El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario
Delgado, presentó una iniciativa para agregar la extorsión en el catálogo de
los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y que regula el
artículo 19 de la Constitución.

«El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente,
en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión,
trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de
sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad, y de la salud», describe la modificación
planteada.

En su exposición de motivos, Mario Delgado dijo que si bien
la extorsión no genera un daño a la vida o integridad física de las personas,
en función de la muy alta incidencia de ese delito en nuestro país y de los
cuantiosos daños que genera al patrimonio y a la integridad de las y los
mexicanos, «creemos que debe ser considerado como un delito de alto
impacto social, por lo que se propone a esta honorable Cámara de Diputados
dotar a la autoridad investigadora de un instrumento adicional para el combate
y erradicación de la extorsión, por medio de la prisión preventiva
oficiosa».

«Esta medida contribuirá a limitar los casos de
impunidad por la comisión del delito de extorsión. Por supuesto, reiteramos que
no lo hará por sí misma, sino que debe formar parte de la renovación del
esquema de persecución del delito e impartición de justicia en materia penal,
que está en curso por la vía legislativa y también administrativa, tras la
constitución de la Fiscalía General de la República», agrega Mario
Delgado.