Al considerar que actualmente el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es deficiente y los cobros excesivos, siendo una de las principales quejas de las y los veracruzanos, la legisladora Florencia Martínez Rivera presentó al Pleno una iniciativa por la cual se prevé facultar al Ejecutivo estatal para expedir el Reglamento respectivo, con el objetivo de que este servicio público esté regulado y se brinde certeza jurídica a los usuarios y concesionarios.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la diputada propone que las personas físicas o morales, autorizadas para el arrastre de vehículos en determinado lugar, tengan un llamado de manera equitativa para prestar el servicio, el cual tendría que ser programado y publicado con el consenso de todos los concesionarios.

Al respecto y en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado, se prevé como castigo la suspensión de 30 días naturales de la unidad infractora y, en caso de reincidencia, se suspendería la licencia del operador.

Por otra parte, en caso de existir quejas de parte de los prestadores de servicios, en relación a la programación o llamados inequitativos y que sea verídico, el servidor público encargado de ello sería sancionado administrativamente con 30 días de suspensión del cargo, y en caso de reincidencia, podría ser removido de dicho cargo e inhabilitado para el mismo en un periodo mínimo de seis años.

De igual forma, también se busca que cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de seis meses en un corralón, pueda tramitarse, ante la autoridad correspondiente, la baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de impuestos de derechos vehiculares.

Los concesionarios del servicio público auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos deberán respetar las tarifas establecidas.

En su intervención, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, puntualizó que, en reiteradas ocasiones, las personas afectadas por el citado servicio acuden a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluso con presidentes municipales y diputados para que intervengan ante los concesionarios por el mal servicio. “Esto, sin éxito alguno, ya que no existe el reglamento o instrumento jurídico idóneo que lo regule”.

Agregó que como diputados y representantes de la sociedad veracruzana debe garantizarse que el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sea prestado con eficiencia, eficacia, honradez y apegado a la ley, protegiendo y salvaguardando el interés colectivo.

Tras la lectura en Tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva ordenó turnarla a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su análisis y dictamen.

Con la finalidad de atender la legítima demanda del sector ganadero del estado de Veracruz, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión para reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal, a fin de que el delito de abigeato sea considerado como grave y el juez ordene la prisión preventiva para quien lo cometa.

Al participar durante la tercera sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, el legislador García Escalante subrayó que es necesario atender esta demanda de las y los ganaderos veracruzanos. “Debemos ponernos en su lugar y sentir en carne propia la impotencia que significa que su patrimonio se vea mermado o en ocasiones totalmente arruinado por el robo de su ganado”.

Manifestó que en la zona norte de la entidad, además de los estragos de la pandemia, la sequía y el incremento del abigeato ha perjudicado reiteradamente a las y los ganaderos, afectando seriamente su patrimonio y la de sus familias.

Señaló que, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de octubre de este año se han presentado 409 denuncias por robo de ganado, lo cual –consideró- comparado con el resto de las entidades que tienen mayor producción de ganado, la cifra es preocupante.

Ejemplificó que en el mismo periodo, el estado de Jalisco ha registrado 124 denuncias, Chiapas 63, Chihuahua 184 y Oaxaca 71. “Es decir, en Veracruz la incidencia por este delito es 250 por ciento mayor en comparación con Jalisco”, abundó.

Dijo que, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el inventario ganadero bovino del país -a diciembre de 2019- era de 35 millones 224 mil 490 cabezas de ganado de los cuales, el estado de Veracruz aportó 4 millones 325 mil 138, es decir, el 12.4 por ciento del total del inventario nacional.

Por último, el legislador García Escalante precisó que su iniciativa representa un acto de justicia para las y los ganaderos veracruzanos que a pesar de las adversidades continúan confiando su patrimonio en esta entidad, generando empleos, activando la economía local y poniendo el nombre de Veracruz, como uno de los estados más competitivos en este sector.

-Ajustarían Código Penal y Código de Procedimientos Penales-

Como consecuencia de la anterior iniciativa, el legislador Rodrigo García Escalante presentó también la propuesta de reforma, ante el Congreso de la Unión, para modificar el tercer párrafo del artículo 381 Ter del Código Penal Federal y la fracción VIII del artículo 318 Ter del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito es elevar la pena por la comisión del delito de abigeato, de seis a quince años, así como establecer que dicho ilícito ameritará la prisión preventiva oficiosa.

Ambas iniciativas fueron turnadas, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. En caso de ser aprobadas por el Pleno de la LXV Legislatura estatal, serían remitidas al Congreso de la Unión para continuar con el trámite correspondiente.