El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone que las y los legisladores, federales y locales, no sean reelectos para el periodo inmediato posterior, y después de ese periodo, puedan ser electos sólo para un periodo más.

El legislador del distrito XIX de Córdoba, dijo que la reforma también aplicaría para las y los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, no siendo violatoria de los derechos políticos, toda vez que no tendrán prohibido presentarse para cualquier otro cargo de elección popular.

“Poner límites a un derecho, no es negarlo y la Constitución no puede ser inconstitucional, por lo que el derecho a votar y ser votado en las elecciones se mantiene intacto”, abundó.

El legislador señaló que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de la apreciación de la ciudadanía respecto al principio de no reelección, siendo una de las instituciones más arraigadas en la cultura política popular del Siglo XX.

“Tener el valor de apoyar una iniciativa implica coherencia con la autoproclamada adherencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al pensamiento de Francisco I. Madero. Coherencia para quienes son oposición, que han cuestionado el apego de la Cuarta Transformación con los principios no reeleccionistas”, finalizó.

La iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Érika Ayala Ríos, del Grupo Legislativo PRI-PVEM, presentó una iniciativa de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal para el Estado de Veracruz, la cual propone un aumento a las penas de prisión en los delitos de acoso y hostigamiento sexual.

Asimismo, plantea incluir como una agravante de las sanciones privativas de libertad, los delitos que se cometan en contra de personas que no tengan capacidad para comprender el significado de los mismos, a fin de garantizar su mayor protección, reforzar la prevención y propiciar la inhibición de los delitos mediante sanciones más severas, en ruta de la erradicación.

En su exposición de motivos, la legisladora abundó que para el delito de acoso sexual, en su modalidad genérica, se propone incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión y para cuando existan agravantes de dos a ocho años.

Del mismo modo, continuó Ayala Ríos, para el caso de hostigamiento sexual la pena en su modalidad genérica, el incremento estaría a razón de dos a cinco años de prisión, en tanto que para el delito agravado sea de tres a ocho años, con lo que se elevaría en un año, la pena mínima que actualmente tiene.

Asimismo puntualizó que, tanto en acoso como en hostigamiento sexual, la única condición que hace posible incrementar las sanciones privativas de libertad es cuando los delitos son agravados y no genéricos, es decir, que la víctima sea menor de 18 años o que la víctima no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Por lo anterior, añadió, “dado el interés de salvaguardar los derechos humanos de las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho de que se actualizan las conductas típicas de acoso sexual y hostigamiento sexual, estimamos necesario incorporar esa circunstancia como agravante de la pena en ambos delitos”, persiguiéndose de oficio y no por querella.

Señaló que esta iniciativa tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Por lo anterior, indicó, hay una enorme preocupación por parte de las y los legisladores para generar marcos legales más igualitarios y justos garantizando la prevención, sanción y erradicación de las violencias de género que representan la trasgresión a la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en una incuestionable violación a sus derechos humanos.

“Estamos conscientes de que el incremento de penas no lleva implícita la erradicación de conductas lesivas a los bienes jurídicos tutelados en la ley penal, pero igualmente estamos convencidos de que cualquier esfuerzo que se haga por prevenir, promover, hacer respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, puede contribuir a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas”, finalizó.

A la presente iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos Mixto de Acción Nacional Veracruz (ANV), Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena, MC-PRD y -a título personal- la diputada Andrea Yunes Yunes. Fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Este 29 de enero, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura recibió, de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la nueva valoración a las Cuentas Públicas 2018, en cumplimiento del resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por esta Soberanía el 31 de octubre de 2019.

Correspondió al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la referida Comisión, recibir este Informe y, a su vez, señaló que la LXV Legislatura, por primera vez en la historia, decidió rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, “debido a las inconsistencias encontradas”, agregó.

El legislador agradeció a la Auditora General cumplir el decreto y entregar, en el plazo de los 90 días, esta nueva valoración. “A partir de este momento, la Comisión de Vigilancia dictaminará y someterá al Pleno del Congreso, para su discusión y aprobación, el resultado final de las Cuentas Públicas 2018”.

Asimismo, externó su reconocimiento a las diputadas y diputados de los distintos grupos legislativos su compromiso e interés en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Por ende, informó que, a partir de este día, dicha información es totalmente pública y, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en el portal de internet del Orfis para consulta de la sociedad veracruzana.

Tras realizar un recuento de las acciones efectuadas en esta nueva valoración, la auditoria Delia González dijo que en México y especialmente en Veracruz ha iniciado una transformación, a fin de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sea una realidad, “donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con la impunidad que tanto daño ha generado al país”.

Subrayó que la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 tuvo su origen en la determinación del Congreso del Estado de no aprobarla, al considerar que no existían elementos suficientes que dieran certeza, teniendo como consecuencia que se rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había presentado el 25 de septiembre de 2019.

También refirió que este hecho implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a cabo la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que el plazo improrrogable otorgado para efectuar esta importante labor fue un reto. “Se recurrió al propio capital humano del ente fiscalizador, servidores públicos a los que quiero agradecer y reconocer el gran esfuerzo y profesionalismo con el que se condujeron aportando su experiencia y dedicación”.

Manifestó que esperarán la determinación del Pleno de la LXV Legislatura para continuar el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que nuevamente representará un importante compromiso pues el proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el Orfis cumplirá en términos de ley”.

A este acto asistieron las diputadas y diputados Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión de Vigilancia, así como Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Érika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Alexis Sánchez García, Rodrigo García Escalante y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, como vocales.

Cabe señalar que, al recibir esta nueva valoración y con fundamento en el resolutivo segundo del Decreto 295, la Comisión de Vigilancia tiene 15 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma a la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 77 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, con lo que queda establecida la prohibición de instalar, en la vía pública, boyas, topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso de la autoridad competente, así como colocar publicidad o fijar objetos para apartar áreas de estacionamiento o invadir la arteria vial o banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, comercios u oficinas.

Este dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el 31 de julio de 2019 por el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, registró 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Asimismo, se establece en la ley que los conductores tendrán la obligación de no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir las áreas de rodamiento o las zonas reservadas para el paso peatonal o las entradas y salidas de cocheras.

La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, instancia dictaminadora, señala en el dictamen su coincidencia con el autor de la propuesta, ya que se busca que los peatones y automovilistas puedan convivir y para ello es necesario normas que armonicen los derechos y libertades comunes de todos.

Refiere que el problema se presenta cuando los propietarios de vehículos invaden las áreas exclusivas de peatones u obstruyen las salidas de cocheras de las viviendas o comercios y, a su vez, las personas invaden las áreas destinadas para el libre tránsito vehicular o el espacio permitido para el estacionamiento público.

Siendo común –expone- el apartado de lugares para estacionamiento con diversos objetos o también, se opta por la colocación de anuncios afuera de comercios o incluso se colocan rocas u objetos fijos a las afueras de viviendas sin el permiso de la autoridad correspondiente.