A propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos
Vulnerables, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley Estatal de
Salud, para incorporar la objeción de conciencia en los prestadores de los
servicios de salud, es decir, podrán negarse a una atención con base a sus
creencias.

María Guadalupe Rodríguez Martínez,diputada del PT, presentó el dictamen que contiene las
reformas al artículo 48 de la citada ley.

“La objeción de conciencia es el derecho consistente en la
negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de
autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios
principios éticos o morales,” expuso la legisladora.

“Recientemente, en México la Comisión Nacional de Bioética
expidió el Código de Bioética para el Personal de Salud, en el cual hace
referencia al tema en el artículo 28 el cual a la letra señala lo siguiente:

“El personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas
diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida de los
pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de
sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga a la
práctica médica comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus
capacidades profesionales o a razones de objeción de conciencia”, añadió.

Entre otras instancias que han adoptado la objeción de
conciencia están la Comisión Interinstitucional de Enfermería que propuso e
integró un Código de Ética para Enfermeras, en el que se toma en cuenta la
objeción de su conciencia, además de la Ley de Libertad Religiosa Peruana y la
Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco.

En la Ciudad de México también se reconoce el derecho de
objeción de conciencia, mencionó la diputada.

La redacción final de la fracción IV que se adicionó al
artículo 48 de la Ley Estatal de Salud quedó de la siguiente manera:

“IV.- el personal médico y de enfermería que forme parte del
Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse
de participar en la presentación de servicios que establece esta ley”.

El dictamen fue aprobado por la mayoría de los diputados
neoleoneses.

La organización Alto al Secuestro reportó este jueves un
incremento del nueve por ciento en las víctimas de secuestro durante septiembre
en el país.

Según sus estadísticas, el mes pasado se registraron 180
contra las 164 contabilizadas en agosto.

En lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
hay registro de mil 883 víctimas de secuestro, cuyas denuncias se integraron en
mil 538 carpetas de investigación, lo
grave es que, en contraste, sólo se han detenido a mil 379 personas por su probable
participación en estos delitos, señaló la presidenta de la organización, Isabel
Miranda de Wallace.

«Esto nos habla del alto índice de impunidad que hay en
este delito, recordemos que una banda de secuestradores se integra al menos por
cinco personas y nuestras autoridades no están deteniendo ni siquiera un
secuestrador por cada víctima», acusó la activista.

De acuerdo con Alto al Secuestro, los estados con mayor
incidencia en septiembre son Veracruz (35), Estado de México (16) , Ciudad de
México (7), Morelos, Tabasco y
Tamaulipas (6), Guanajuato, Michoacán y Puebla (5).