Para que las mujeres veracruzanas y las que transitan por la entidad tengan garantizados sus derechos humanos y ante la vulnerabilidad que viven mujeres migrantes en su paso por el estado, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley con la que autoridades tendrían que implementar acciones para prevenir y atender la violencia que se ejerce en contra de ellas.

A través de su iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la diputada Lagunes Jáuregui prevé que en el diseño e implementación de las políticas públicas, las autoridades incorporen la perspectiva de género en sus políticas para garantizar a las mujeres migrantes el ejercicio de sus derechos humanos, incluido su derecho a vivir libres de violencia.

Al reformar el artículo 25, fracción XXI, busca que el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes tenga la obligación de garantizar mecanismos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Asimismo, se incorporaría la obligación de los Ayuntamientos de generar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres migrantes en coordinación con el IVM.

De acuerdo a la iniciativa, se reformaría el artículo 44, en sus fracciones II y III, para que el IVM implemente programas y acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes, en coordinación con los Ayuntamientos y la obligación de brindar capacitación especializada para garantizar a las mujeres y niñas migrantes una atención con perspectiva de género.

La legisladora Nora Lagunes subrayó que el IVM como ente rector de la igualdad y responsable de promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales es la instancia que debe generar las acciones en coordinación con los Ayuntamientos y con el Instituto de Atención a Migrantes, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres migrantes.

Destacó que el derecho a vivir sin violencia debe ser garantizado a todas las mujeres migrantes que se encuentren en cualquier circunstancia, “es obligación de todas las autoridades responsables, coordinar esfuerzos para su atención”, abundó.

Por otra parte, indicó que en la entidad hay cinco albergues y lugares de acogida para personas migrantes: Oasis Caridad Sin Fronteras A.C. en Coatzacoalcos; Casa del Migrante, Diócesis de Coatzacoalcos, A.C. en Coatzacoalcos; Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer González, en Acayucan; Albergue Decanal Guadalupano, en Tierra Blanca; y el Albergue-Comedor “La Esperanza del Migrante”, dirigido por Las Patronas, en Amatlán de los Reyes.

“Es en estos lugares donde se debe trabajar de manera coordinada con el IVM, para implementar programas de prevención y atención de la violencia, con personal especializado”, refirió.

Dijo que para estos servicios hay recursos federales por parte de Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tal como se hizo en 2019.

Previamente, la diputada Nora Lagunes, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, expuso que las mujeres migrantes que transitan por México representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito. “En 2010 las mujeres representaron 14.2 por ciento de los eventos de detención en estaciones migratorias en México, las cuales son en su mayoría de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador; en los últimos años las niñas representan aproximadamente 23 por ciento de estos eventos de detención”.

Sostuvo que la violencia contra las personas migrantes es una problemática que debe ser abordada desde distintos ámbitos de atención. Agregó que en su transitar se encuentran bajo una violencia cotidiana, la que experimentan con sus compañeros de viaje, otros migrantes, con agentes de las instituciones estatales, garroteros, choferes de tráiler, personas que viven en las rutas de tránsito, personal de los albergues que atienden a migrantes, entre otros.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Población y Atención a Migrantes y Para la Igualdad de Género.