La bancada de Morena propuso una reforma constitucional para
garantizar el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio sin
discriminación alguna, es decir entre personas del mismo sexo, con un régimen
transitorio que obligará a todas las entidades a adecuar sus legislaciones en
tres meses.

La propuesta presentada través de la diputada morenista
Reyna Celeste Ascencio Ortega establece que a diferencia de muchas otras
iniciativas, de aprobarse ésta se obligaría a generalizar la decisión en todo
el país y cobrarían vigencia las uniones que ya se hayan celebrado antes de la
entrada en vigor de estas enmiendas.

Expresamente se señala que, a partir de la entrada en vigor
de la reforma, las disposiciones federales y/o locales que limiten el derecho
de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias
sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana no
serán aplicables en perjuicio de persona alguna.

También se establece que no serán aplicables las
disposiciones que restrinjan o anulen el ejercicio de algún derecho como
cónyuge de un matrimonio que se haya celebrado entre personas del mismo sexo.

La propuesta de reforma a la Constitución modifica el
artículo 4o. que indica que «la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia» y se agrega
que «toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer libremente
matrimonio, sin discriminación alguna».

Se plantea un régimen transitorio en el que se obligaría a
esos cambios en todo el país, por lo que se establece que el Congreso de la
Unión y las legislaturas locales «deberán adecuar la legislación
correspondiente conforme lo previsto en este decreto, dentro de los tres meses
siguientes a su entrada en vigor».

En tanto, en un tercer transitorio se establece que a partir
de la entrada en vigor del decreto, las disposiciones federales o locales que
limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de
género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana «no serán aplicables en perjuicio de persona alguna».

Las uniones civiles entre personas del mismo sexo que no
tengan el carácter de matrimonio, cualquiera que sea su denominación y régimen
legal, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del
decreto, «tendrán el carácter, derechos y obligaciones de un matrimonio
desde la fecha en que tales actos jurídicos fueron celebrados y gozarán de
plena validez en toda la República», indica la propuesta.