A fin de homologar la legislación estatal con la federal en materia de prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para que la violencia digital sea incluida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV) dio a conocer al Pleno la Iniciativa de Decreto que modifica la fracción VII, recorriéndose a la subsecuente fracción VIII que se adiciona al artículo 7 de la referida ley.

Dicho artículo, refirió la legisladora, enlista seis tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, así como “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.

Sin embargo, dijo que también debe considerarse que los usuarios de las nuevas tecnologías aumentan constantemente y que las mujeres “nos encontramos mayormente expuestas a que se realice violencia online y otros delitos como la extorsión, el acoso sexual, la explotación sexual, pornografía, trata de mujeres y niñas, la intimidación y la violación a la privacidad, ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y las niñas, así como de otros sectores de la población, como son las jóvenes quienes mayormente utilizan estos medios informáticos, lo que resulta ser un hecho sumamente grave y el Estado debe evitar por todos los medios posibles impedir la difusión de estas acciones perjudiciales para las niñas y mujeres de toda la entidad”.

De esto deriva que “el reconocimiento de la existencia de la violencia digital es útil para que las mujeres y niñas tengan garantizado su derecho a vivir en un espacio libre de violencia, con el que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.

La Secretaria Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia explicó también que la homologación de la ley estatal con la federal contempla visibilizar, prevenir y sancionar la violencia en línea, en la que se explican tres perspectivas principales: la víctima, la digital y de género.

En la fracción que se propone, la violencia digital es definida como “cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas”.

A la moción de la diputada Montserrat Ortega se adhirieron los grupos legislativos de Morena, mixto PRI-PVEM y mixto Del Lado Correcto de la Historia y, a título personal, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 17 de diciembre de 2019 por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliando el concepto de violencia política por razón de género para reconocer que la padecen también las mujeres que ejercen un cargo de elección popular o en el desempeño de un cargo público, por su única condición de ser mujer.

Este dictamen, aprobado con 45 votos, señala en el artículo 13 ter que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Por tanto, están obligados a abstenerse de: imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres y asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo.

Además de restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación aplicable, e imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

También deberán abstenerse de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas, que ocupen puestos administrativos o directivos, en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En las consideraciones del dictamen, la Comisión coincide con la autora, en el sentido que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual y puede llegar al feminicidio político. Puede ser perpetrada por conocidos y/o por desconocidos, por hombres y también por mujeres; va dirigida contra precandidatas, candidatas, candidatas electas, e incluso políticas en ejercicio de su cargo; y no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo.

Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.