Titular del Poder Ejecutivo presentará la propuesta al Congreso y éste tendrá cinco días hábiles para votar; de no aprobarse, el Ejecutivo mandará una segunda propuesta para votación.
· Si la segunda propuesta no fuere aprobada por el Congreso, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad para designar de entre las dos propuestas previas.
· La o el titular de la FGE durará en el cargo 4 años, con posibilidad de que el Ejecutivo le ratifique para un segundo periodo de igual duración.
Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2025.- Con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de Veracruz relativas al procedimiento para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la duración del periodo en el cargo.
Este dictamen, presentado durante la Decimasegunda Sesión Ordinaria por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, es resultado del análisis conjunto de las iniciativas presentadas el 27 de noviembre de 2024, por el diputado Diego Castañeda Aburto, y el 19 de junio de 2025, por la legisladora Elizabeth Morales García y el legislador Ramón Díaz Ávila.
De acuerdo con el dictamen, con esta reforma se redefiniría y fortalecería la inserción de la FGE en la arquitectura del poder público para optimizar su funcionamiento, garantizando su eficacia y asegurando su rendición de cuentas.
Se transitaría de un modelo de designación que, en la práctica, ha demostrado ser susceptible de generar parálisis institucional y vacíos de responsabilidad, hacia una nueva visión que privilegiará la colaboración armónica entre los poderes, la celeridad en las decisiones críticas y una clara e inequívoca línea de responsabilidad política.
El proyecto considera necesario establecer la obligatoriedad de que la propuesta para ocupar la titularidad del organismo autónomo sea sometida a la aprobación de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes el día de la elección.
De esta manera, se establecería en la Constitución que la o el titular de la FGE dure en el cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado o ratificada por la o el titular del Poder Ejecutivo para un segundo y último periodo de igual duración, haciéndolo del conocimiento del Congreso para la protesta de ley.
El nombramiento de Fiscal General se realizará a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo y sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles.
El Congreso aprobará la propuesta por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona designada para la debida protesta de ley.
En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará al Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación, dentro de los dos días hábiles siguientes.
De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuese aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar la titularidad de la FGE de entre las dos personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración de la representación popular.
La persona titular de la FGE podrá ser removida por quien encabece el Poder Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el Congreso con la misma votación requerida para su nombramiento dentro de un plazo de cinco días hábiles, en cuyo caso, el o la titular de la FGE será restituida en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronunciare al respecto, se entenderá que no existe objeción.
Al tratarse de reformas a la Constitución y en apego a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Carta Magna, tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó remitir el decreto a los municipios del estado, para su valoración.
El debate
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez adelantó el voto a favor del dictamen, ya que, afirmó, Veracruz merece un sistema de procuración de justicia justo, digno e imparcial y que entregue resultados en corto tiempo. Externó que la colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo refrenda la visión compartida de una cultura de paz impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García.
Aseveró que este nuevo modelo recompensa el resultado de quien esté al frente de la FGE y se pronunció por contar con un servidor público que se deba al pueblo y que entienda el dolor de la gente, que no revictimice y que dé atención a todos los veracruzanos.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, indicó que este dictamen fortalece a Veracruz, a la procuración de justicia y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Añadió que se elimina la posibilidad de un vacío constitucional, se reducen los tiempos inoperantes y se da certeza al proceso y atribuciones a quien por mandato popular es quien asume la atención básica en materia de seguridad, al Poder Ejecutivo quien trabajará en coordinación con el Legislativo.
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que la reforma representa un grave retroceso en la autonomía del organismo autónomo, se pronunció en contra de que una sola persona tenga la atribución para elegir a la titularidad de la Fiscalía y agregó que no hay garantías para quienes buscan justicia.
En nombre del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), la diputada Montserrat Ortega Ruiz expresó que el dictamen modifica de manera sustantiva el equilibrio institucional y que la propuesta se opone a los principios rectores de la función de procuración de justicia al perder independencia, lo cual, añadió, impacta de manera directa en la confianza ciudadana en el combate a la impunidad y en la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos.
Por el Partido del Trabajo (PT), el legislador Ramón Díaz Ávila se pronunció a favor del Dictamen, al considerar que el modelo propuesto presenta una evolución en la procuración de justicia y deja atrás un modelo estático y obligatorio transexenal por un período más corto, abona a la eficiencia en el trabajo y está más alineado con los cambios y demandas sociales, asegurando que las políticas y estrategias institucionales estén en sintonía con las necesidades actuales de la ciudadanía.
A su vez, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), manifestó que, tras un análisis jurídico serio de la propuesta, es concluyente que el modelo propuesto no solo es Constitucionalmente viable, sino que representa un avance necesario en la organización de la Procuración de Justicia en Veracruz. Destacó la modificación del periodo de ejercicio del cargo, que “permitirá mayor estabilidad y mejor evaluación del desempeño”. Adelantó el voto a favor de la reforma que, dijo, abre paso a un esquema más directo, basado en propuestas y diálogo constructivo.
En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina y Elizabeth Morales García y el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.
• Aplica la Contraloría mecanismos de fiscalización a los recursos y a la obra pública, vigila la rendición de cuentas y promueve la participación ciudadana. • Es garante de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y fomenta la ética y capacitación institucional.
Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2025.- Ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dulce María Hernández Tepole y Dorheny García Cayetano, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, compareció el titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Ramón Santos Navarro, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
El funcionario presentó las acciones y los resultados de la dependencia a su cargo en materia de fiscalización a los recursos y a la obra pública, rendición de cuentas y participación ciudadana, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, responsabilidades administrativas y evolución patrimonial, fortalecimiento y desarrollo administrativo, acciones de control interno, contrataciones y adquisiciones, ética, integridad y capacitación institucional.
Entre las acciones ejecutadas durante el primer año de gobierno destacan las 119 auditorías de aplicación de recursos federales realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la capacitación Buzón Digital a 850 personas servidoras públicas, la jornada Veracruz y la Fiscalización: Capacitación para una Gestión Responsable, así como 50 auditorías y 28 revisiones que llevaron a cabo los Órganos Internos de Control (OIC).
Con el fin de verificar la correcta ejecución de las obras públicas estatales y que éstas fueran realizadas conforme a los proyectos, presupuestos, calendarios y normatividad aplicable, fueron revisados los procedimientos de contrataciones gubernamentales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Secretaría de Salud (SS).
Dio a conocer la recepción de 584 quejas, denuncias y solicitudes turnadas a los OIC y la participación de la CGE en actividades que permiten, al lado de la sociedad, vigilar los procesos administrativos en las dependencias y entidades.
También informó que, tras la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y la transferencia de sus funciones a la CGE, fue creada la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales. La Contraloría asumió las funciones de este órgano garante y la presidencia del Comité del Subsistema de Transparencia, integrado por representantes de los órganos de control u homólogos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos constitucionales autónomos y de los 212 municipios del estado.
De acuerdo con su titular, la CGE concretó acciones diseñadas para fortalecer el régimen de responsabilidades, la promoción de la ética pública y la legalidad en el ejercicio del servidor público, contribuyendo a la consolidación de una administración honesta, responsable y transparente.
El contralor pormenorizó las actividades propuestas para promover una gestión pública orientada al cumplimiento de objetivos institucionales, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la integridad.
Agregó que, en carácter de asesor y a través de los OIC, la Contraloría asistió a 729 sesiones de los Subcomités de Adquisiciones en las dependencias y entidades, en las que fueron aprobadas compras por más de 2 mil 600 millones de pesos (mdp).
En materia de ética, integridad y capacitación institucional, el contralor general del estado precisó la capacitación a un total de 10 mil 360 personas servidoras públicas de manera virtual y de forma presencial, y mil 352 en temas de igualdad y no violencia.
A esto sumó las campañas de ética institucional y actividades lúdicas y formativas, en coordinación con los programas Hecho en Veracruz, Manos Veracruzanas y Manos Indígenas, destinadas a casi 500 personas.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda participaron los diputados Miguel Guillermo Pintos Guillén (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y las diputadas Montserrat Ortega Ruiz (VNU) y Elizabeth Morales García (PT), con cuestionamientos al contralor acerca de las acciones que llevó a cabo la CGE para recibir las funciones del extinto IVAI y como se garantizó la continuidad institucional, el papel de la dependencia para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de sujetos obligados y el trabajo hecho respecto al ejercicio de los recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Además, sobre el mecanismo jurídico vinculante para que la nueva dirección de Transparencia resuelva recursos de revisión, indicadores de desempeño para medir logros, montos del ahorro previsto al trasladar el IVAI a la CGE, filtros de calidad aplicados antes de que dependencias suban información, estrategias para garantizar autonomía técnica de organismos y las acciones para auditar obras con sobreprecios.
De igual manera, en relación con la vigilancia para que dependencias cumplan con disposiciones de transparencia, observaciones con acciones específicas, anomalías registradas en programas destinados para mujeres, tiempo promedio de resolución en quejas y denuncias y las que hayan sido emitidas a favor del ciudadano, principales irregularidades detectadas por la ASF y en qué estado se encuentra y las acciones sobre los pronunciamientos de la no observación al monto observado, así como la inhabilitación a empresas que incumplen con servicios.
Las diputadas María Elena Córdova Molina (MC), Elizabeth Morales García (PT), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Estefanía Bastida Cuevas (PVEM) y Daniela Flores Barnils (Morena) participaron en la segunda ronda con preguntas acerca de los funcionarios de alto nivel sancionados por actos de corrupción, justificación técnica en las adjudicaciones directas, cómo garantizar imparcialidad, casos de enriquecimiento ilícito detectados, existencia o no de subejercicios, datos del informe de responsabilidades administrativas, indicadores para medir la capacitación a servidores públicos en materia de ética y las observaciones presentadas respecto al rubro de salud.
Cómo se garantiza que una obra no se divida en contratos pequeños, auditorías a la obra del Parque Naturalia, tiempos de pago a contratistas, depuración hecha al Padrón de Proveedores, de qué manera contribuye la CGE a hacer eficiente el servicio en la administración pública estatal, tipo y motivo de sanciones emitidas contra servidores públicos en el periodo que se informa, acciones realizadas para fortalecer la transparencia, el control interno y la prevención de actos de corrupción y la participación de la Contraloría en los Comités y Juntas de Gobierno, fueron otras de las preguntas.
Los mensajes de conclusión de la comparecencia estuvieron a cargo de las diputadas Victoria Gutiérrez Pérez (Morena), Montserrat Ortega Ruiz (VNU) y Elizabeth Morales García (PT) y por los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM).
Este ejercicio de rendición de cuentas inició a las 17:08 horas y concluyó a las 19:09.
• En el primer año, un total de 300 obras y acciones, con una inversión superior a 3 mil mdp para 94 municipios. • Además, 123 obras para el desarrollo y bienestar, con casi 900 mdp en beneficio de casi tres millones de personas de 44 municipios. • En comunicación terrestre, 43 grandes obras por mil 800 km en el norte, centro y sur del estado con una inversión de casi 2 mil mdp.
Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2025.- Las obras y acciones del gobierno estatal en infraestructura carretera, productiva, salud, educación, protección al medio ambiente, servicios básicos, espacios públicos y telecomunicaciones, enfocadas en la satisfacción de las necesidades y elevar la calidad de vida de la población, principalmente en zonas marginadas o con rezago social, destacaron en la comparecencia que ante este Congreso presentó Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
La conducción de este acto de rendición de cuentas, iniciado a las 10:09 horas, estuvo a cargo de los diputados José Ricardo Ruiz Carmona, Daniel Cortina Martínez y Urbano Bautista Martínez, presidente, secretario y vocal de la Comisión Permanente de Comunicaciones.
El titular de la SIOP, Leonardo Cornejo Serrano, expuso la realización de un total de 300 obras y acciones en materia de infraestructura y obra pública con una inversión cercana a casi 3 mil millones de pesos (mdp), en beneficio de la población de 94 municipios, mejorando la red carretera estatal y la infraestructura urbana, básica y de espacios públicos.
Informó también que, para cumplir el compromiso de fortalecer las vías de comunicación terrestre, en el primer año de este gobierno, se llevaron a cabo 43 obras, de las cuales 11 están en el norte del estado, 17 en el centro y 15 en el sur, para atender más de mil 800 kilómetros con una inversión de casi 2 mil mdp.
El funcionario habló de las decenas de acciones ejecutadas en apoyo a los municipios de todo el estado para apertura y rehabilitación de caminos y calles, desazolve de ríos, arroyos y canales, construcción de ollas de captación pluvial y apoyos directos a municipios y dependencias con maquinaria.
Además de los trabajos en materia de telecomunicaciones que han beneficiado a casi un millón 800 mil personas en más de 20 municipios, explicó los ocho proyectos que incluyen el estudio y el desarrollo de la ingeniería en 12 municipios en distintas regiones de la entidad.
Expuso también la distribución de 166 obras de infraestructura, de las cuales, 33 corresponden a educación, 13 al campo, 13 urbanas, 18 de suministro de agua potable a comunidades, 43 a carreteras y 46 a sistemas de captación de agua en zonas marginadas principalmente.
De acuerdo con el titular de la SIOP, de las 123 obras para el desarrollo y bienestar, 77 corresponden a infraestructura urbana y 46 a bienestar, con una inversión total superior a 890 mdp en beneficio de casi tres millones de personas de 44 municipios. En el norte, se llevaron a cabo 23 con casi 300 mdp; en el centro, 30 con más de 400 mdp y en el sur, 24 con más de 160 mdp.
En materia de contratación –prosiguió el funcionario- se han realizado 121 contratos para ejecutar 166 obras y ocho estudios y proyectos en estricto apego al marco jurídico vigente cumpliendo con los valores de legalidad y responsabilidad.
Leonardo Cornejo Serrano enfatizó la atención inmediata de este gobierno, a través de la SIOP, a las afectaciones por las inundaciones que afectaron 74 municipios del norte del estado, con la rehabilitación y el establecimiento de caminos entre municipios y comunidades, la instalación de cuatro sistemas de interconexión de Internet vía satelital y el fortalecimiento de unidades de emergencia de conexión hacia centros de atención médica.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda participaron las diputadas y los diputados Luis Vicente Aguilar Castillo (Morena), Urbano Bautista Martínez (PVEM), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Elizabeth Morales García (PT) y María Elena Córdova Molina (MC), con preguntas relativas al equilibrio para la asignación de obras por municipio, la justificación en el retraso de inicio y conclusión de infraestructura, la adjudicación directa de 80 contratos, posible subejercicio de la dependencia, kilómetros de caminos rurales rehabilitados, los municipios de zona indígena sin una conectividad pavimentada y la existencia de un fondo para rehabilitar carreteras aledañas al corredor interoceánico.
También, sobre los 40 mdp para la rehabilitación de las instalaciones de la SIOP, posibles sobreprecios en servicios, mecanismos de control de calidad para garantizar que las obras cumplan con su vida útil, sistema de verificación para que lo reportado cumpla con lo entregado físicamente, plan integral regional para garantizar soluciones en el abasto del agua, criterios para la asignación de contratos, garantías de empresas responsables, monto de inversión para rehabilitar el estadio Luis “Pirata” Fuente, monto original y final de la obra Nido del Halcón y fincamiento de responsabilidades, así como las acciones realizadas alrededor de la planta nuclear Laguna Verde.
En la segunda ronda participaron las diputadas y los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), Elizabeth Morales García (PT), Héctor Yunes Landa (VNU), Angélica Peña Martínez (PVEM) y Alejandro Porras Marín (Morena), sobre el destino de mil 987 mdp, acciones para evitar la impunidad de quienes hicieron mal uso del presupuesto, empresas que han subsanado deficiencias, principales carreteras y puentes colapsados por la contingencia en la zona norte y la inversión para su recuperación y la estrategia para que un mayor número de veracruzanos accedan a la conectividad de Internet.
Además, la garantía de vida útil del puente en Las Trancas, subejercicio de la dependencia, avances para cumplir con las proyecciones de caminos rurales, artesanales y sacacosechas, colaboración con nuevas autoridades municipales y atención a sus solicitudes, la reconstrucción a la infraestructura de la zona norte afectada por la contingencia, transparencia en la aplicación de recursos y la agilización en la entrega de obras.
Tras el desahogo de las dos rondas de preguntas, la Comisión dio el uso de la voz a las diputadas Estefanía Bastida Cuevas (PVEM), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Elizabeth Morales García (PT) y María Elena Córdova Molina (MC) y al diputado Paul Martínez Marie (Morena) para los mensajes de conclusión.
Tras el mensaje final del secretario, esta comparecencia concluyó a las 12:20 horas.
• Con una inversión superior a 61 mil mdp en apoyos para más de 2.6 millones de personas, es el tercer estado con más presupuesto ejercido. • Casi 86 mdp invertidos en apoyos directos impulsan autoempleo y emprendimiento en 92 municipios.
Xalapa, Ver., 21 de noviembre de 2025.- La LXVII Legislatura, a través de la Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social, atendió la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), consistente en el avance de Veracruz hacia el bienestar y el desarrollo con sentido humano.
A las 10:09 horas, la diputada Liud Herrera Félix, el legislador Roberto Francisco San Román Solana y la diputada Guadalupe Vázquez González, presidenta, secretario y vocal de dicha comisión, dieron inicio a los trabajos en los que la titular de la dependencia, Margarita Santopietro Peralta, informó de la labor del gobierno estatal para cumplir el objetivo de “construir un Veracruz más justo, incluyente y solidario, donde el bienestar no sea privilegio de unos cuantos, sino un derecho para todas y todos”.
En su exposición, la secretaria destacó la estrategia Por amor a Veracruz, que opera a través de 20 sedes regionales con equipos territoriales que agilizan trámites y el acceso a los programas sociales visitando casa por casa, como Apoyo a la palabra-Plan México, que otorga apoyos económicos directos para impulsar el autoempleo y el emprendimiento en zonas con marginación, en el que la inversión inicial asciende a 85.9 millones de pesos (mdp) en 92 municipios.
De acuerdo con la funcionaria, este gobierno dio vigencia jurídica a 12 programas municipales del desarrollo urbano, con una inversión estatal de 3.5 mdp, beneficiando a más de 750 mil habitantes; revisó 41 proyectos estratégicos que impulsan empleo y desarrollo con una inversión privada superior a 2.2 mdp, dio más de 900 asesorías y capacitó a autoridades municipales.
En este ánimo de colaboración interinstitucional, la campaña Abrigando Corazones fue posible gracias a la coordinación de Sedesol con las secretarías de Protección Civil, Salud, Seguridad Pública y Gobierno y DIF estatal, con el apoyo federal de la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, así como ayuntamientos, para la entrega de cobertores y despensas en municipios.
Esta unidad de esfuerzos –prosiguió la funcionaria- hizo posible que el gobierno de Veracruz firmara con el Gobierno de México un convenio gracias al cual casi 30 mil personas con discapacidad reciben un apoyo bimestral de 3 mil 200 pesos, con una inversión total superior a 287 mdp.
La secretaria añadió que, gracias a este respaldo del gobierno federal a través de los programas sociales, con una inversión general superior a 61 mil mdp, que colocan a Veracruz en el tercer lugar de los estados con más presupuesto, más de 2.6 millones de habitantes han accedido a apoyos que garantizan derechos fundamentales como salud, educación, empleo y alimentación. Más de 920 mil adultos mayores reciben una pensión y más de 44 mil jóvenes acceden a su primer empleo con formación.
También informó que, en este año, Veracruz destinó mil 400 mdp beneficiando a 18 pueblos indígenas y afromexicanos en dos mil 573 comunidades con agua potable, electrificación, vivienda, salud, educación y caminos rurales.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda participaron el diputado Felipe Pineda Barradas (Morena) y las diputadas Estefanía Bastida Cuevas (PVEM), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Elizabeth Morales García (PT) y María Elena Córdova Molina (MC), con preguntas a la secretaria sobre las acciones para ayudar a los municipios afectados por la contingencia, apoyos distribuidos en pueblos originarios, programas en beneficio de mujeres indígenas, estrategias para evitar la manipulación en la entrega de beneficios a la sociedad, las medidas correctivas para agilizar la validación técnica en materia de vivienda, padrón de beneficiarios de programas sociales y los indicadores de impacto social que reflejen reducción de la pobreza.
También, sobre la transparencia de los padrones de beneficiarios de los diversos programas sociales, el subejercicio de la dependencia, existencia de una ruta de seguimiento para evitar que familias regresen a la vulnerabilidad, acciones para coadyuvar con los municipios del norte de la entidad afectados por las lluvias, remoción de personal de la institución, aumento del presupuesto de la Secretaría y de qué manera se avanzó en la reducción de desigualdades.
El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Tania María Cruz Mejía (PVEM) y Miriam García Guzmán (Morena) participaron en la segunda ronda con preguntas, relativas a las condiciones administrativas en que la funcionaria recibió la dependencia, el porcentaje del presupuesto de la Sedesol que se invierte en la población, estrategias propuestas por la actual administración para reducir la pobreza y los municipios que cuentan con programas de desarrollo urbano.
Asimismo, sobre los criterios para escriturar y regularizar terrenos, blindaje en elecciones, avances del programa de la regularización de la tenencia de la tierra, la forma en se apoya a los municipios para la elaboración de planes de desarrollo urbano y que estén en concordancia con los Atlas de Riesgo, programas municipales de desarrollo y ordenamiento territorial que se hayan concretado exitosamente, función de los Comités de Contraloría Ciudadana, regularización de lotes de interés social y el total de escrituras entregadas por Invivienda.
Tras el desahogo de las dos rondas de preguntas, la Comisión dio el uso de la voz a las diputadas Estefanía Bastida Cuevas (PVEM), Elizabeth Morales García (PT) y Montserrat Ortega Ruiz (VNU) y a los diputados Alejandro Porras Marín, Estefanía Bastida Cuevas (PVEM) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada para los mensajes de conclusión.
Al término de todas las participaciones, la presidenta de la Comisión dio por concluida la comparecencia, a las 11:59 horas.
Respalda el presidente de la Jucopo los derechos sindicales de trabajadores del Estado y reitera el freno a la iniciativa en materia laboral.
Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2025.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, Esteban Bautista Hernández, recibió a más de 20 líderes del gremio sindical del Poder Ejecutivo y organismos autónomos, quienes reconocieron su voluntad e intervención para llevar a buen término las negociaciones para frenar la iniciativa a la Ley Estatal del Servicio Civil, en materia laboral.
Durante el encuentro, acompañado del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el legislador Bautista Hernández refrendó el compromiso del Congreso estatal con la clase trabajadora, “sus demandas fueron revisadas y atendidas, su lucha y reclamos son válidos y tienen nuestro respaldo: la libertad sindical está garantizada”, afirmó.
Expresó que la voz del pueblo debe ser siempre escuchada y por esta razón, subrayó, “el Congreso del Estado sigue la política de puertas abiertas, pues permite atender, gestionar o dar respuesta, de manera directa e inmediata, al pueblo veracruzano”.
Detalló que la lucha histórica de hombres y mujeres no debe ser ignorada, por lo que cualquier reforma o propuesta que involucre derechos sindicales, debe ser dialogada y consensuada con sus representantes, cuya voz y responsabilidad legal es velar por la defensa de los derechos del trabajador.
En el uso de la voz y en representación de las organizaciones sindicales, Víctor Hugo Dávila Barrientos (SIDEPEV), y Alfredo Suárez Martínez (PROFISSPEV), reconocieron la apertura y sensibilidad política del Congreso para recibir y analizar las inquietudes y demandas presentadas. Asimismo, agradecieron la cordialidad, disposición y voluntad, del presidente de la Jucopo para llegar a este consenso en beneficio de los derechos de las y los trabajadores del Estado.
Ambos líderes coincidieron que, aunque al principio la negociación se tornó tensa, gracias a la apertura y disposición del legislador Esteban Bautista se dio como resultado satisfacción para ambas partes.
Externaron que la retórica que se vivió en el pasado es que había cerrazón y nulo diálogo; “hoy vemos con agrado que las cosas cambiaron y obtuvimos respuesta inmediata, lo que nos permite mantener la cercanía y con la confianza con el Poder Legislativo para trabajar en unidad”.
Asistieron a esta reunión, los Secretarios General, Domingo Bahena Corbalá, y de Servicios Legislativos, Sebastián Clemente Morales, ambos del Congreso del Estado; personal administrativo, asesores y líderes sindícales.
