A pesar de que el Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, ha mantenido un constante discurso de que su administración está
enfocada en erradicar la corrupción y que su compromiso al respecto es
“creíble”, las medidas que ha implementado han resultado deficientes y no lo
suficientemente transparentes, coincidieron expertos que participaron en el
panel “Integridad pública: percepción y resultados en el combate a la
corrupción”, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La investigadora del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), Alexandra Zapata, observó que los recortes
presupuestales implementados por el Gobierno Federal no son, contrario a como
lo sostiene López Obrador, una manera efectiva de combatir la corrupción.

“Recortar presupuestos públicos no garantiza el ejercicio
efectivo de los recursos. Cortar sueldos de funcionarios públicos no garantiza
servidores públicos honestos. La austeridad es una política anticorrupción que
garantice que los recursos se utilicen de mejor manera”, afirmó la
investigadora.

Zapata coincidió con el periodista Salvador Camarena en que
también se requiere una mayor transparencia en las acciones que López Obrador
realiza contra la corrupción. Camarena puso como ejemplo un dato proporcionado
por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría
de la Función Pública, Jesús Robles Maloof (quien también participó en el
panel), el cual aseguró que se está investigando a 50 redes de corrupción
relacionadas con el Huachicol. El periodista reclamó que no se tiene ningún
tipo de detalle sobre estas redes.

“¿Cuándo una rueda de prensa sobre estas 50 redes? Se
necesita una política de comunicación de López Obrador es una donde los
funcionarios informen de las cosas (…), pero si hay protagonismo y no procesos
específicos de cara a la sociedad, no están pidiendo un acto de fe, no nos
están rindiendo cuentas”, refirió Camarena.

Los expertos de la mesa también coincidieron en que el
Gobierno Federal debe recordar que sus políticas anticorrupción deben integrar
también la participación de los gobiernos estatales y municipales, puesto que
son estos los que interactúan directamente con la población y, por ende, los
que afectan más a los mexicanos cuando hay actos de corrupción en su interior.