La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann, quien lanzó comentarios despectivos contra México y los mexicanos luego del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra. Referenciageográfica
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como «indignantes» las expresiones del comunicador y cuestionó a quienes, desde México, respaldan o difunden sus opiniones.
Critica a quienes respaldan al conductor
Sheinbaum afirmó que más allá de los comentarios emitidos por el periodista, resulta relevante identificar quiénes lo apoyan públicamente.
«Lo interesante de este caso no es solamente la indignante declaración de este personaje sobre el pueblo de México, sino quiénes son sus amistades, quiénes lo promueven, quiénes se toman fotografías con él y quiénes difunden sus mensajes», señaló.
La Presidenta sostuvo que quienes simpatizan con el conductor pertenecen a sectores de la derecha y la extrema derecha mexicana.
Polémica tras el partido México-Inglaterra
La controversia surgió después del partido disputado entre las selecciones de México e Inglaterra, cuando Eduardo Feinmann realizó comentarios ofensivos hacia los mexicanos. Referenciageográfica
Entre otras expresiones, aseguró que «detesta» a los mexicanos y afirmó que sienten envidia de los argentinos en distintos ámbitos, declaraciones que rápidamente provocaron reacciones en redes sociales y en diversos sectores políticos.
Rechaza ataques contra los mexicanos
Claudia Sheinbaum reiteró que este tipo de descalificaciones son inaceptables y defendió al pueblo mexicano frente a los señalamientos realizados por el comunicador argentino.
La mandataria insistió en que México merece respeto y lamentó que existan figuras públicas que utilicen discursos ofensivos para generar confrontación.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del estado, diputado Esteban Bautista Hernández, e integrantes de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, diputadas Imelda Garrido Alvarado, María Elena Córdova Molina y Liud Herrera Félix, presidenta y vocales, respectivamente, se reunieron con autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, con quienes dialogaron acerca de diversos proyectos científicos enfocados en impulsar estrategias para el desarrollo de la citricultura regional.
En el encuentro, al que también asistió la diputada secretaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, Roxana Barragán Hernández, se acordó mantener el trabajo coordinado para proyectar futuras iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente en la entidad.
•Además de la licenciatura en Derecho, podrán participar personas con estudios en contaduría pública, economía o administración pública.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó por mayoría de votos el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Vigilancia, que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado para establecer que, además de la licenciatura en Derecho, para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), podrán participar personas con perfiles profesionales en áreas de contaduría pública, economía o administración pública.
En el dictamen, (que registró 39 votos a favor y siete en contra, sin abstenciones) resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, las legisladoras y legisladores estimaron conveniente ajustar que la persona aspirante al cargo de titular del organismo autónomo no debe haber ocupado, durante el año previo al de su nombramiento, la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, de alguna secretaría de despacho, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Senaduría, diputación local o federal, ni presidencia municipal.
De igual forma, las instancias dictaminadoras exponen que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado prevé, para la titularidad del Orfis, los perfiles de contador público, licenciaturas en derecho, economía o administración pública, así como la experiencia mínima que la propia ley determina en materia de control y auditoría, “la reforma ajusta el perfil constitucional exigido a la persona titular, para hacerlo compatible con la naturaleza de la función fiscalizadora y con lo dispuesto en la ley de la materia”, destaca.
Previamente, indican que el título de licenciado en Derecho acota el acceso al cargo de perfiles profesionales igualmente idóneos para la revisión de las cuentas públicas, como los propios de la contaduría pública, la economía y la administración; por lo que consideraron viable la reforma al último párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Al tratarse de una reforma a la Carta Magna del estado su aprobación se sujeta al procedimiento del Artículo 84 del propio ordenamiento, conforme al cual las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las diputaciones que integran el Congreso y, para formar parte de la Constitución, requerirán la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos; correspondiendo a esta Soberanía o a la Diputación Permanente el cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria respectiva.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén explicó que la reforma sustituye una remisión genérica por un catálogo directo de profesiones para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Orfis. Agregó que la función fiscalizadora demanda perfiles profesionales que deben estar acompañados de experiencia acreditada en control, auditoría y rendición de cuentas, tal como lo establece la ley.
Añadió que con esta reforma se garantiza que el Orfis sea encabezado por mujeres y hombres que posean una preparación técnica adecuada al ejercicio de las atribuciones, “limitar artificialmente el universo de aspirantes a un solo tipo de formación profesional no fortalecía la fiscalización. Hoy eliminamos esa restricción y abrimos la puerta a que los mejores talentos, con independencia de su disciplina de origen, puedan poner su conocimiento al servicio de la vigilancia del patrimonio colectivo”.
La legisladora Citlali Medellín Careaga, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que el dictamen abre el acceso a las profesiones vinculadas con la revisión del gasto público, con título expedido cuando menos cinco años antes del nombramiento; conserva las garantías de imparcialidad, porque quien ocupe la titularidad deberá mantenerse al margen de todo partido político, dedicarse por completo a la función y llegar sin haber ocupado cargos políticos de primer nivel en el año previo.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román indicó que debe dejarse por escrito en la ley que la persona que ocupe la titularidad del Orfis debe ser alguien imparcial. De igual forma se pronunció por legislar para designar a personas objetivas y con experiencia en diversas áreas.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, precisó que la fiscalización ocupa un lugar importante en la vida democrática del estado debido a que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Destacó que esta reforma actualiza la Constitución para que la persona titular del organismo autónomo cuente con el perfil profesional acorde con la naturaleza técnica de la responsabilidad que asumirá.
Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó que la fiscalización es una alta responsabilidad, toda vez que debe servir a las y los veracruzanos y no al gobierno en turno. Informó que no acompañan esta reforma ya que se cambian las “reglas del juego” previo al nombramiento de quien ocupe la titularidad del Orfis.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar criticó la reforma y consideró que es “a modo” para que venga una persona de fuera para la función fiscalizadora, “es un gran retroceso para Veracruz”.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz lamentó que se quite el requisito de ser veracruzano para ocupar la titularidad del organismo autónomo y aseveró que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio de igualdad no impide establecer requisitos de acceso a cargos públicos.
El legislador Héctor Yunes Landa dijo que con esta reforma se menosprecia el talento de miles de veracruzanos al seguir trayendo funcionarios de otras entidades. Agregó que es una estrategia para un blindaje alejado de los principios de certeza y seguridad, “además quitan el requisito del promedio mínimo de calificaciones durante su trayectoria profesional”.
*Establece Congreso reglas para el procedimiento de Revocación de Mandato*
•Con esta reforma, se determina el plazo para reunir firmas y orden en la distribución territorial del respaldo ciudadano; el Ople tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó el dictamen de decreto por el que se reforma el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de Revocación de Mandato, precisando que este mecanismo de participación ciudadana y rendición de cuentas contará con reglas claras, verificables y accesibles.
El dictamen, que registró 39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, fue sometido a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Organización Política y Procesos Electorales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
De esta manera, se establece en el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Carta Magna estatal que, “durante el mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional marcado en esta Constitución, la ciudadanía con derecho para votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal electoral del estado, distribuidas en cuando menos la mitad más uno de los municipios, y que en cada uno de éstos representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores del municipio respectivo”
Lo anterior, “a efecto de presentar al Organismo Público Local Electoral durante los tres meses posteriores a la conclusión de dicho tercer año sus respectivas intenciones para la celebración de dicho procedimiento, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de tal requisito dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del periodo concedido, conforme al procedimiento de verificación que establezca la ley de la materia, y en caso de estarlo expedirá de inmediato la convocatoria respectiva”.
Las instancias legislativas que analizaron la propuesta del PVEM exponen en el dictamen que la previsión relativa al mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional debe entenderse como una etapa preparatoria de recolección de apoyos ciudadanos, y no como presentación anticipada de la solicitud.
Refieren que la exigencia de que, en cada municipio comprendido dentro de la mitad más uno, los apoyos representen cuando menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal, no altera el umbral estatal del 10 por ciento previsto como base mínima, “su finalidad es ordenar la distribución territorial del respaldo ciudadano, para que la solicitud tenga presencia verificable en el número de municipios exigido y pueda ser calificada por la autoridad electoral con parámetros objetivos”.
Por otra parte, estiman oportuno precisar el término de 30 días naturales para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) verifique el requisito de apoyo ciudadano, remitiéndose el procedimiento a la subsecuente ley en la materia, de manera que se cuente con término, método y consecuencia expresos, “pues la convocatoria se expide únicamente cuando el requisito se encuentra satisfecho”.
Previamente, las Comisiones puntualizan que el Decreto federal, publicado el 26 de diciembre de 2019, precisó, en su régimen transitorio, que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo, a partir de la pérdida de la confianza. Asimismo, ordenó a las entidades federativas garantizar ese derecho respecto de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo indicó que la participación ciudadana no se mide por la facilidad para activar un procedimiento, sino que se mide por la capacidad de demostrar que existe una voluntad colectiva, auténtica y ampliamente respaldada por el pueblo. Añadió que se da mayor certeza a la revocación de mandato frente a intereses particulares y que se convierte en un instrumento ciudadano y no una herramienta de coyuntura política.
Externó que la reforma protege el valor del voto, “quien llega al gobierno lo hace porque millones de ciudadanos y ciudadanas depositaron su confianza en las urnas, ese mandato popular merece respeto”.
Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Tania María Cruz Mejía expresó que con esta reforma se blinda la revocación de mandato. “Le quitamos los pretextos a cualquier autoridad que intente frenar la voluntad popular. Hoy le entregamos a las y los veracruzanos una herramienta de participación ciudadana mucho más clara, ordenada y funcional”.
Previamente, indicó que se establece que en cada municipio de la entidad deberá reunirse como mínimo el tres por ciento de su respectiva lista nominal, “con esto garantizamos que la voluntad ciudadana no se concentre solo en las grandes zonas urbanas, sino que integre la voz de nuestras comunidades en todo el territorio estatal”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, precisó que debe darse a la ciudadanía la oportunidad para decidir libremente sobre la revocación de mandato. Enlistó los pasos a seguir y se pronunció por hacer más sencillos los ejercicios de participación democrática.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, manifestó su respaldo al dictamen y externó que con esta acción se armonizan las disposiciones constitucionales del estado a los criterios federales, estableciendo reglas claras y la calificación de requisitos dentro de un plazo determinado.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra al considerar que la reforma reduce el tiempo para reunir las firmas y que las normas se acomodan a conveniencia. “Las veracruzanas y los veracruzanos demandan mecanismos efectivos y transparentes para expresar su voz y su sentir”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, aseveró que la reforma está prevista para hacer más complejo el procedimiento de revocación de mandato al incrementar la lista de electores firmantes y hacerlo la mitad más uno de los municipios. “Es casi imposible reunir los nuevos requisitos”, añadió.
En el debate en lo general participó el diputado Héctor Yunes Landa, quien se pronunció a favor de la revocación de mandato en Veracruz siempre y cuando represente un verdadero fortalecimiento de la democracia directa, el control ciudadano sobre el poder público y la exigencia de una rendición de cuentas efectiva; y la diputada Montserrat Ortega Ruiz, quien subrayó que se está ante una decisión constitucional sin tener claridad suficiente de cómo se va a garantizar el procedimiento de revocación de mandato.
Río de Janeiro (EFE).- El exdelantero Romário, campeón mundial con Brasil en 1994, criticó con dureza la eliminación de la Canarinha del Mundial 2026 frente a Noruega e insistió en que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se precipitó al renovar el contrato del seleccionador Carlo Ancelotti hasta 2030 antes del inicio de la competición.
El exgoleador de la selección y de clubes como el Barcelona afirmó que la decisión de ampliar el vínculo del técnico italiano antes de que concluyera el torneo fue un error, ya que, a su juicio, privó a la CBF de margen para evaluar con serenidad el trabajo desarrollado en el Mundial y de adoptar una decisión en función de los resultados.
En una columna publicada tras la derrota por 2-1 ante Noruega, el ahora senador sostuvo que Brasil «mereció ser eliminado» por el bajo nivel mostrado durante el campeonato y lamentó que la selección careciera de la actitud y la personalidad que históricamente la distinguieron.
El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial ante Japón, el 29 de junio de 2026. EFE/Sam Wasson
«Faltó actitud y faltó fútbol de verdad», afirmó el exgoleador, quien consideró que el equipo jugó por debajo de su potencial y nunca consiguió imponer su estilo durante la competición.
Críticas a Ancelotti por el desempeño de Brasil
También sostuvo que el combinado brasileño fue «pequeño» frente a Noruega, una selección que aprovechó mejor sus oportunidades y mostró mayor determinación en los momentos decisivos.
Romário también se refirió al penalti fallado por Bruno Guimarães cuando Brasil todavía tenía opciones de cambiar el rumbo del encuentro. Aunque calificó el error como un episodio determinante, evitó responsabilizar exclusivamente al centrocampista de la eliminación.
«El penalti no va a devolvernos la clasificación. El problema fue mucho mayor que esa jugada», señaló el exinternacional, al insistir en que el rendimiento colectivo estuvo lejos del esperado para una selección que aspiraba al sexto título mundial.
Las críticas de Romário se suman a las expresadas por otros históricos del fútbol brasileño, como Vanderlei Luxemburgo, quienes cuestionaron tanto las decisiones tácticas de Ancelotti como el planteamiento conservador exhibido por Brasil en el torneo.
La derrota ante Noruega prolongó la sequía de la pentacampeona mundial, que no conquista el título desde Corea del Sur y Japón en 2002.
