El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó ante el pleno un Anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realicen y presenten los protocolos
de actuación para la prevención de la delincuencia por los efectos de la pandemia por el
virus COVID-19.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realicen y presenten los protocolos
de actuación para la prevención de la delincuencia por los efectos de la pandemia por el
virus COVID-19.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que uno de los mayores impactos negativos ocasionados por la pandemia es el económico, derivado de la pérdida de empleos,
traduciéndose en México y en Veracruz en un aumento en la inseguridad.
traduciéndose en México y en Veracruz en un aumento en la inseguridad.
En el mes de junio, con la entrada de la “nueva normalidad”, puntualizó el legislador, se
observó un aumento en la incidencia delictiva del 25% con relación al mes de mayo.
“Debemos apuntar que sin seguridad, las demás funciones del Estado se ven mermadas,
pues debemos entender que la seguridad provista por el Estado es indispensable para la
permanencia y subsistencia de éste, derivando directamente en la gobernabilidad o no del
mismo”, enfatizó Miranda Romero.
observó un aumento en la incidencia delictiva del 25% con relación al mes de mayo.
“Debemos apuntar que sin seguridad, las demás funciones del Estado se ven mermadas,
pues debemos entender que la seguridad provista por el Estado es indispensable para la
permanencia y subsistencia de éste, derivando directamente en la gobernabilidad o no del
mismo”, enfatizó Miranda Romero.
Finalmente, agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de
coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de
justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.
coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de
justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.
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