La defensa de Javier Duarte se prepara para solicitar a un
juez que deje sin efectos el proceso que se sigue contra el ex gobernador de
Veracruz por incumplimiento de un deber legal, acusación emitida por la Fiscalía
General de dicha entidad.

«El momento en que Javier Duarte tenía que entregar la
administración no estaba vigente la norma que preveía el acta
entrega-recepción»

Este lunes, Javier Duarte fue vinculado a proceso por un
juez de control de la Ciudad de México por incumplimiento de un deber legal,
delito que según la Fiscalía de Veracruz cometió al no realizar la formal
entrega-recepción de su administración cuando solicitó licencia al cargo, el 12
de octubre de 2016, a su sucesor Flavino Ríos.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Javier Duarte,
explicó a EL UNIVERSAL que dicha acusación no tiene sustento debido a que en la
legislación veracruzana no existe disposición expresa que obligue al gobernador
que pida licencia a realizar una formal entrega-recepción de la administración.

«El momento en que Javier Duarte tenía que entregar la
administración no estaba vigente la norma que preveía el acta
entrega-recepción».

«Inclusive, y salvo error de apreciación mía, al día de
hoy no existe reglamentación aplicable que establezca la obligación de un
gobernador al que se le otorgue licencia para ausentarse de su cargo, de
realizar la entrega-recepción de su administración a la persona que se designe
como gobernador interino», destacó.

Por ello, prevé solicitar al juez que declare sobreseído el
asunto que la Fiscalía de Veracruz tiene contra el ex gobernador.

Asimismo, la defensa del ex mandatario estatal espera que en
los próximos días se fije fecha y hora de audiencia de cumplimiento a un amparo
en el que se defina si Duarte será o no vinculado a proceso por el delito de
peculado.

Dicha conducta también fue imputada por la Fiscalía de
Veracruz, la cual aseguró que el ex gobernador ordenó ilegalmente el desvío de
220 millones de pesos de la Comisión de Aguas de Veracruz para ser depositados
en cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado a
modo de «préstamo», dinero del que actualmente se desconoce su
destino.