La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las denunciantes de violencia.

De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos.

Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento.

A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.

Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanas-

En la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.

Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.

Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La creación de un Consejo Ciudadano Municipal del Agua en cada uno de los 212 municipios del estado y la aplicación de tarifas fijas y de cuotas preferenciales por consumo para sectores sociales vulnerables, propuso la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, mediante una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Vocal de la Comisión de Hacienda Municipal planteó reformar los artículos 4, 15, 33, 36, 99, 100, 101, 102 y 104, realizar adiciones a los artículos 36, 41 y 104 y derogar la fracción III del artículo 38 de la referida Ley.

De acuerdo con la propuesta de Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano – PRD, el mencionado Consejo estará conformado por el Presidente Municipal, el Director del Organismo Operador Municipal, el Regidor que tenga a su cargo la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales y el titular del Órgano de Control Interno, en función de Comisario.

Además de cinco representantes de las distintas organizaciones ciudadanas y de usuarios, tres representantes de instituciones académicas y colegios de profesionales, tres representantes de organizaciones de comerciantes, prestadores de servicio o turismo y tres representantes de organizaciones del sector empresarial e industrial.

Destaca el establecimiento de una cuota fija por medidor de agua acorde con las necesidades de cada uno de los municipios, así como tarifas, cuotas fijas y tarifas preferenciales con obligatoriedad a personas de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, jubilados, pensionados, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

El Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador podrá acordar, otorgar subsidios o tarifas preferenciales por cuanto al pago de los servicios a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, previo estudio socioeconómico que deberá realizar el organismo operador o concesionario, así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

A su vez, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) propondrá a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas que se causen con motivo de la prestación de los servicios, así como de los subsidios que se otorgarán, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Operadores Municipales podrán proponer a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas, efectuar su cobro en los términos de esta ley y, en su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios públicos.

La legisladora detalló que el Consejo tendrá la atribución de aprobar y establecer anualmente las cuotas fijas y las tarifas conforme a lo establecido en esta Ley. Con los concesionarios, aprobará las cuotas fijas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo.

Las tarifas fijas –aclaró Ivonne Trujillo- deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.

Además, corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador establecer las reglas para el otorgamiento de las tarifas preferenciales y de los subsidios, la forma de acreditación y la condición de que por ningún motivo se extenderá el beneficio del subsidio a más de un inmueble por persona.

Finamente, el Sistema Veracruzano del Agua vigilará la correcta aplicación de las metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer observaciones a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua Potable y Saneamiento y De Gobernación para el trámite correspondiente.