En memoria del diputado Juan Carlos Molina Palacios, las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz llevaron a cabo una sesión solemne en la que los Grupos Legislativos, de este Congreso del Estado, reafirmaron su exigencia de que las autoridades competentes den con los responsables de este crimen y los lleven ante la justicia para que sean castigados.

Del mismo modo, las diputadas y diputados que subieron a tribuna en nombre de su Grupo Legislativo coincidieron en la calidez humana, sinceridad, lealtad a sus convicciones, trabajo y compromiso con Veracruz del diputado Juan Carlos Molina.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria del diputado Molina Palacios y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el legislador José Magdaleno Rosales Torres exigió el esclarecimiento inmediato de este crimen. Asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) considerar todas las líneas de investigación y que lo más pronto posible sean capturados los autores intelectuales y materiales y ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador Rosales Torres subrayó que para las y los diputados de Morena representa un enorme dolor la partida física de un hombre orgulloso de sus orígenes, sencillo en su trato y de genuinos sentimientos, quien en todo proyecto que emprendía aplicaba amplia visión, compromiso y esfuerzo sin ceder.

“Juan Carlos nos deja un claro ejemplo del respeto que debe otorgársele a esta Tribuna, la más alta de Veracruz. Cada vez que aquí se pronunció, sabía hacerlo con altura y pasión para defender los legítimos intereses de los sectores agrícola y ganadero que tanto conoció y por los cuales, en reiteradas veces, resultó premiado a nivel nacional e internacional”, detalló.

Puntualizó que en memoria del diputado Molina Palacios se impulsarán los trabajos que quedaron truncados, “vamos a refrendar nuestro compromiso con el campo para que recupere la grandeza por la que tanto luchó, así lo haremos”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN]), el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal se sumó a las muestras de solidaridad hacia la familia del legislador

Molina Palacios e igualmente solicitó que la FGE esclarezca este crimen, “tengan la seguridad que la partida de Juan Carlos no será en vano, no vamos a descansar hasta hacer que las autoridades hagan su trabajo y logren dar con los responsables de este miserable acto”, añadió.

Tras citar frases de una canción, el diputado De Unánue Abascal dijo que la frase de la canción “cuando un amigo se va” es porque precisamente por la ausencia del legislador Juan Carlos Molina, “hoy compañeros, hay un Diputado menos, un Diputado que no decidió por voluntad propia retirarse, que no renunció a su labor, sino que de forma violenta le impidieron continuar con su vocación de servicio, dando voz a quien trabaja el campo veracruzano”.

La diputada Erika Ayala Ríos manifestó el pronunciamiento del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), recordó a Molina Palacios como “un hombre alegre, generoso, inteligente, emprendedor y solidario, atributos que le reconocimos en vida y que ahora reafirmamos”.

Su asesinato “nos lastima y mucho. No puede quedar impune, no puede servir sólo para aumentar las estadísticas de la violencia que se vive desde hace tiempo en Veracruz”. Evocó a su compañero como “portavoz de los ganaderos y los campesinos, entre otros sectores productivos, y siempre puso en alto el nombre de Veracruz”.

La legisladora dijo que en la responsabilidad y compromiso de garantizar el derecho a la vida en Veracruz, “no caben mezquindades políticas ni pretender sacar provecho partidista de un tema que lastima sensiblemente a la sociedad. No hagamos de esto un tema que dañe más de lo que ya duele”.

Aseguró que “los poderes del Estado trabajaremos en corresponsabilidad, con voluntad política y espíritu de servicio y velaremos por los intereses superiores del pueblo veracruzano. Como nos lo recordaba Juan Carlos Molina: Trabajemos por un mejor Veracruz”.

En nombre del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), el diputado Alexis Sánchez García dirigió sus palabras primeramente a la familia del extinto legislador, a quienes expresó condolencias.

“¿Cuándo tendremos la respuesta a la tan anhelada paz social que demandamos todos los veracruzanos? Que este infame asesinato no quede en palabras, dichos y discursos. Los veracruzanos rechazamos la impunidad, la falta de oficio, la displicencia, la opacidad”, subrayó.

Y se unió al reclamo de las y los legisladores para que el homicidio del representante popular se esclarezca y los demás crímenes que “han sacudido la paz de nuestro estado”. “Es necesario que como legisladores y gobierno, sigamos combatiendo el crimen, la corrupción, la desigualdad social y la pobreza, manteniendo instituciones sólidas, políticas públicas acordes con los tiempos que enfrentamos”.

La diputada Florencia Martínez Rivera lamentó la muerte del legislador Molina Palacios y señaló que la mejor manera de honrar su memoria es seguir luchando para que, en cada acción, se aporte algo a Veracruz.

Acto seguido, recordó el trabajo, entrega y humanismo de Molina Palacios, “nos enseñaste que la disposición de luchar en política no está reservada para unos pocos, sino que está abierta para los que venimos de abajo y queremos el progreso de la tierra y nuestra gente”.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), presentó una iniciativa de reforma a los artículos 90 y 91 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, cuyo propósito es otorgar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, la garantía de recibir los cuidados médicos adecuados hasta la conclusión del puerperio y, de ser posible, concluir el ciclo escolar que cursen.

Al exponer su iniciativa, durante la segunda sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada Trujillo Ortiz dijo que el espíritu de esta propuesta dista mucho de alentar la existencia de casos que originan la problemática existente, como lo es el embarazo adolescente.

Por el contrario –agregó- se trata de contar con las herramientas normativas para dotar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas de mejores condiciones de vida en general, que se traduzcan inicialmente en la facilitación de las condiciones académicas o escolares que promuevan su permanencia en el nivel escolar y coadyuven en consecuencia a lograr la eficiencia terminal de los estudios que actualmente estén cursando.

De esta manera, plantea que las autoridades educativas deberán establecer, en el ámbito de su competencia, mecanismos normativos, de operación, becas y demás apoyos en beneficio de niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, los cuales les proporcionen las facilidades necesarias para que acudan a recibir los cuidados médicos que les correspondan, hasta la conclusión del puerperio.

Además que le sea permitido concluir el ciclo escolar que cursen, o bien, puedan permanecer o reingresar a la institución educativa de que se trate. Las universidades y demás instituciones de educación superior, deberán otorgar a las estudiantes embarazadas las facilidades referidas.

La también presidente de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género subrayó que el embarazo en niñas y adolescentes es la cuarta causa de deserción escolar. “Por ello debemos buscar garantizar el respeto a los derechos humanos, a la libertad y al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, detalló.

En tribuna, refirió que la fecundidad entre niñas y adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas y de acceso a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. “Desafortunadamente, la mayoría de los embarazos entre niñas y adolescentes son no deseados, algunos ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras”, indicó.

Destacó que las estudiantes embarazadas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Ejemplificó que en ocasiones, estas jóvenes se enfrentan a la discriminación en sus familias, comunidades y escuelas. “Esto no sólo aísla a la joven madre sino que coloca en riesgo su desarrollo personal, académico y profesional”.

Aseguró que reformas de este tipo tienen el carácter de acciones afirmativas, mismas que buscan materializar la equidad de género, proporcionando un avance significativo en cuanto a las condiciones de las jóvenes embarazadas o madres jóvenes se refiere.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos propuso reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y al Código Penal, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de inhibir la comisión de delitos relacionados con la lotificación o fraccionamiento de terrenos y su posterior venta, mediante la actualización de multas y denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia puso a consideración del Pleno estas adecuaciones para que así se establezca que la multa a que se refiere la fracción II del artículo 96 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda tenga como base las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y no el salario mínimo, como está vigente.

Así también, que se eleve el monto de la multa que la misma fracción II prevé, de “quinientas hasta cinco mil UMAS” a “quinientas hasta diez mil UMAS”, vigentes al momento de dictarse resolución definitiva en contra del o los infractores, con la finalidad de inhibir la comisión de infracciones a la Ley.

La iniciativa contempla además adicionar un tercero y cuarto párrafo al mismo artículo, para que se establezca de manera expresa que, cuando alguna autoridad estatal o municipal tenga conocimiento de alguna lotificación o fraccionamiento indebido o de una venta o promesa de venta indebida, interponga obligatoriamente y de inmediato la denuncia penal correspondiente ante la FGE y que el perdón judicial que se otorgue a los probables infractores proceda sólo por una vez.

De acuerdo con esto, las sanciones por transgredir las disposiciones de dicha Ley o su Reglamento podrán consistir en la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, obras y servicios; multa de quinientas hasta diez mil UMAs vigentes al momento de dictarse resolución definitiva en contra del o los infractores; demolición o retiro, a costa del infractor, de las construcciones o instalaciones efectuadas; intervención administrativa de la empresa y revocación de las autorizaciones, concesiones, permisos o licencias otorgadas.

Además, podrá imponerse al infractor sanciones y aplicar simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, independientemente de las sanciones penales a las que se haga acreedor.

Vargas Barrientos propuso también reformar el artículo 351 del Código Penal, para que el perdón judicial que se otorgue a favor de los probables responsables de los delitos de fraccionamiento indebido o promesa de venta indebida únicamente proceda por una sola vez y, por lo tanto, de haberse iniciado una segunda o más carpetas de investigación, causa penal o de dictarse una sentencia condenatoria en contra del mismo o mismos individuos, ya no procederá un segundo perdón.

En efecto, los delitos referidos se perseguirán por querella del particular afectado o de la autoridad facultada para conceder el permiso o la licencia correspondiente, quienes podrán otorgar el perdón judicial por una sola vez, cuando el infractor satisfaga los requisitos de la ley aplicable y sus reglamentos, acredite la reparación de los daños que pudiera haber causado y pague las multas que se le impongan.

La Iniciativa de Decreto fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y a la de Justicia y Puntos Constitucionales.