El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, asistió al inicio de actividades de la Planta de Descontaminación y Manejo de Llantas en Desuso en el estado, ubicada en la comunidad La Bocana, municipio de Emiliano Zapata.
En presencia de autoridades y empresarios, el legislador manifestó que el Congreso del Estado es y será aliado de todas las acciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de la población, en estrecha colaboración con el gobierno que encabeza la ingeniera Rocío Nahle García, quien –dijo- está ocupada no solo en temas relacionados con la infraestructura estatal, sino también en el cuidado de los recursos naturales.
En presencia del director general de Grupo Comya, Joel Molina Rojas, y del presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica (Conacep), Horacio Zárate Acevedo, el diputado reconoció la visión humanista y amigable con el entorno natural y el sentido social de los empresarios que unen esfuerzos en favor de Veracruz.
Al hacer uso de la palabra, el empresario Horacio Zárate Acevedo, dijo que hoy Veracruz hace honor a los compromisos internacionales en los que México se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global. Expresó que, a partir de este día, Veracruz será un referente nacional en el tema ambiental, en el seguimiento puntual de la política ambiental del Plan Estatal de Desarrollo.
En este sentido, encomió el papel de la gobernadora Rocío Nahle García como “facilitadora de una estrategia ambiental entre el gobierno y el sector empresarial, dejando de manifiesto que la suma de esfuerzos y voluntades están por encima de cualquier interés personal”, puesto que “primero es el cuidado de medio ambiente y la mejora continua de la calidad de vida de las y los veracruzanos”.
Con la puesta en marcha de la primera planta de descontaminación y manejo óptimo, todas las llantas en desuso de los 212 municipios no serán recibidas en los tiraderos a cielo abierto ni colocadas en los rellenos sanitarios, sino que tendrán un manejo sustentable y amigable con el medio ambiente.
A este acto asistieron también la coordinadora estatal del Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP) de la Secretaría de Salud federal, Gabriela Colosia Hernández, y por parte de Cementos Moctezuma, el director de planta, Dámaso Contreras Martínez, y el gerente general de Sostenibilidad, Jair Juan Manuel Martínez Miguel.
La Comisión Especial para el Fomento, Promoción y Protección de la Vainilla de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad el Plan Anual de Trabajo, el cual guiará los trabajos y acciones que contribuyan al rescate e impulso de la producción y comercialización del fruto aromático en la entidad.
Tras detallar las actividades y objetivos propuestos, las integrantes de dicha instancia legislativa, diputadas Miriam García Guzmán, Dulce María Hernández Tepole y Liud Herrera Félix, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, coincidieron en realizar un trabajo conjunto con productores y autoridades en la materia de los tres órdenes de gobierno, en aras de agilizar, gestionar, acompañar y plantear estrategias que atiendan las necesidades del sector vainillero del estado.
El documento plantea entre los objetivos: elaborar, en coordinación con los sectores que integran la cadena productiva de la vainilla, un diagnóstico de la situación actual del fruto y que el resultado permita trazar un plan integral enfocado a recuperar la producción y el posicionamiento de la vainilla veracruzana.
También, convocar a mesas de trabajo regionales con productores, beneficiadores, industrializadores, comercializadores, dependencias relacionadas con la investigación, comercialización, capacitación, consultoría jurídica y asesoramiento, para que sus opiniones y sugerencias sean consideradas en el planteamiento de un nuevo ordenamiento jurídico que regule la producción y comercialización de la vainilla.
Considera además la creación de un organismo regulador que permita coordinar y vigilar las actividades productivas relacionadas con la cadena de valor, la integración de un padrón de productores que permita la eliminación del “coyotaje”; capacitación y asesoramiento a las organizaciones de productores; promoción, a través de campañas publicitarias en medios de comunicación y redes sociales, del consumo de vainilla natural y solicitar a las policías estatal y municipal reforzar la vigilancia en las zonas de cultivo.
Asimismo, prevé alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para abordar los desafíos asociados a la producción, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que protejan el medio ambiente, mejoren la calidad de vida de los productores y garanticen la disponibilidad de esta especie para las generaciones futuras.
La presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo de esta comisión dan cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 38 de la Ley Orgánica y la fracción IV del Artículo 57 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del estado.
La Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, remitida a esta Soberanía por la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García.
El objetivo de la reforma que se propone es dar celeridad al proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, por lo que se advierte la realización de todas las adecuaciones pertinentes para que las autoridades involucradas actúen desde el primer momento, y los registros, bases de datos y todo sistema que cuente con información que logre ayudar en los fines de búsqueda, estén disponibles y accesibles con esta finalidad.
En dicho proyecto legislativo se precisan nuevas definiciones en sintonía con el modelo nacional para que las referencias que se hagan no resulten discordantes, y de manera preponderante, se señala la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de las personas.
Se establece en la propuesta de reforma las remisiones mínimas para que puedan suministrársele las bases de datos que las autoridades generan y se optimicen los recursos disponibles para búsquedas continuas y exhaustivas, así como la posibilidad que tendrá tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas como la Comisión Estatal de Búsqueda para acceder a la Plataforma Única de Identidad para contar con la información necesaria que requieran para efectuar sus labores.
Asimismo, la obligación para todas las autoridades y particulares de cualquier naturaleza que, por sus funciones o actividades que desempeñen, tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro elemento identificativo de personas, para que permitan la consulta de la información a la Fiscalía Especializada y, con ello, puedan conocer sus registros, bases de datos o sistemas de información para las acciones de investigación que lleven a cabo, sin vulnerar el derecho a la protección de datos personales.
Respecto de servicios periciales y forenses, se dispone que, previo a la remisión de cuerpos o restos humanos no identificados a las fosas comunes, tendrán que practicarse pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación, las cuales se registrarán en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días, una vez obtenido el resultado correspondiente
Como parte de la estrategia nacional, en el proyecto se reproducen las características que debe contener la Ficha de Búsqueda que se implementa con la reforma del 16 de julio próximo pasado.
En el marco del modelo nacional, se contempla el fortalecimiento de las Fiscalías y, en este caso, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, para que cuenten con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos objeto de la Ley.
Con el fin de dotar de certeza a la participación de familiares de las víctimas, se garantiza que se proporcione de manera inmediata el número de carpeta de investigación y el folio único de identificación, así como la información necesaria para conocer el avance de la investigación.
Adicional a ello, el Estado tiene la obligación de procurar acciones de bienestar integral, con énfasis en hijos e hijas de personas desaparecidas, y los protocolos que para tal efecto se instituyan, contendrán planes de seguridad y protección para las familias.
Mediante una iniciativa, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén planteó que se incluya de forma expresa al Poder Legislativo en los entes obligados a presentar los informes trimestrales sobre el ejercicio de su gasto público.
Para tal efecto, el legislador planteó reformar el Código Financiero del estado, a fin de dar cumplimiento a la responsabilidad de la persona titular de la unidad administrativa del Poder Legislativo del estado de Veracruz para informar sobre las acciones ejecutadas en relación con el gasto y destino de los recursos públicos que le son asignados y cumplir la obligación de publicitarlos y transparentarlos ante la ciudadanía.
Advirtió que no existe en ningún ordenamiento legal en vigor excepción alguna que libere a cualquier ente de la obligación de presentar los informes trimestrales sobre el ejercicio de su gasto público; por lo que, de acuerdo con su proponente, la Iniciativa presentada parte del principio de que todos los entes y dependencias que ejerzan dinero público están obligados a cumplir con las exigencias de la fiscalización superior
En el mismo sentido y con referencia al Artículo 29 de la Ley de Fiscalización Superior del estado, el diputado señaló la necesidad de hacer concordantes las leyes entre sí para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno puedan actuar dentro del ámbito de su competencia y, con ello, materializar el principio de la seguridad jurídica, por el que las autoridades supeditan su actuación a lo estrictamente plasmado en las leyes que le son de cumplimiento obligatorio.
La Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 179 del Código Financiero del estado fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.
La diputada Elizabeth Morales García propuso que se garantice a las mujeres la igualdad sustantiva en los puestos directivos de la administración pública municipal en la integración de los gabinetes, así como respetar el principio de paridad de género en la conformación, por parte del Congreso del Estado, de los concejos municipales.
La propuesta presentada en la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, expone que los ayuntamientos suelen ser el ente de gobierno con mayor rezago de representación política de las mujeres tanto en postulaciones electorales como en la designación de cargos directivos o administrativos.
La legisladora reconoce que, si bien existen mecanismos y acciones afirmativas para garantizar un acceso paritario a dichos espacios la realidad es que todavía existen asuntos pendientes para lograr una completa igualdad entre hombres y mujeres en este ramo, por lo que es preciso institucionalizar la paridad en la administración pública municipal con la finalidad de crear gobiernos locales que articulen sus agendas municipales con planeación de perspectiva de género. Considera además “necesario y justo que a las mujeres se les permita tomar decisiones de carácter directivo, político y administrativo para sus municipios”.
De acuerdo con su proponente, esta iniciativa “es una acción afirmativa más para contribuir a la igualdad de género en los ayuntamientos, así como para eliminar la violencia de género y las desigualdades estructurales que impiden el acceso a las mujeres a cargos municipales, ya que se procura legitimar la paridad de forma transversal para dar paso a tener gobiernos locales más paritarios”.
Añade que su propuesta, sustentada en la armonización legislativa con las distintas reformas constitucionales en materia de paridad de género, garantiza a las mujeres la igualdad sustantiva en los puestos directivos de la administración pública municipal a través de la figura de gabinetes municipales paritarios y garantiza también el mismo principio en la conformación de los concejos municipales.
Elizabeth Morales García afirma que “la paridad municipal es un tema de justicia de género y de reconocimiento a la capacidad de las mujeres para la toma de decisiones de mando y desempeñar puestos directivos en los ayuntamientos, para incrementar espacios de poder y cerrar la brecha de género en la administración pública municipal”.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Para la Igualdad de Género.
