Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.

El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.

Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, no ha sido reformada en ese mismo sentido.

Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2, fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros.

Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.

“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó, durante la octava sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz en materia de identidad de género autopercibida.

Esta propuesta tiene como finalidad permitir a quienes ostentan una identidad de género autopercibida, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el acta primigenia, obtener sus documentos identitarios a través de un procedimiento administrativo, ajustando la norma a los principios constitucionales federal y local.

En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que esta problemática provoca un escenario de potenciales violaciones graves a derechos humanos que, por la interdependencia e indivisibilidad, merman la dignidad, integridad, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, al no contar con documentos identitarios que reflejen su real identidad.

La Diputada del distrito V de Poza Rica, añadió que parte de las reformas y adiciones propuestas contempla que las copias expedidas de estas actas no deberán contener referencia de la anotación realizada en el apéndice en el acta original correspondiente.

Asimismo, destacó que los efectos de la nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, son oponibles a terceros desde su levantamiento y que no constituye extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al proceso administrativo, los cuales permanecerán inmodificables.

Del mismo modo, que la solicitud de la nueva acta deberá estar basada en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, tendiente a la falta de fundamento y sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas, hormonales o que atente contra la dignidad.

Los requisitos para llevar a cabo este trámite administrativo son: ser de nacionalidad mexicana, tener acta de nacimiento registrada en Veracruz, presentar ante el Registro Civil estatal la solicitud debidamente requisitada en la que se especifiquen el nombre completo y los datos del acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y, de ser el caso, el género auto percibido.

Además de presentar copia certificada del acta primigenia para efecto de realizar la reserva correspondiente.

Finalmente la legisladora aseguró que tanto la Constitución Federal como la Local, impone a todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las que personas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

–Propone la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres por Razón de Género-

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presentó también una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual propone que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los delitos de género, feminicidio y violencia familiar, cuando las víctimas sean niñas o mujeres.

En su intervención la legisladora precisó que en la investigación de estos delitos se requiere de un grado de especialización mayor que comprenda y analice el contexto de la discriminación contra las mujeres por razón de su género, de ahí la necesidad de esta reforma.

Agregó que esta propuesta pretende el fortalecimiento del personal a cargo de estos casos, calidad de la investigación penal, recaudo y protección efectiva de la prueba y la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizando el derecho al acceso a la justicia.

Precisó que actualmente estos delitos son investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. Sin embargo, -señaló- estas fiscalías tienen que atender diversos delitos que por su propia naturaleza deberían ser atendidos por fiscales con una mayor especialización formal y material, debido a los factores jurídicos, sociales y culturales que intervienen.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.