busca adicionar una fracción tercera al artículo 123 para que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), difundan a la población la información ambiental relativa al monitoreo de contaminantes atmosféricos expresados en el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, así como las acciones para reducir su exposición a dichos contaminantes.

A través de la adición del Artículo 143 ter, se busca otorgarle facultades a la PMA en materia de prevención de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de competencia estatal, con el fin de que pueda inspeccionar las fuentes móviles para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y la normatividad aplicable en la materia.

También, deberá integrar y mantener actualizado un registro de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles; y estaría facultada para imponer sanciones y medidas por infracciones a las leyes y reglamentos de la materia aplicables y normas oficiales mexicanas.

En consecuencia, se plantea que la misma PMA pueda realizar, en coordinación con las autoridades correspondientes, actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables, y en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental, imponga las sanciones administrativas que correspondan.

Asimismo, esta Procuraduría podría requerir a los responsables de la operación de fuentes móviles de su competencia, el cumplimiento de los criterios ecológicos, las normas técnicas

ambientales y la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, y en caso contrario, podría imponer las sanciones correspondientes.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que su propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección a la salud de la población veracruzana. “Entre todas y todos, sumando esfuerzos desde nuestro actuar cotidiano podemos reducir la contaminación del aire que respiramos, mejorar nuestra salud pulmonar y heredar un ambiente más sano a las generaciones próximas”, concluyó.

A la propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, y los Mixtos, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido.

Posterior a su lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y dictamen.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, mediante el cual exhorta al Gobernador del Estado para que, a través de las instancias correspondientes, apoye a los prestadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, con el otorgamiento de prórrogas y permisos durante la contingencia sanitaria.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad dijo haber recibido solicitudes de apoyo por parte de concesionarios y trabajadores del volante, quienes le han manifestado encontrarse en una grave situación económica, a causa de la escasa solicitud del servicio por la contingencia.

Una de dichas peticiones, expuso la legisladora, es que se les dispense, mientras dura la contingencia sanitaria, el trámite de la licencia tipo A, cuyo costo aproximado es de 850 pesos, y recibir el curso de manejo cuya constancia sea válida para realizar su labor. Asimismo, que se les exima el cambio de vehículo o se les permita el uso de un vehículo de modelo anterior, que esté en buen estado y cumpla lo que la ley señala.

Otra solicitud es que el trámite de bajas administrativas por cambio de vehículo se realice en esta ciudad de Xalapa y no en la ciudad de Veracruz. La apertura de una oficina en la capital del Estado –explica la Diputada- evitaría gastos de traslado y el riesgo de contagio de Covid-19, debido a que el municipio porteño es el que registra el mayor número de casos en la entidad.

Finalmente, Magaly Armenta propuso que, en los casos en que el vehículo infraccionado pueda desplazarse por sí solo para presentarse en la delegación de Transporte correspondiente, se prescinda del servicio de grúa, cuyo costo es de hasta 4 mil pesos.

Se adhirieron a este Anteproyecto de Punto de Acuerdo los grupos legislativos de Morena y Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, así como la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

Durante la séptima sesión permanente del segundo receso, del segundo año del ejercicio constitucional, la diputada Mónica Robles Barajas presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona, diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz a efecto de incorporar, como responsabilidad gubernamental, el contenido relativo a la igualdad de género y la erradicación de la violencia, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa señala que en Veracruz existe la normatividad que respalda dicha pretensión legislativa, prevista en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual determina elaborar los presupuestos de egresos del Estado con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento, en el ámbito de su competencia de las políticas de igualdad.

Asimismo, las obligaciones del Poder Legislativo, garantiza la asignación de recursos suficientes y con perspectiva de género en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.

La legisladora Robles Barajas explicó que el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024 contempla en el Eje de Derechos Humanos, las políticas y programas implementados por las Secretarías de Gobierno (Segob), Educación (SEV), Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud.

De este modo, los tres ejes coinciden en el cumplimiento de políticas públicas con enfoque de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, de una manera transversal, por lo que los presupuestos públicos que se destinen deberán tener esta dirección como perspectiva primordial, añadió.

De igual forma, refirió la integrante del Grupo Legislativo de Morena, Veracruz incorpora al Presupuesto de Egresos del Estado, Anexos Presupuestales en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres, sin embargo, “a pesar de tales inserciones, no se ha logrado que los administradores públicos, responsables de la ejecución del gasto público y los operadores de los programas ahí establecidos, hagan permear tal visión en la actividad

integral del aparato burocrático, “por lo que se hace necesario reforzar las disposiciones legales respecto a ello, pasando de ser temporales y discrecionales, a permanentes y obligadas, como se plantean en la presente iniciativa”, enfatizó.

Finalmente, la diputada señaló que la incorporación de la Perspectiva de Género en los procesos de planeación, presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, de programas y acciones gubernamentales, para lograr la Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ha sido una exigencia permanente de las mujeres, de la sociedad civil organizada y del movimiento feminista.

“La iniciativa que hoy pongo a su consideración, podrá garantizar la institucionalización y la transversalización de la Perspectiva de Género en el presupuesto estatal, mediante reformas a nuestro Código Financiero”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y para la Igualdad de Género.