Padres de familia acudieron esta mañana de miércoles a la escuela Bachilleres de Veracruz para inscribir a sus hijos.
La escuela se encuentra sobre la calle Esteban Morales en la zona del Centro Histórico de Veracruz, los padres acudieron junto a sus hijos.
Tal es el caso de la señora Verónica Díaz, acudió hasta el lugar para inscribir a su hija, quien quedó en el sexto lugar de 254 del examen que realizaron para tener derecho a la inscripción.
“Yo por experiencia de que mi otra hija que ya estudió aquí y me gustó el tema de la disciplina que le ponen todavía por eso es que la inscribo acá”, dijo.
Es de mencionar que el horario de inscripciones para los estudiantes de nuevo ingreso es de 8:00 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde y serán hasta el día de mañana jueves.
Los requisitos para inscripción de nuevo ingreso son:
El uso de la bicicleta representa una ventaja para la implementación de medidas que buscan reducir los niveles de contaminación del aire y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas.
Xalapa, Ver., 22 de julio de 2025.- El diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de Ley para el Fomento y Promoción del Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista del estado de Veracruz que tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante y alternativo al automotor.
El proyecto, integrado por 26 Artículos y cinco Capítulos, refiere que esta Ley se establece en el marco de las garantías constitucionales de derecho a la salud, a la movilidad y a vivir en un medio ambiente sano relacionado con la responsabilidad de proteger los recursos naturales y promover un estilo de vida saludable.
En su participación, el legislador Miguel Pintos subrayó que el uso de la bicicleta sirve para combatir gran parte de la problemática de salud pública que se vive actualmente y, adicionalmente, representa una ventaja para la implementación de medidas que buscan la reducción de los niveles de contaminación del aire y mejora la calidad de vida en las zonas urbanas.
Destacó que con las actividades que incentiven el uso de la bicicleta, se tiene que garantizar también a los usuarios, un sistema vial y de gestión de tránsito que genere condiciones de seguridad y eficiencia en su traslado, como ciclovías, una cultura vial fortalecida que permita a todas y todos ejercer el derecho a la movilidad en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su mensaje, indicó que grandes ciudades de otras latitudes promueven desde hace décadas políticas públicas dirigidas al fomento del uso de la bicicleta, como una práctica totalmente amigable con el medio ambiente, en tanto reduce los niveles de emisión de gases contaminantes y al tiempo en que promueve una convivencia social más comprometida con el valor de la salud personal, al adoptar un estilo de vida saludable para las personas.
Ejemplificó los casos de países como Francia, China, España, Dinamarca y Holanda en los que la bicicleta tiene un papel relevante en los medios de transporte que no solamente ha traído beneficios a las personas usuarias al mejorar su calidad de vida, sino que el incremento en su uso ha impactado de forma favorable a las medidas del cuidado del medio ambiente y su recuperación.
Por otra parte, el legislador Pintos Guillén dijo que la ley propuesta y las normas reglamentarias que de ella emanen constituirán una coordinación entre la administración estatal y municipal, que hará posible la inclusión del uso de la bicicleta como instrumento básico en las políticas de movilidad sostenible, saludable y de protección al medio ambiente.
Se incluyen además las normas para la protección y delimitación de las obligaciones de los ciclistas, así como las condiciones para el establecimiento de áreas específicas para su desplazamiento y las modalidades de aparcamiento seguro de su bicicleta y el respeto entre los automovilistas y ciclistas.
Entidades como Baja California, Chiapas, Colima, Oaxaca y Tamaulipas han adoptado medidas legales de este tipo, por lo que Veracruz se sumaría a este escenario, dando un paso relevante.
La iniciativa íntegra puede consultarse en la Gaceta Legislativa número 47 publicada en la página oficial del Congreso del Estado.
Para su análisis y dictamen, la propuesta se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, de Transporte, Tránsito y Vialidad y de Comunicaciones. Se adhirió el Grupo Legislativo de Morena.
Proponen las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro reformas al Código Civil del estado.
Xalapa, Ver., 22 de julio de 2025.- Dar cumplimiento a las obligaciones del estado de Veracruz en materia de igualdad y no discriminación para la erradicación de prejuicios motivados por la orientación sexual, al identidad y expresión de género y las características sexuales (OSIEGCS), sanción y reparación dentro del Código Penal local, atendiendo a la máxima protección de la dignidad humana.
Éste es el objeto de la Iniciativa presentada por las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro, en la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Receso de este año, para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del estado en materia de delitos motivados por prejuicio contra las personas LGBTTTIQ+.
En su proyecto, las legisladoras señalan que ninguna norma, decisión o práctica de derecho dentro del estado puede disminuir o restringir, de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género, expresión de género o características sexuales reales o atribuidas.
Explican que el abordaje de la «violencia por prejuicio» atiende a una serie de características tomadas de un fenómeno social y no como un hecho aislado. Además, la violencia por prejuicio atiende a un fenómeno de impacto social y expresivo.
De acuerdo con sus proponentes, esta iniciativa es producto de la lucha de diversos colectivos de personas LGBTTTIQ+. Refieren la realización de dos mesas de trabajo los días 26 de mayo y 18 del presente mes, donde se presentaron las propuestas de reforma y adición a diversos artículos del referido Código Penal frente a colectivas e instituciones.
Por último, con base en los antecedentes y los resultados obtenidos, plantean que la iniciativa sea estructurada conforme al Principio de Progresividad, a la Obligación de interpretación evolutiva, a la Perspectiva de Género, al Enfoque Interseccional y al Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de garantizar su eficacia en la implementación.
Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Para la Igualdad de Género.
Convoca Omar Edmundo Blanco Martínez a los tres órdenes de Gobierno a impulsar políticas públicas que garanticen espacios laborales para este sector de la población.
Xalapa, Ver., 22 de julio de 2025.- El diputado Omar Edmundo Blanco Martínez presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a los tres órdenes de Gobierno, así como al sector empresarial de la entidad, para que fortalezcan e impulse políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
En su intervención en la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador subrayó que lo anterior con base en lo dispuesto en el Artículo 21 de la Le y para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado de Veracruz.
El diputado enlistó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto a que en 2023 México registró aproximadamente 8.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 40.6 por ciento participa en alguna actividad económica.
«Esta desigualdad se vuelve aún más evidente al analizar las cifras por sexo; el 51.5 por ciento de los hombres con esta condición trabaja o busca empleo, mientras el 31.3 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral; lo cual refleja una doble barrera para este sector históricamente vulnerado».
Agregó que en Veracruz, estado con más de ocho millones de habitantes, el 8 por ciento de la población de cinco años o más viven con alguna discapacidad, lo que equivale a aproximadamente a 640 mil personas.
Indicó que de los más de siete millones de negocios que operan en el país, solo el 1.5 por ciento reporta contratar activamente a personas con discapacidad, siendo este un porcentaje incluso más bajo en el caso de las micro y pequeñas empresas.
Por otra parte, dijo que la magnitud del reto en materia de inclusión laboral aun es mayor, toda vez que las personas con discapacidad aun enfrentan barreras estructurales que les impiden acceder a un empleo digno y en igualdad de condiciones. «Es muy común que los centros de trabajo no cuenten con herramientas de apoyo como lectores de pantalla, rampas de acceso, materiales en lectura fácil, ni otras adaptaciones necesarias para garantizar su inclusión efectiva».
Precisó que el Artículo 21 de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad establece que los tres poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos deberán reservar al menos el 3 por ciento de las vacantes disponibles en plazas públicas para ser ocupadas por personas con discapacidad, siempre que estas cumplan con los requisitos técnicos y de aptitud necesarios para el cargo.
«Esta disposición no es obligatoria para el sector privado, lo que deja un vacío normativo importante en cuanto a la generación de oportunidades laborales en un ámbito que concentra gran parte de los empleos», añadió.
Por último, refirió que la Secretaría de Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), impulsa acciones para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, en coordinación con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo. Destaca la Red de Vinculación Laboral, las Ferias de Empleo Inclusivo y la estrategia «Abriendo Espacios», que ofrece orientación, evaluación y capacitación, como el taller para personas sordas realizado en 2024 con apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.
Presenta el legislador Carlos Marcelo Ruiz iniciativa que reformaría el Artículo 230 Bis del Código Financiero del estado.
Xalapa, Ver., 22 de julio de 2025.- Con el propósito que los recursos de concesiones de tiendas escolares sean destinados para la mejora y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que reforma el Artículo 230 Bis del Código Financiero del estado.
El legislador expresó que el objeto es restablecer en la norma jurídica atinente el modelo original que motivó su inclusión en la legislación financiera, es decir, que los recursos a distribuir entre los planteles educativos para mejora y conservación de la infraestructura física de los mismos sea nuevamente equivalente al 80 por ciento de los ingresos obtenidos por tales concesiones.
De tal forma se contribuiría a resolver las múltiples necesidades que en ese sentido existen en el sistema educativo estatal, añadió el diputado.
De acuerdo con la propuesta legislativa los ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de alimentos dentro de los espacios físicos de los planteles educativos del sistema público en el Estado se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente.
Para estos efectos, el 80 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos y servicios correlacionados, que serán recibidos y administrados por las autoridades administrativas de cada plantel educativo.
El 20 por ciento de los recursos restantes se aplicará a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas, que serán recibidos y administrados por las respectivas jefaturas de sector, inspecciones y jefaturas de enseñanza correspondientes.
La recepción, administración, distribución y comprobación de los recursos se sujetará, invariablemente, a las disposiciones aplicables en materia de ejercicio del gasto público, transparencia financiera, contabilidad gubernamental y revisión y fiscalización de la cuenta pública.
Los procedimientos de licitación pública que se desahoguen para el otorgamiento de las concesiones y los contratos respectivos se ajustarán a lo dispuesto por la Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal, pero la emisión de la convocatoria y la resolución del procedimiento estarán a cargo de un Comité de Licitaciones en cada plantel educativo.
Las personas concesionarias de las tiendas escolares a las que se refiere el presente artículo deberán observar lo dispuesto en la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena. Para su estudio y dictamen se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación y Cultura.
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