El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que no existe ninguna orden por
parte del Gobierno de México para incrementar los costos en los servicios
médicos a personas que no están aseguradas y que se atendían con el
desaparecido Seguro Popular.

«No existe indicación para que los institutos
nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad incrementen sus
cuotas de recuperación»

El funcionario de Salud, entrevistrado en Palacio Nacional,
detalló que con el arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
no se incrementaron las cuotas en los servicios que se dan a pacientes sin
ningún tipo de seguridad social.

«No existe indicación para que los institutos
nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad incrementen sus
cuotas de recuperación. En este momento se rigen por la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud y en la misma se contemplan cuotas de recuperación, esto no
es nuevo, esto siempre ha sido siempre así, pero para este año no está
autorizado aumento alguno».

«En 2020 las cuotas de recuperación para los institutos
nacionales de salud deben de ser las mismas que en 2019 y que en todos los años
previos, tiene más de 12 o 15 años que se cobran cuotas de recuperación»,
indicó López-Gatell.

Indicó que el Gobierno de México tiene un plan a mediano
plazo para que toda la atención médica sea sin costo para el paciente o su
familia que solicita los servicios, pero explicó que se requieren de dos
elementos.

«Se necesitan dos cosas: que exista una modificación de
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la otra, es un proceso que
planeamos desde 2019 y ya está en curso en sus distintas fases, que es una
transferencia de financiamiento para que estos institutos puedan tener
solvencia en el día a día y puedan cubrir las necesidades», afirmó.

El subsecretario afirmó que existe una confusión en las
oficinas administrativas de hospitales e institutos que estaban acostumbrados
al modelo del Seguro Popular, al mismo tiempo que se registra una resistencia
de grupos de interés.

«No existen complicaciones, lo que existe es una enorme
resistencia de grupos de interés como lo ha señalado el Presidente, lo que
vemos en el campo de salud es que existen muchos grupos de interés económicos y
también de control político sobre los distintos recursos del sector salud,
contratos de obra, adquisiciones de insumos o equipamiento».

«Durante 2019, uno de nuestros trabajos más intensos en
colaboración con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público fue lograr que existiera disciplina en el ejercicio del gasto público
en la medida que se hicieran compras consolidadas. Sí es viable garantizar la
salud a todos los mexicanos, porque se combate a la corrupción», afirmó
López-Gatell.

La Secretaría de Salud federal denunció que la falta de
medicamentos contra el cáncer en algunos hospitales se debe al chantaje de la
empresa PiSA, encargada de su producción.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, detalló que la compañía no distribuye el Metotrexato para
perjudicar al Gobierno Federal, dado que lo culpa de que algunas de sus plantas
de producción fueran sancionadas por la Cofepris.

De acuerdo con el subsecretario López-Gatell, la compañía
PiSA se niega a hacer modificaciones en las plantas de producción sancionadas,
conducta de la que ya tienen conocimiento los entes fiscalizadores, pues
aseguró, no se permitirá que amague al sector público.

Aunque en México existen varias empresas que pueden surtir
los medicamentos contra el cáncer, solo PiSA puede fabricarlos, por lo que
abarca todo el mercado.

Organizaciones de la sociedad civil manifestaron este lunes
que hay falta de tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH/Sida en
instituciones públicas de todo México.

En un comunicado, 37 organizaciones criticaron que las
autoridades de salud en México hayan intentado justificar el desabastecimiento,
pues cualquiera que sea el origen de esta problemática ha puesto en peligro la
salud y la vida de las personas con VIH y con sida al dejar de recibir sus
medicamentos de manera continua e ininterrumpida.

El posicionamiento está dirigido a la Secretaría de Salud,
al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y a Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos.

Señalaron que, a pesar de que diversas instituciones han
garantizado la entrega de dichos medicamentos, “esta no es un realidad”.

Indicaron que han podido documentar el desabastecimiento,
por lo cual han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).

Explicaron que la falta de entrega oportuna de medicamentos
antirretrovirales es “altamente perjudicial debido a que al suspender la
medicación se duplica el riesgo de progresión de la infección causada por el
VIH”.

Dijeron además que esto aumenta la posibilidad de que el
virus sufra mutación, se produzca un VIH resistente a los medicamentos, que
pueda haber falla virológica y se desarrolle el sida“.

Todo ello “provocando detrimento a la salud y poniendo en
riesgo la vida de las personas con VIH o con sida”.

Además, dijeron, los cambios de esquemas de
antirretrovirales deben obedecer a fallas terapéuticas o alguna mejora para los
pacientes, derivados de la optimización del tratamiento y “no a la
disponibilidad de lo comprado o distribuido por el gobierno federal“.

Señalaron que, debido al desabastecimiento, se han generado
diversos cambios en los esquemas de antirretrovirales, pero aunque estos
resulten ser benéficos clínicamente, “deben ir acompañados de información
científica”.

Aseguraron que la Red Mexicana “es respetuosa de los
procedimientos administrativos en la adquisición de bienes y servicios” y que
están en contra de la “corrupción en cualquier área”.

Sin embargo, aseveraron, “ello no justifica -en ningún caso-
la suspensión o incumplimiento de las obligaciones federales hacia las personas
con VIH o con Sida”.

Reiteraron que la no compra o distribución en tiempo y forma
de medicamentos antirretrovirales “implica una violación de los derechos
humanos”.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos se ha
agudizado en los últimos meses debido a los recortes presupuestarios y a los
cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de López
Obrador, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre.

Sin embargo, entes como el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) han asegurado que en sus hospitales el abasto
de medicamentos sigue siendo suficiente.