El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad, el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, por el que se asienta como requisito para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público no estar inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro Nacional o Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género o contar con sentencia condenatoria firme por delitos de violencia de género.
El documento puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, responde al proceso de armonización legislativa derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominada «3 de 3 contra la Violencia”.
El dictamen, respaldado con 39 votos, es resultado del análisis de las iniciativas presentadas por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dorheny García Cayetano, Astrid Sánchez Moguel y Montserrat Ortega Ruiz.
El documento refiere que las autoras plantean en sus propuestas, por una parte, el alarmante contexto de violencia de género que prevalece en la entidad, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, vulnerando el interés superior de la niñez y constituyendo una forma de violencia económica que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
Ante la coincidencia legislativa de ambos proyectos, las dictaminadoras determinaron integrar, ajustar y perfeccionarlos, con la finalidad de que sean jurídicamente sólidos, eficaces e impugnables, sin vulnerar los derechos establecidos en la Constitución Política de México.
Posicionamientos
Al hacer uso de la voz, la legisladora Dorheny García Cayetano, del Grupo Legislativo de Morena, destacó que cuando hay voluntad política, las causas del pueblo pueden ser ley, por lo con esta reforma se corrige un vacío legal que permitió a personas agresoras o deudoras alimentarias se postulen, compitan e incluso lleguen a cargos de elección o designación, “el servicio público no puede ser refugio de violentadores ni de quienes abandonan a sus hijas e hijos”, precisó.
Agregó, que se establece el impedimento para quienes hayan sido sentenciados por delitos de violencia y que subsistirá únicamente por el tiempo equivalente a la pena de prisión impuesta, contado a partir del cumplimiento de la sentencia.
Por su parte la representante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputada Tania María Cruz Mejía, expresó que esta modificación es un mensaje poderoso para las niñas, niños y mujeres pues las respalda, protege y pone límites, desde la Constitución Política de Veracruz, “para que los agresores no puedan llegar al Poder”.
La diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), subrayó que con la aprobación de esta reforma se da un paso firme, justo y necesario hacia la construcción de un servicio público digno, ético y comprometido con los derechos humanos, pues con la suspensión de derechos se envía un mensaje claro “en Veracruz no hay lugar en el Poder para quienes violentan, abandonen o niegan justicia a sus propias familias o las mujeres, no puede representar al pueblo quien ha fallado en lo más elemental”.
Finalmente, el legislador Héctor Yunes Landa expresó que el sentido positivo del voto del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une va acorde a dar una respuesta ética, jurídica y social a un problema estructural que se ha normalizado como lo es la impunidad, toda vez que no se puede permitir que quien violenta, abandona o abusa, pueda representar a las y los ciudadanos o tomar decisiones.
Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó las nuevas leyes De Transparencia y Acceso a la Información Pública y De Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del estado, propuestas el pasado 19 de junio por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
En la décima sesión, última del Segundo Periodo Ordinario, se puso a consideración del Pleno, por separado, cada uno de los dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto. Con esta acción se ajusta la legislación local con las disposiciones federales en la materia y se da cumplimiento ante la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que registró 37 votos a favor y seis en contra, contiene sintonía con el modelo de la norma general y reconoce a las autoridades garantes como las competentes para la implementación de acciones en materia de acceso a la información pública, y de modo preponderante, la resolución de recursos de revisión.
Las nuevas autoridades garantes son la Contraloría General del Estado (CGE) respecto a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de los municipios, las contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos internos de control de los organismos autónomos del Estado.
Se creará el Subsistema de Transparencia del Estado, el cual funcionará a través de un Comité en el que participarán los representantes de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los tres poderes y se mantiene el deber de los sujetos obligados de cumplir con sus funciones en materia de acceso a la información y transparencia, a través de la carga periódica en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, respaldada con 36 votos y que registró seis en contra, tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.
Establece las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos y garantiza la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la Ley.
Protege los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del Estado, fideicomisos y fondos públicos del Estado, partidos políticos y municipios.
Los textos íntegros de estas leyes pueden consultarse en los anexos B y C de la Gaceta Legislativa número 43, publicada en la página oficial de este Congreso.
Posicionamientos Ley de Transparencia
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Lucía Begoña Canales Barturen informó el voto a favor del dictamen e indicó que la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García es acertada, toda vez que se trata de una nueva legislación que hace que la transparencia funcione y sea cercana a la ciudadanía y que se ejerza con responsabilidad, evitando el dispendio.
Tras enlistar algunas disposiciones como los órganos garantes de la transparencia, la eficiencia administrativa y el combate a la corrupción, la diputada señaló que se da un paso necesario para dejar de lado un modelo que fracasó y pasar a uno más funcional y que refleja el momento histórico que vive Veracruz.
Por Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra y señaló que las disposiciones en materia de transparencia no se ajustan a la realidad que impera en Veracruz y calificó la ley como un “candado” para el ejercicio del derecho a la transparencia y acceso a la información.
El legislador del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila respaldó la propuesta al considerar que contiene herramientas novedosas para la transparencia en la entidad, y la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su voto en contra y manifestó que con esta legislación se ocultará la información y se restringirán derechos elementales del ciudadano.
En el debate general participaron los legisladores Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Luis Vicente Aguilar Castillo, así como la diputada Montserrat Ortega Ruiz.
Posicionamientos Ley de Protección de Datos Personales
El diputado Daniel Cortina Martínez, del Grupo Legislativo de Morena, precisó que esta ley corrige las prácticas del pasado en la que la protección de datos era delegada a instituciones con poco alcance y que carecían de legitimidad. “Hoy se cambia con contralorías de los tres poderes, de los órganos internos de control y los municipios que asumirán la función de protección de datos personales”.
Añadió que se realiza bajo los principios de legalidad y responsabilidad y que, lejos de debilitar la ley, se fortalece desde adentro con mayor alcance y con estructuras que responden al interés público.
El diputado de MC, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, criticó el proceso legislativo y aseveró que esta norma elimina la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad y solo deja al juicio de amparo como único medio de impugnación
Por el grupo mixto Veracruz nos Une, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar precisó que esta ley es similar a la General y que se deja en estado de indefensión a la ciudadanía en materia de protección de datos. Ambos adelantaron su voto en contra.
En el debate general participaron las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y María Elena Córdova Molina.
En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura (26 de junio), el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables de la LXVII Legislatura, diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, hizo un llamado a condenar toda forma de tortura y maltrato inhumano, así como garantizar el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral para las víctimas y sancionar estas prácticas.
En la tribuna durante la novena sesión ordinaria, el diputado explicó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prevé que los tres niveles de gobierno implementen medidas de prevención y reparación del daño bajo los principios de dignidad humana, perspectiva de género y no re-victimización.
Señaló que, de acuerdo con datos del Informe Anual de Actividades 2021 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en México se han identificado algunas quejas por posibles actos de este tipo perpetrados por autoridades de seguridad pública, personal de centros de detención, como cárceles o estaciones migratorias, entre otros.
“Los servidores públicos, deben proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad ciudadana, ya que tienen una responsabilidad particular en la prevención de este delito; sin embargo, algunos funcionarios públicos infligen actos de tortura vulnerando la integridad de las personas”, puntualizó.
El diputado agregó que el Gobierno Federal ha priorizado la erradicación de este delito a través de la política de cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos, por lo que ha implementado estrategias en la materia.
Algunas de ellas son el Programa Nacional de Capacitación en Materia de Tortura 2024-2025, la Campaña Nacional “México Sin Tortura”, y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, fortaleciendo la aplicación del Protocolo de Estambul, con lo que se coadyuva a la formación, difusión, atención, asistencia e investigación en la materia.
Del 23 al 27 de junio, indicó, el Poder Legislativo de Veracruz se une a la Estrategia Nacional Contra la Tortura, coordinada por la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y a los servidores públicos sobre la gravedad de estas acciones, exponiendo temas como los canales de denuncia, las obligaciones de las autoridades y los derechos humanos de las víctimas.
“Exhortamos a las autoridades estatales, municipales y federales, así como a la sociedad civil, a unir esfuerzos en la construcción de un Veracruz libre de violencia, donde la dignidad humana sea el pilar de nuestras instituciones”, concluyó.
Con la finalidad que prevalezca la gobernabilidad en Veracruz a partir de los periodos de transición de las autoridades municipales, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a las administraciones salientes de los 212 ayuntamientos a que dispongan medidas legales y administrativas que eviten futuros problemas laborales a las administraciones entrantes.
De igual forma, el legislador exhorta a que se asignen las partidas presupuestales correspondientes de los Egresos, en materia de sentencias laborales definitivas a cargo de sus administraciones y que a la fecha hayan sido requeridas.
En la novena sesión ordinaria, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia indicó que las autoridades municipales deben evitar dejar problemas de carácter laboral a las administraciones entrantes y para ello tienen que cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que todos los nombramientos del personal de confianza deben surtir efectos por el periódico constitucional que corresponda, sin responsabilidad de ser contratado por la nueva autoridad.
Asimismo, reiteró que todas las autoridades que están por concluir su periodo de gestión deben garantizar que al término de su administración todo el personal de contrato o de confianza tenga los rubros económicos cubiertos conforme a la ley y así evitar heredar problemas de esta índole y que pudiera perjudicar la asignación global de las nuevas autoridades, en materia de servicios personales.
Por último, el diputado refirió que las deudas derivadas por laudos laborales representan un verdadero reto para algunas administraciones que han heredado juicios, “suman cantidades millonarias a cargo de su presupuesto y cuyo pago inmediato sin duda que comprometería las finanzas públicas”, precisó.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para para el trámite correspondiente.
Diputadas y diputados propusieron reformar cuatro artículos de la Constitución Política del estado de Veracruz y armonizarla con la Carta Magna federal, a fin de fortalecer el ejercicio de los derechos políticos, al prohibir la reelección inmediata para legisladores y ediles, y al incorporar el concepto de “nepotismo electoral” como impedimento para el acceso a cargos de elección popular garantizado una representación más efectiva, equitativa y transparente.
El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz de su coordinador, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presentó dicho proyecto en la Novena Sesión Ordinaria.
Primeramente, proponen que las diputadas y los diputados locales no puedan ser reelectos para el período inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Se precisa que la prohibición de la reelección inmediata se implementará a partir de los procesos electorales de 2030, en sincronía con el calendario federal para dicho efecto.
Además, que no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con quien esté ejerciendo la titularidad de la diputación en el distrito por el que se postula o de la Legislatura del estado.
Los mismos criterios aplican en los casos de la titularidad del Poder Ejecutivo federal o del estado y de la presidencia municipal, regiduría o sindicatura en el mismo ayuntamiento al que se postula.
Esta propuesta, destacan sus proponentes, abona a la fortaleza de las instituciones y al pleno respeto de los derechos de las veracruzanas y los veracruzanos a estar debida y eficazmente representados.
Con la adhesión del Grupo Legislativo de Morena, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 22, 43 y 69 de la Constitución Política del estado fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.
