El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que las autoridades intentaron detener con vida a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder de una célula delictiva, durante el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, pero el capo abrió fuego contra los militares, lo que derivó en su muerte.
En conferencia mañanera, el funcionario explicó que los elementos del Ejército solicitaron al líder criminal que se entregara; sin embargo, éste respondió disparando contra los efectivos.
“Se intentó detenerlo con vida, pero se está muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”, afirmó Trevilla Trejo.
El titular de la Defensa añadió que, debido al perfil del líder criminal y al armamento con el que contaba, era poco probable que accediera a rendirse.
“Por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento”, señaló.
El secretario explicó que el despliegue del 22 de febrero se llevó a cabo conforme a las órdenes de operación militares y bajo los lineamientos de la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza, la cual establece que los elementos sólo pueden usar sus armas cuando su vida o la de sus compañeros esté en riesgo.
Según detalló Trevilla Trejo, el operativo tuvo dos momentos principales. El primero ocurrió en unas cabañas, donde murieron un oficial y un soldado tras el ataque de los integrantes del grupo criminal.
Posteriormente, en una zona boscosa donde se encontraba Oseguera Cervantes acompañado de dos escoltas, los militares lograron rodearlo y le pidieron que se entregara.
No obstante, el capo volvió a disparar contra los elementos del Ejército.
“Fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, explicó.
Tras el enfrentamiento, “El Mencho” resultó herido. Personal de sanidad militar le brindó primeros auxilios tanto al capo como a sus escoltas, además de atender a dos elementos de la Defensa que también resultaron lesionados.
El secretario señaló que, conforme al protocolo, cuando los agresores resultan heridos se les estabiliza y se solicita apoyo médico inmediato, por lo que se pidió una ambulancia aérea para su traslado.
Finalmente, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la necropsia y los peritajes correspondientes, con los que se determinó que el actuar de las fuerzas armadas se apegó a la ley.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no requería una invitación a la reunión entre el presidente estadunidense y líderes de América Latina, al asegurar que ya existe un entendimiento bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos.
En conferencia mañanera, la mandataria explicó que este acuerdo de cooperación comenzó a construirse desde el inicio del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump, mediante la creación de un grupo de trabajo bilateral enfocado en temas de seguridad y protección territorial.
“Nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos, casi desde el inicio del gobierno del presidente Trump ya estaba el equipo de seguridad en Washington”.
Sheinbaum comentó que el primer acercamiento formal ocurrió el 7 de febrero, cuando funcionarios viajaron a Washington junto con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer los mecanismos de coordinación.
Posteriormente, agregó, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, visitó México, encuentro en el que se consolidó el acuerdo bilateral en materia de seguridad.
Reiteró que ambos países mantienen reuniones periódicas entre equipos de seguridad, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos y evaluar resultados.
En ese proceso participan diversas instituciones estadunidenses, entre ellas el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Comando Norte de Estados Unidos, además de dependencias mexicanas responsables de la seguridad nacional.
Según la mandataria, esta coordinación ha permitido avances en temas clave como el combate al tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos.
El empresario tabasqueño y ex trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Guerrero Rojas, hoy popularmente conocido luego de viralizarse el lujoso fiestón de XV años de su hija Mafer, acumuló una deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 3.6 millones de pesos. El caso está relacionado con la omisión de declarar la venta de millones de litros de combustible en 2013 por parte de una de sus empresas.
De acuerdo con publicación del diario El Universal, documentos de la Secretaría de Finanzas de Tabasco demuestran que Juan Carlos Guerrero fue designado como responsable solidario luego de que su compañía no pudiera saldar el adeudo.
Refiere que el 4 de junio del 2015 la Dirección de Auditoría Fiscal de Tabasco determinó una deuda 2 millones 848 mil 192 pesos, por la omisión; y fue en agosto del 2022 el Departamento de Supervisión y revisión de Procedimientos Legales de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tabasco realizó una resolución de responsabilidad debido al incumplimiento fiscal.
Tras actualizaciones y recargos, la deuda creció tras la omisión y acumuló la suma de 3 millones 600 mil pesos, y por poseer el mayor número de acciones de la empresa, Juan Carlos Guerrero Rojas fue señalado como el «responsable solidario» de saldarla.
El responsable solidario es una figura legal, física o moral, obligada a cumplir una deuda o prestación tributaria ajena en su totalidad, cuando el obligado principal incumple, sin necesidad de agotar primero acciones contra este último. Aplica principalmente en materia fiscal, administradores, socios, terceros y contratos, cuando no cuentan con solvencia.
Ante tal situación, el empresario tabasqueño y ex trabajador de Pemex, Juan Carlos Guerrero Rojas, declaró y demostró a la autoridad que no poseía bienes ni cuentas para saldar el adeudo de 3.6 millones de pesos. Tras verificaciones, en el domicilio fiscal, no hallaron ninguna empresa.
La celebración de XV años en Tabasco que se viralizó tras haber sido amenizada por la cantante Belinda, J. Balvin, Matute y Galilea Montijo fue organizada por Juan Carlos Guerrero Rojas, al presunto ex trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) y propietario de Petroservicios Integrales México, quien en los últimos años ha construido un emporio empresarial con al menos 17 empresas vinculadas a la industria petrolera y al sector inmobiliario.
Sus empresas han obtenido contratos por millones de dólares en el sector petrolero y dos de los más recientes superan en conjunto los 3 mil millones de dólares. Asimismo que fue demandado por Pemex sin que se conozca el resultado de las querellas.
Entre los actores políticos vinculados al empresario figuran el exalcalde de Comalcalco Héctor Peralta Grappín y el exsenador del PRD Salvador Herrera, quien recientemente se integró a la bancada de Morena y mantiene cercanía con el grupo político de Adán Augusto López Hernández.
Autoridades investigan el posible impulso político del actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien además mantiene amistad con el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas.
Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, el empresario fue directivo del Instituto Tecnológico de Comalcalco durante el periodo en el que se descubrió la Estafa Maestra, esquema en el cual instituciones de educación superior firmaban convenios con dependencias federales que posteriormente fueron señalados dentro de un mecanismo de desvío de recursos a empresas fantasma. El instituto es señalado en contratos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre 2015 y 2016.
Datos de la ASF refieren que los convenios se habrían desviado al menos 168 millones de pesos a través de empresas subcontratadas que no acreditaron la realización de los servicios.
•Expresa el presidente de la Jucopo apoyo a las víctimas y reafirma el rechazo absoluto de la LXVII Legislatura a todo acto que atente contra la dignidad de las mujeres.
Xalapa, Ver., 09 de marzo de 2026.- En el Congreso de Veracruz no toleramos ni toleraremos el acoso sexual ni cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las mujeres, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentara una orden de aprehensión en contra de José Manuel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito del que se le señala en agravio de dos víctimas.
El legislador afirmó que este tipo de acciones son inconcebibles en cualquier ámbito de la vida, más aun en el ámbito del servicio público, en el que las mujeres han luchado por obtener posiciones con base en su desempeño y preparación. “Hemos expresado y manifestado nuestra solidaridad y absoluto respaldo a las compañeras. Cuentan con todo el apoyo legal e institucional y nos mantenemos atentos y cercanos”, agregó.
Esteban Bautista destacó que, a su vez, las áreas de este Congreso actuaron tan pronto tuvieron conocimiento de los hechos señalados por las víctimas y dijo confiar completamente en el desempeño de las autoridades para que este caso se lleve adelante con estricto apego a derecho.
En este caso, señaló, tuvo conocimiento el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) fungiendo como primer contacto, cuya instancia dio vista a la Contraloría Interna del Poder Legislativo para lo conducente y, a su vez, a la FGE.
El presidente de la Jucopo reiteró el compromiso de la LXVII Legislatura de no tolerar prácticas de acoso en este Congreso. “Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie que incurra en este y en cualquier delito. Lamentamos lo ocurrido y confiamos en que las autoridades llegarán hasta las últimas consecuencias”, aseveró.
De acuerdo con la FGE, en respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional, el cual determinará su situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 121/2026.
– Presentara 7 denuncias ante la Fiscalía anticorrupción por diversos delitos cometidos por exfuncionarios públicos de la anterior administración municipal.
– Falta de pagos de impuestos federales, estatales y 64 obras con inconsistencias, engruesan la cifra del presunto daño patrimonial.
– Procederá también por la vía administrativa para buscar la inhabilitación de los ex integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal.
Santiago Tuxtla, Ver; Lo que parecía un simple cambio de administración se está convirtiendo en un escándalo financiero de gran tamaño. El alcalde Noé Domínguez Cadena encendió las alarmas al revelar que su gobierno detectó un presunto daño patrimonial que podría superar los 133 millones de pesos durante la administración encabezada por la maestra Brianda Kristel Hernández Topete.
Las cifras, explicó el edil, surgen de una auditoría realizada por el nuevo gobierno municipal, en la que se encontraron graves inconsistencias en al menos 64 obras ejecutadas entre 2024 y 2025, muchas de ellas presuntamente fuera de los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) solo en el rubro de obra pública, las observaciones rebasan los 80 millones de pesos.
Pero el golpe más fuerte no está solo en las obras, Noé Cadena reveló que la administración anterior dejó adeudos fiscales por alrededor de 53.7 millones de pesos, dinero que según afirmó sí estaba presupuestado, pero nunca se pagó.
Entre los pendientes detectados se encuentran, Retenciones de ISR no enteradas a la federación, falta de pago del 3% sobre la nómina, derechos y obligaciones incumplidas con Hacienda estatal y federal, entre otros pendientes de pago que dejo la anterior administración.
“Ese dinero lo tenían, lo presupuestaron, pero simplemente no lo pagaron”, señaló el alcalde, quien advirtió que estas omisiones hoy tienen consecuencias directas para el municipio, ya que las participaciones federales llegan con descuentos por multas, recargos y créditos fiscales generados por esos incumplimientos.
Por lo que en los próximos días presentará más de siete denuncias formales contra exfuncionarios de la administración pasada, las acusaciones incluirán presuntos delitos como, Peculado, Desvío de recursos, Incumplimiento de un deber legal, omisión y Corrupción.
Además, el Ayuntamiento iniciará procesos administrativos para buscar la inhabilitación de varios exservidores públicos, entre ellos integrantes de la comisión de Hacienda, la exalcaldesa, el exsíndico, la exregidora primera, la excontralora, funcionarios de obras públicas y el extesorero municipal.
Sumado a esto, informó que la Auditoría Superior de la Federación ya notificó una observación adicional por 16 millones de pesos, considerada como falta grave, por lo que ordenó abrir una investigación administrativa al área de Contraloria interna que podría derivar en sanciones e inhabilitaciones.
Mientras las auditorías avanzan, el nuevo gobierno municipal de Noé Cadena, ha tenido que realizar esfuerzos extraordinarios para cumplir con pagos básicos, ya que los adeudos heredados generan descuentos en las participaciones federales.
Aun así, afirmó que su administración ha buscado mantener estabilidad financiera, “Desde el primer día estamos estirando los recursos. A pesar de que no había dinero, fuimos de los pocos ayuntamientos que pagaron la primera quincena y seguimos cumpliendo nuestras obligaciones para que la población sea la menos afectada”, dijo.
Con denuncias penales en puerta, auditorías abiertas y millones de pesos bajo sospecha, el legado financiero del gobierno de Kristel Hernández Topete comienza a perfilarse como uno de los escándalos administrativos más graves en la historia reciente de Santiago Tuxtla, un caso que ahora quedará en manos de las autoridades fiscalizadoras y judiciales.
