La irrupción de delincuencia organizada que busca el control
del corredor que conecta la Tierra Caliente del estado de Guerrero con la Costa
Grande ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y la organización
de grupos de autodefensa.

«Nos llegó una orden que nos daban una hora para que
saliéramos. Nos mandaron a decir con un chamaco»

Los enfrentamientos registrados en el municipio de Coyuca de
Catalán hace unos tres meses encendieron los focos de alerta en Zirándaro; sin
embargo, no fue hasta el pasado 10 de noviembre cuando enfrentamientos por el
territorio obligaron al desplazamiento y organización armada de los habitantes.

Algunos han sido obligados a salir por los grupos que se
buscan adueñar de las tierras.

«Nos llegó una orden que nos daban una hora para que
saliéramos. Nos mandaron a decir con un chamaco», detalló a Efe una
habitante de la comunidad El Limoncito que ahora se refugia en Guayameo.

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De acuerdo con su testimonio, tuvieron que salir la noche
del pasado domingo a oscuras porque la orden indicaba que no querían luces.
Dijo que ese pueblo quedó vacío.

Un grupo de mujeres desplazadas contó que decidieron salir
de sus comunidades porque los grupos de la delincuencia organizada se llevan a
los jóvenes para sumarlos a sus filas, y ellas no están dispuestas a
permitirlo.

«Llegan y dicen ‘vámonos’, a boca de pistola. ¿Ustedes
creen que estamos a gusto aquí sin dinero para arrancar?»

«Nos venimos porque no queremos que nuestros hijos
anden cuidando, ninguno nos sacó pero queremos a nuestros hijos. Llegan y dicen
‘vámonos’, a boca de pistola. ¿Ustedes creen que estamos a gusto aquí sin
dinero para arrancar?», dijo una afectada, madre de dos jóvenes.

De acuerdo con el comisario de Guayameo, Evodio García, en
ese poblado hay más de 40 familias de hasta ocho integrantes refugiadas,
procedentes de las comunidades Los Alacranes, La Piedra, San Rafael, El
Limoncito, La Barranca, El Guajolote y El Ídolo.

En otras comunidades, los grupos criminales sacaron a los
pobladores de sus viviendas para ocuparlas ellos.

«Mi papá es un anciano y llegaron a su casa, le
pidieron las llaves y lo sacaron, y así a muchas familias», expresó una
mujer habitante de la cabecera municipal, que ahora vive con su padre.

El alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, informó
a Efe que el 10 de noviembre los habitantes reportaron enfrentamientos en las
zonas de Los Guajes, La Cañita, Los Alacranes, El Pino, San Rafael y La Parota
del Cuartel.

«Mi papá es un anciano y llegaron a su casa, le
pidieron las llaves y lo sacaron, y así a muchas familias»

Aseguró que de acuerdo con versiones de los pobladores se
contabilizaron 14 muertos, aunque para las autoridades ministeriales solo fue
uno. También informó que atendieron a diez heridos.

Hasta el viernes se tenían registradas mil 500 personas
desplazadas, la mayoría refugiadas en Guayameo y en la cabecera municipal; otro
tanto permanece en viviendas de familias cercanas.

El alcalde indicó que, más que operativos que por momentos
hay en ese municipio, se deben instalar filtros en los caminos para persuadir a
los grupos y permitir el regreso de los desplazados.

Asimismo confirmó que no hay clases, servicios de salud ni
de transporte público en la sierra.

En Los Alacranes pareciera que el tiempo se detuvo. Decenas
de viviendas están cerradas y solas, con sus mascotas y animales de crianza
abandonados, en espera de que sus dueños vuelvan por ellos y continuar con su
cotidianeidad robada.

En el entronque del camino que va a la comunidad de San
Rafael, un grupo de pobladores con escopetas se organizaron en resistencia para
impedir que los delincuentes adueñen de su patrimonio.

El comisario, quien pidió a Efe permanecer en el anonimato,
informó que la mayor parte de mujeres y niños se fueron, pero los hombres se
resisten.

Detalló que desde hace meses son extorsionados por los
grupos delictivos, pues les cobran 150 pesos de cuota por cada cabeza de ganado
que tienen en sus propias tierras.

También los han obligado a dejar de usar leña para cocinar
para que les compren gas a ellos, y quien no cumple tiene que pagar mil pesos
«de multa».

Al igual que muchos afectados, el comisario hizo un llamado
al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que recorra la zona,
pues insiste en negar que no pasa nada en ese municipio.

Según el alcalde, son células de los cárteles Familia
Michoacana, Nueva Generación, y familias de Coyuca de Catalán quienes quieren
el control del corredor que llega al municipio de Zihuatanejo, en la Costa
Grande.

Hasta el momento, el gobernador del estado de Guerrero ha
negado los hechos y considera que todo está bien en esa localidad.