Una jueza de Control vinculó a proceso a dos colaboradores
de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por la
presunta contratación ilegal de monitoreo y mejora de los comedores
comunitarias en zonas de alta marginación de Estado de México, por una suma de
400 millones de pesos.
De acuerdo con Reforma, la impartidora de justicia Beatriz
Moguel Ancheyta, determinó que existen elementos suficientes para procesar por
el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades a los
exfuncionarios, Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos
Financieros, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo
Comunitario, ambos de Sedesol; además de José Roberto Aguilar Fuentes, abogado
general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
Asimismo, impuso la presentación quincenal ante la
autoridad, la restricción para salir del país y el pago de una garantía de 70
mil pesos a cada uno de ellos, como medidas cautelares.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR)
argumentó que la Sedesol no habría verificado que la UPCH tuviera la capacidad
técnica, material y humana para cumplir con este contrato, mismo que adjudicó
sin licitación.
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