La senadora María Soledad Luévano Cantú, de Morena, propuso modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal para sustituir la Constancia de No Antecedentes Penales por una Constancia de No Existencia de Orden de Aprehensión Vigente, porque la primera es un certificado que vulnera los derechos laborales, discrimina y trunca las posibilidades de los sentenciados a una segunda oportunidad de reintegrarse a la sociedad a través del trabajo, educación, deporte y las artes.

Se establece que salvo casos en que el solicitante tenga antecedentes de haber cometido un delito sexual, en cuyo caso, ademas de certificar la no existencia de orden de aprehensión, se informará sobre los antecedentes penales del solicitante. Esto cuando el solicitante busque ingresar a instituciónes de seguridad pública o privada, así como para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o cuando la solicite a cualquier empleador.

Con ese propósito la legisladora zacatecana presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 27 fracción IV de la referida legislación.

La presidenta de la Comisión de Administración argumentó que para que se cumplan los fines del Sistema de Readaptación Social, la sociedad y el Estado deben ofrecer facilidades mínimas a quienes fueron sentenciados para que, al cumplir su condena, puedan reintegrarse a la sociedad y ser productivos.

“La solicitud de la Carta o Constancia de No Antecedentes Penales para acceder a un empleo, es un certificado que vulnera los derechos de las personas, pues conlleva un proceso de discriminación laboral para quienes tienen antecedentes penales, además de vulnerar el derecho a la reinserción social armónica y efectiva”, señaló.

Aseguró que en nuestro país existen habitualmente este tipo de prácticas de exclusión y discriminación, al solicitar al aspirante a un empleo carta de antecedentes no penales y al momento de mostrarla y ver que efectivamente tiene un historial delictivo, se le niega en automático el empleo.

Afirmó que esta práctica es contradictoria con el principio de no discriminación, mencionado en el artículo primero de la Constitución Política, porque no solo afecta al egresado de prisión, sino también a sus familiares directos o indirectos al momento de acceder a algún derecho. Esto resulta violatorio de derechos ya que este problema se tranforma en una pena transcendental.

“El deber del Estado no termina con el solo hecho de liberar al recluso. Se debe disponer de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al individuo puesto en libertad una ayuda eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y asi poder readaptarse sanamente a la comunidad”, dijo al recordar la regla 90 de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos de 2015, conocidas como “reglas Mándela”.

Esta situación, subrayó, se ha convertido en un estigma institucionalizado, ya que la autoridad es quien fomenta esta práctica, debido a que quien se encuentra en este supuesto lleva consigo una marca o una huella de por vida, pues tal parece que el ex reo que ya fue sentenciado y ya cumplió una pena, continúa con un castigo.

Por estas razones, indicó la senadora Luévano Cantú, es necesario que esta práctica administrativa termine, ya que solo quien debe tener acceso a esa información en caso de tener antecedentes penales, son las instancias de Seguridad Publica y los órganos jurisdiccionales.

La economía mexicana está mejor que hace un año y en 2020
habrá empleo y crecimiento en este país, dijo este domingo el senador Ricardo
Monreal, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que llevó al
poder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que los indicadores de la economía, como tipo de
cambio, inflación, tasa de interés y salario mínimo, así lo demuestran.

“Sin excesos ni festejos, pero los indicadores fundamentales
de la economía están mejor hoy que hace un año: tasas de interés, tipo de
cambio, inflación, salario mínimo, déficit público, endeudamiento y riesgo
país”, apuntó Monreal en un mensaje en Twitter.

“La 4T (cuarta transformación del país como la llama López
Obrador) está lista para dar a México crecimiento y empleo en 2020”, añadió
Monreal, quien también se desempeña como coordinador de la Junta de
Coordinación Política del Senado.

En México, en noviembre la inflación se ubicó en 2.97 por
ciento, mientras que la tasa de interés de referencia del Banco de México se
ubica actualmente en 7.25 por ciento tras un cuarta baja consecutiva.

En tanto, el tipo de cambio peso-dólar cerró el pasado
viernes en 18,84 por unidad, mientras que el salario mínimo subirá 20 por
ciento a partir del 1 de enero de 2020 y será de 123,22 pesos (unos 6,5
dólares) al día.

Por su parte, la diputada de Morena Dolores Padierna afirmó
que luego de múltiples acciones que se han realizado a lo largo del primer año
de la actual administración en 2020 y 2021 se verán los primeros resultados en
materia de seguridad, energía y salud.

Mediante un comunicado, Padierna señaló que, si bien en
áreas como el combate a la corrupción “se observan avances sustantivos e
inmediatos, respecto de las apuestas institucionales, los primeros resultados
se verán los próximos años”.

Sostuvo que los primeros años de cada Gobierno “son un
momento clave”, pues se trata del periodo en el que se erigen los cimientos
institucionales que darán forma a la nueva vida pública del país.

En contraparte, el presidente del conservador Partido Acción
Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que reactivar la economía será el tema
prioritario del próximo año para la Administración de López Obrador, quien
llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

“Esperamos que después de un año de Gobierno, reconozcan sus
errores y hagan los cambios necesarios que permitan parar la caída económica
que vivimos en el 2019”, apuntó Cortés, líder del principal partido opositor en
México, en una nota distribuida a medios.