La exsecretaria de
Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que le han causado un daño muy grave
al acusarla de ejercicio indebido del servicio público y lo único que pide es a
lo que tienen derecho todos los mexicanos: justicia.

La exfuncionaria
compareció nuevamente ante el magistrado Ricardo Paredes Calderón, quien
resolverá el recurso de apelación que promovió la defensa de Robles Berlanga
para revertir la prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de
Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto.

“Cárcel para la gente
es ser culpable y esto ha causado un grave daño a mi persona y a la de mi
hija”, señaló Robles Berlanga durante la audiencia de aclaración de agravios
que se realizó en el Reclusorio Sur.

Aseguró que se
presentó ante el juez de forma voluntaria a pesar de encontrarse fuera del país
porque no se enfermó ni huyó.

“No hay razón para que
se piense que yo podría evadirme de la justicia”, enfatizó. Señaló que es la
más interesada en que la investigación por la que está presa se realice.

Epigmenio Mendieta,
abogado de Robles Berlanga, señaló que el juez impuso a su cliente doble medida
cautelar, ya que en la primera audiencia calificó de inaudito que el Ministerio
Público no solicitará la aplicación de ésta y en la diligencia posterior le diera
voz a la Fiscalía General de la República para que pidiera la prisión
preventiva justificada.

“Me parece inaudito
que un juez de control esté preocupado para de manera inmediata imponer una
medida de prisión preventiva justificada”, dijo el litigante.

Insistió en que el
juez, lejos de aplicar la medida menos lesiva le impuso la más grave a su
defendida.

Aseguró que Delgadillo
Padierna se equivocó de forma grave al considerar que Robles no tiene
acreditado un lugar de residencia, por lo que no tiene arraigo en la Ciudad de
México.

Robles arribó a la
sala de oralidad vestida de beige, con tenis blancos y el cabello teñido de
negro y desde el inicio de la audiencia se dijo inocente.

“No puedo poner en
ningún riesgo a la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto, en seis
años jamás hizo una denuncia en mi contra”, señaló Robles Berlanga.

Paredes Calderón,
integrante delQuinto Tribunal Unitario, en Materia Penal en la Ciudad de México
aseguro que agotara el termino legal de tres días para determinar si revoca o
confirma la prisión preventiva que se le impuso a Robles Berlanga.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un
enérgico llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo
de Alfonso Durazo Montaño, para que establezca una estrategia real de seguridad
para Michoacán y se atienda de manera urgente esta pandemia de violencia en el
estado.

Tras los acontecimientos atribuidos a la operatividad de la
delincuencia organizada que se han registrado en Michoacán, el ombudsperson,
Víctor Manuel Serrato Lozano, exhortó a la Federación a brindar su respaldo
total a la entidad.

Recordó el ataque de este lunes a la Policía de Michoacán
que dejó 13 elementos muertos y nueve lesionados en El Aguaje, municipio de
Aguililla.

Ante ese escenario, Serrato Lozano señaló que la seguridad
pública es uno de los derechos humanos más exigidos por los ciudadanos y que se
requiere atender de manera urgente para garantizar el estado de Derecho.

Expuso que la vulneración a este derecho conlleva la
afectación de otros, como el derecho a la vida, seguridad jurídica, legalidad,
integridad y seguridad personal.

En este sentido, a nombre del organismo, expresó su
solidaridad con las familias de los policías que perdieron la vida en el
cumplimiento de su deber.

Víctor Serrato condenó cualquier ataque contra las
instituciones de seguridad.

«Este organismo solicita a las autoridades competentes
el pronto esclarecimiento de los hechos para brindar a las familias de los
policías fallecidos certeza jurídica y acceso a la justicia; pero además para
que los responsables reciban el castigo que conforme a derecho proceda»,
señala el comunicado.

Dijo que la CEDH a su cargo se mantendrá atenta al curso de
los acontecimientos para, desde las competencias que le otorga la ley,
intervenir de ser necesario.

Ello, explicó, con la finalidad de garantizar la protección
y respeto a los derechos humanos.